Acciona, otra vez bajo el foco: trató de influir con ayuda de Leire Díez en contratos de Enusa
La Fiscalía sostiene que el grupo investigado actuó como intermediario entre responsables de la empresa pública y Acciona
Montaje realizado por Economía Digital.
Comentarios
Acciona vuelve a situarse en el centro de una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), según el último Auto del juez Santiago Pedráz.
Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción incorporado a la causa sostiene que la presunta organización investigada -de la que formarían parte la conocida como ‘fontanera del PSOE’, Leire Díez, el expresidente de Sepi, Vicente Fernández, y el dueño de la empresa Servinabar, de Antxon Alonso– habría desplegado una operativa encaminada a favorecer los intereses de Acciona en una operación vinculada a Enusa Industrias Avanzadas, empresa pública participada mayoritariamente por la Sepi.
El documento, de 47 páginas, describe una serie de comunicaciones, reuniones y documentos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según el Ministerio Público, apuntan a la existencia de una estrategia coordinada para facilitar que Acciona pudiera hacerse con determinados activos relacionados con el negocio de residuos urbanos de Enusa.
En concreto, la Fiscalía sitúa el origen de la operativa en el interés mostrado por Acciona por adquirir la participación que Enusa mantenía tanto en la incineradora de Melilla, a través de Emgrisa, como en el centro de tratamiento de residuos urbanos de Cervera del Maestre (Castellón).
Según el escrito, la dificultad para materializar la venta llevó a los investigados a explorar fórmulas alternativas, entre ellas la constitución de un usufructo sobre las participaciones para evitar una licitación que pudiera abrir la puerta a otros competidores.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por Anticorrupción, la supuesta trama habría actuado como enlace entre responsables de Enusa y directivos de Acciona con el objetivo de diseñar una operación que facilitara la posición de la compañía en el proceso.
El escrito judicial recoge numerosos intercambios de mensajes entre los principales investigados y Francisco Javier López Buciega, entonces director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona, quien figura entre las personas respecto de las que la Fiscalía solicita que sean llamadas a declarar como investigadas.
Entre la documentación intervenida aparecen conversaciones en las que se trasladan a Acciona las dificultades existentes para la venta de los activos y se plantean alternativas jurídicas.
Posteriormente, según la Fiscalía, la empresa habría remitido observaciones y comentarios sobre la estructura de la operación, documentación que continuó circulando entre los integrantes de la presunta organización y responsables de Enusa.
El Ministerio Público sostiene que los investigados desempeñaban una función de intermediación entre la empresa pública y Acciona, aprovechando su capacidad de influencia sobre distintos responsables públicos para facilitar el desarrollo de la operación.
Uno de los episodios que destaca el escrito corresponde a junio de 2021, cuando, según la Fiscalía, se mantuvieron reuniones paralelas con responsables de Enusa y con representantes de Acciona para coordinar el diseño de la futura licitación.
En ese contexto, el documento asegura que incluso se contempló incorporar al pliego de condiciones determinados criterios sugeridos por la propia compañía.
La investigación también pone el foco en la contratación de un dictamen jurídico elaborado por el despacho SDP Carrillo y Montes. Según Anticorrupción, dicho informe habría servido para respaldar jurídicamente la fórmula diseñada para la operación sobre los activos de Melilla y Castellón.
La Fiscalía sostiene que el objetivo era proporcionar cobertura legal a una estructura que permitiera hacer viable la operación perseguida por Acciona y que la contratación de ese trabajo se produjo en el marco del acuerdo previo entre los integrantes de la presunta organización y determinados responsables de Enusa.
Posteriormente, añade el escrito, parte de los pagos efectuados por ese despacho terminaron canalizándose hacia la sociedad Mediaciones Martínez, considerada por la investigación como una de las principales mercantiles utilizadas por la organización para recibir fondos procedentes de distintas operativas investigadas.
La referencia a Acciona supone una nueva derivada de una causa que ya investiga presuntas irregularidades en distintas empresas públicas vinculadas al perímetro de la Sepi, entre ellas Mercasa, Enusa o Tubos Reunidos.
No obstante, el escrito de la Fiscalía no dirige el procedimiento contra Acciona como persona jurídica. La actuación procesal se centra en personas físicas y en la presunta actuación de una organización que, según el Ministerio Público, habría utilizado su red de contactos en la Administración para favorecer intereses empresariales concretos a cambio de contraprestaciones económicas.
Acciona, salpicada por segunda vez
La nueva referencia a Acciona en la causa que investiga las presuntas irregularidades en el entorno de la Sepi se produceun año después de que la constructora quedara igualmente bajo el foco de la Audiencia Nacional en el denominado caso Koldo.
En esa investigación, el magistrado instructor apreció indicios de que la empresa habría resultado presuntamente beneficiada por una trama de adjudicaciones públicas supuestamente amañadas a cambio del pago de comisiones ilegales, lo que motivó la imputación como investigado de un ex alto cargo de la compañía.
En concreto, el juez atribuye al entonces director de Construcción para España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, un presunto papel relevante en la obtención de contratos públicos que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían sido adjudicados con la intervención de la red encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Aunque la compañía ha negado cualquier participación en prácticas irregulares y ha defendido que los hechos investigados responden, en su caso, a actuaciones individuales ajenas a la empresa, esta nueva aparición en la investigación sobre Enusa vuelve a colocar a Acciona en el centro de dos de las principales causas por presunta corrupción que actualmente instruye la Audiencia Nacional.
