Sánchez desata otra alarma en el Banco de España por el salario mínimo

El banco central nacional enciende la alarma ante la nueva subida del salario mínimo interprofesional que plantean Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

El Banco de España ha recomendado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se lo piense mejor antes de volver a subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El candidato a la investidura y su previsible socio de coalición, Pablo Iglesias, han mostrado en sus negociaciones “una buena predisposición” para volver a incrementar el sueldo básico de los trabajadores, esta vez hasta los 1.000 euros, según avanzaron la semana anterior fuentes conocedoras de las reuniones entre el PSOE y Unidas Podemos. Y el banco central nacional ya enciende la alarma.

La subida de este año –de un 22% hasta los 900 euros mensuales– provocó desencuentros entre el Banco de España y el Gobierno. El organismo insistió durante meses en que el incremento salarial a 1,3 millones de trabajadores frenarían la creación de empleo. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, acusó a la entidad de generar “alarma” y exigió que reconociera “su error” por dar “malas noticias”. El Banco de España se ratificó en su posición y respondió al Ejecutivo: “Seguimos pensando que la subida del SMI terminará teniendo un impacto negativo en el empleo”.

La frase la dijo el director general del departamento de economía y estadística del banco, Óscar Arce, mismo que este lunes ha lanzado una nueva advertencia al Gobierno sobre la subida del 11% del SIM que ha planteado para 2020. No obstante, esta vez ha optado por recomendar prudencia y no por pronosticar fatales escenarios en la vida laboral del país. Arce ve “fundamental” que se realice una evaluación a profundidad de cara al nuevo incremento de los sueldos más bajos, de forma que se contemplen también los efectos de la subida ya acometida este año.

Banco de España: “Los datos de empleo han ido a peor”

“No tenemos desde esta institución ninguna visión negativa, ni mucho menos, en contra de que exista un SMI ni de que se actualice para cumplir su función social de manera apropiada”, ha matizado Arce, quien ha subrayado que son “firmes defensores” de la necesidad de hacer evaluaciones del impacto de este tipo de medidas, “sobre todo cuando se hacen en una magnitud tan elevada”. En ese sentido, ha confirmado que el Banco de España realizará un análisis completo del impacto de la subida del SMI de este año cuando tengan todos los datos necesarios.

En todo caso, el organismo sostiene que desde comienzos de 2019 el empleo se ha desacelerado con mayor intensidad que la actividad. Arce ha señalado que se percibe que en las comunidades autónomas y sectores donde la prevalencia del SMI es más amplia “los datos de empleo han ido a peor”, aunque ha matizado que esto no supone que haya “pruebas claras e irrefutables” de que la incidencia del alza salarial sea lo único que esté detrás de la desaceleración del empleo, ya que la evolución “menos positiva” puede deberse a “otros muchos factores”.

“Indicios agregados los puede haber, pero no irrefutables, porque pueden estar contaminados por otras muchas circunstancias”, ha reiterado Arce, insistiendo en que debe hacerse un análisis integral de estas medidas, tanto después de tomarlas como antes de firmarlas. Lo ha manifestado en un contexto en el que se sabe que Sánchez e Iglesias prevén otra subida el año próximo, aunque el Gobierno socialista en funciones aún no se ha decidido por una forma para llevarlo a cabo, dada la incertidumbre alrededor de la formación de un nuevo Ejecutivo.

La semana pasada, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, avanzó que “vamos a dejar pasar un tiempito a ver si termina de ser investido” Sánchez “y hay un Gobierno con plenitud de funciones”, en alusión a las negociaciones con ERC que determinarán si el PSOE permanece en la Moncloa, ahora compartiendo el espacio con ministros de Unidas Podemos. En todo caso, el Ejecutivo baraja la posibilidad de implementar una subida salarial por medio de un real decreto ya sea en enero o en febrero, si aún no hay Gobierno.