Yolanda Díaz propone aunar la Sepi, el ICO, ICEX y Enisa en una Agencia Pública Industrial

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retomado esta semana su propuesta de reformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para desgajarla del Ministerio de Hacienda y, también, restar competencias al Ministerio de Economía y al de Industria, acogiendo bajo su paraguas a otras entidades estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Díaz volvió a plantear una idea que ya incorporó en el programa electoral de las elecciones generales de 2023 y que llevó, incluso, al Congreso, donde fue rechazada tras su debate en la Comisión de Industria de la Cámara baja. Lo hizo durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), cuyo presidente, Fermín Albaladejo, es desde hace unas semanas el nuevo secretario general de Cepyme.

«Soy una firme defensora del acompañamiento y de la búsqueda de herramientas de financiación desde lo público para correr riesgos», defendió la ministra de Trabajo en el auditorio de la sede de la CEOE, una sala llena de empresarios descontentos con su proyecto de reducción de la jornada laboral. «Nuestro país se tiene que modernizar. Tenemos que contar con una agencia pública de inversión industrial«, subrayó.

Esta Agencia Pública «no puede depender, con todo el cariño, del Ministerio de Hacienda», dijo la vicepresidenta, como sucede ahora mismo con la Sepi. «Si hacemos depender la política de innovación y de desarrollo industrial de un país del Ministerio de Hacienda, da igual quien gobierne: no vamos a hacerlo», criticó.

Así, Díaz planteó aunar en un solo organismo, además de la Sepi, otras agencias públicas que sirven para impulsar proyectos de emprendimiento: el ICO o el ICEX, ambas dependientes del Ministerio de Economía; o la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), que cuelga del Ministerio de Industria, son entes que dejarían de estar «dispersos» para incorporarse a este ‘holding’ inversor en manos del Estado.

«Tenemos que hacer un proceso de transformación de la inversión pública para romper con las dependencias de China y de Washington», subrayó la vicepresidenta en plena reconfiguración del espacio geopolítico mundial.

La Sepi ahora mismo tiene participaciones en algunas de las empresas más potentes del país. Cuenta con un 10% en Telefónica y un 20% en Redeia, siendo la accionista principal en ambas, así como acciones en cotizadas como Indra o IAG -Iberia-.

La proposición no de ley en el Congreso se votó en un momento clave, después de la entrada de STC (y, después, de la Sepi) en Telefónica y con el intento del Fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos de hacerse con Naturgy. Así, la propuesta también era que esta compañía pudiera usarse para frenar la toma de estas empresas estratégicas por parte de países extranjeros.

«Acontecimientos como el último intento de inversión en Naturgy por parte de la Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), un fondo soberano del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, evidencian que debemos reforzar urgentemente los mecanismos de protección de nuestras empresas e industria para ser capaces de proteger nuestra autonomía estratégica en sectores tan cruciales como la energía, el comercio, la tecnología, la salud, la educación, la investigación y el desarrollo», justifica el texto.

Las operaciones de STC y la intentona de Taqa fueron los ejemplos destacados por los que el Gobierno debería frenar la entrada de compañías «procedentes de países con regímenes antidemocráticos y con innumerables sentencias condenatorias por vulnerar de manera flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas«.

Según el articulado que propusieron entonces, las limitaciones a la entrada de capital extranjero en compañías de carácter estratégico se adoptarían «en especial cuando el país de origen de las inversiones no cumplen con los principios de respeto a las libertades y la democracia».