Sepi: apagón informativo en el grupo público que rescató a Air Europa, con 12.000 millones en Bolsa
La Sepi no ofrece información detallada ni sobre sus cuentas ni sus inversiones, ni hace un seguimiento transparente del fondo de 10.000 millones aprobado para rescatar a empresas afectadas por la crisis del Covid.
Fachada del edificio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
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La compañía española que más transparencia debería mostrar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), es sin embargo una de las más opacas.
Al igual que la sede del organismo en Madrid, con inmensos pasillos, grandes despachos, moquetas, conserjes uniformados en cada piso, la política de comunicación del grupo se ha quedado anticuada, alejada del principio de transparencia que debería regir en un conglomerado empresarial público como lo es la Sepi.
La empresa controlada por el Ministerio de Hacienda, que creó un fondo de rescate de compañías afectadas por la crisis del Covid con 10.000 millones de euros mediante el cual se inyectaron 475 millones en Air Europa; la empresa dueña de algunas de las compañías públicas españolas con mayor plantilla –Correos, RTVE, Navantia-; la empresa pública que tiene participaciones en cotizadas por un valor aproximado de 12.000 millones de euros, no actualiza sus cuentas, no atiende por general a las consultas de los medios de comunicación, no detalla sus inversiones. Y aparece por pascuas y ramos por el Congreso.
A diferencia de las compañías cotizadas, que comunican trimestralmente sus resultados, la Sepi todavía no ha informado de sus cuentas del año 2024, a pesar de participar en algunas de las mayores compañías españolas en Bolsa.
El grupo presidido por Belén Gualda participa en el capital de las cotizadas Indra (28%); Telefónica (10%); Redeia (20%); Airbus (4,12%); IAG (2,5%); Enagas (5%); y Ebro Foods (10,3%).
El tirón de la Bolsa española en los últimos meses ha incrementado el valor de las participaciones del holding público, hasta unos 12.000 millones de euros.
Apagón informativo
Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la Sepi, lo que era el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI), ha tomado nuevo impulso, convirtiéndose en brazo ejecutor de aspiraciones intervencionistas y tomando una relevancia inédita en décadas.
En 2020 el Gobierno empleó la Sepi para crear el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones de euros, para ayudar a las compañías españolas consideradas estratégicas a solventar el impacto de la crisis generada por el Covid.
El importe total de los apoyos financieros aprobados por el fondo de rescate de la Sepi han ascendido a 3.256 millones de euros, que se desglosan en 2.045 millones en préstamos participativos y 1.211 millones en préstamos ordinarios.
La Sepi tardó solo 75 días en decidir el rescate de Air Europa, frente a los 355 días que tardó de media con el resto de empresas
La Sepi define el FASEE como «un fondo carente de personalidad jurídica, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y gestionado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor, correspondiendo a SEPI el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor».
Gracias al FASEE, 74 compañías españolas han podido acceder a una financiación en un momento extremadamente complicado.
Pero, ¿no debería hacerse un seguimiento transparente de esas ayudas? ¿No debería la Sepi, el fondo, informar con más frecuencia sobre el estado de esas empresas, sobre la devolución de las ayudas? ¿No debería haber un registro en el que los ciudadanos pudieran observar con todo detalle cómo y por qué se concedieron esas ayudas con dinero público?
Tampoco ha sido la Sepi especialmente transparente a la hora de explicar las inversiones millonarias que ha realizado para convertirse en el primer accionista de Indra y de Telefónica, bajo la laxitud del regulador del mercado español, la CNMV, que no ve concertación entre accionistas en ambas operaciones.
Air Europa, Duro Felguera, Tragsa
Como publicó en exclusiva este diario, la Sepi y el Consejo de Ministros tardaron solo 75 días en analizar y aprobar la solicitud de una ayuda de 475 millones de euros que presentó la aerolínea Air Europa al fondo de rescate del organismo público. El resto de empresas españolas que también requirió ayuda pública tuvo que esperar, de media, 355 días.
En un informe sobre el fondo de la Sepi, el Tribunal de Cuentas indica que las primeras solicitudes recibidas fueron las que menos tiempo requirieron para su aprobación, siendo la de Air Europa la primera en ser gestionada.
Pero aun así, el corto tiempo empleado por la Sepi y el Gobierno en la tramitación y aprobación de la ayuda a la aerolínea española, la mayor por cantidad de dinero otorgado, llama la atención en comparación con el resto de empresas solicitantes.
Las últimas informaciones publicadas por el diario El Mundo con los mensajes entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, mencionando el rescate de Air Europa, o el caso Begoña Gómez -en las que el juez insiste en investigar las vinculaciones con Air Europa y su consejero delegado, Javier Hidalgo-, empañan la labor de la Sepi y del FASEE.
Y hacen sospechar que la rapidez con la que la Sepi llevó a cabo el rescate de Air Europa obedeció a la presión del presidente del Gobierno, azuzado por Begoña Gómez.
El de Air Europa no es el único caso controvertido para la Sepi. También el rescate de Duro Felguera (120 millones de euros) se acordó en un tiempo relativamente corto, 193 días, a pesar de que el grupo arrastra desde hace más de una década graves problemas financieros y litigios millonarios.
En la actualidad, Duro Felguera negocia con sus acreedores un acuerdo que evite su entrada en concurso. Una de las tablas de salvación de la centenaria compañía asturiana sería que la Sepi capitalizara deuda y se convirtiera en accionista. Pero tampoco sobre este proceso la Sepi informa qué está pasando.
Otra de las compañías controladas por la Sepi también se ha visto envuelta en el escándalo. Tragsa, el grupo que trabaja para las administraciones públicas en áreas como agricultura, infraestructuras o emergencias, contrató a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, presuntamente sin realizar trabajo alguno.
Si la Sepi se hubiera obligado a una mayor transparencia, la que se debe requerir a un grupo que gestiona miles de millones de euros de los españoles, se habrían evitado todas estas sospechas y suspicacias.
