Juan Antonio Acedo (Urbas): «Abengoa era nuestra, tardamos seis meses en hacer la oferta, Cox diez días»

• La constructora que fichó Heineken y Acerinox se acerca a la quiebra en la recta final del concurso de acreedores 
• Urbas: llega la hora de la verdad en el juicio contra los dueños de la compañía, la de las tasadoras

El presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, afronta petición de siete años de cárcel por la ampliación de capital de 384 millones realizada por la constructora e inmobiliaria española en 2015, y también el concurso de acreedores de la compañía, declarado a principios de año, con un pasivo de 120 millones de euros.

La empresa se encuentra suspendida en Bolsa desde hace meses; no ha presentado las cuentas de los dos últimos ejercicios; mantiene abiertos litigios millonarios con el fondo Roundshield Partners, que ha financiado sus operaciones en los últimos años, reclamándose uno a otro cerca de 200 millones; el consejo de administración ha sido un goteo constante de dimisiones; y el anterior auditor ha presentado recurso contra su cese comunicado el pasado 30 de diciembre.

El juicio por la ampliación de capital quedó visto para sentencia la pasada semana, tras doce sesiones de vista oral. El fiscal Tomás Herranz, en el juicio, comparó a los administradores de Urbas con los bandoleros, cuando dijo que en el siglo XIX iban montados en jacas para asaltar los caminos, mientras que ahora iban en coches de lujo y se dedican a cambiar el valor de acciones y bienes.

Juan Antonio Acedo dice ser responsable de la ampliación de capital por la que ha sido juzgado, «pero no culpable«. El presidente de Urbas culpa al largo proceso en la Audiencia Nacional, cerca de diez años, y a la actuación del Fiscal de la situación actual de la compañía, y, también, de no haber podido adquirir Abengoa, que finalmente fue comprada por Cox.

P. Han pasado casi diez años desde que se presentara la denuncia por la ampliación, y el Fiscal insiste en solicitar pena de prisión para usted y el otro principal accionista del grupo, Juan Antonio Ibáñez. ¿Como ha vivido estos últimos años con esa petición de cárcel y como afronta ahora este momento de espera de comunicación de sentencia?

R. Me he quitado un peso de encima, lo que ocurra a partir de ahora no depende ya de mí. Te agarras a tú familia y a tú responsabilidad con los trabajadores, acreedores y accionistas, eso es lo que he seguido haciendo y pretendo seguir haciendo; me han llegado a poner un detective.

Esperamos sentencia y ver a partir de ahí si hay que recurrir o no, también es posible que recurra el Fiscal.

Esperamos una sentencia absolutoria; en mi turno de palabra en el Juicio lo conté a sus señorías, hay preguntas que no han quedado contestadas ¿por qué se inicia este caso? Los funcionarios de la Onif [Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria] no han sabido decir quién decidió iniciar esta investigación, eso no ha quedado claro. Nos han hecho un traje a medida, al final he sido yo quien ha cargado con todo.

Alguien que se ha empeñado en presentar una denuncia, que no se ha sabido quién ha sido, y un Fiscal empeñado también en llevarnos a juicio. Hay un hecho evidente que tampoco ha quedado aclarado: la CNMV, desde que tuvo conocimiento de la querella, inició una investigación propia, no es que regulara sobre la ampliación, es que además investigó la querella y sus conclusiones fueron que no había nada.

Pero Fiscalía se negó que CNMV declarara en la instrucción, si lo hubiera hecho no habría habido juicio.

En el juicio hablé del ‘cinco a uno‘, me lo comentó un exmagistrado cuando estábamos en instrucción, que significa lo siguiente: te abro investigación, ‘uno a cero’; instrucción, ‘dos a cero’; medida cautelar, ‘tres a cero’; y te lleva a juicio, cuatro a cero. Eso lo hace un fiscal en la Audiencia Nacional sí o sí, juega en casa, recurres, ganas, no, pierdes cinco a uno.

Hemos demostrado que somos inocentes y el Fiscal no ha demostrado que somos culpables. Ha dicho que las tasaciones estaban mal, pero ha quedado demostrado que estaban bien. Si había incongruencias con las tasaciones, ¿por qué no estaban acusadas las tasadoras? El Fiscal llegó a decir que la CNMV había hecho mal su trabajo, ¿por qué no estaba acusada la CNMV? Los abogados han salido muy satisfechos y creen que habrá una sentencia absolutoria, y que será rápida.

P. Culpa a todo este proceso de la situación concursal en la que se encuentra ahora la compañía.

R. En septiembre de 2017 tuvimos conocimiento de una investigación iniciada en enero de 2016 y una querella presentada en junio de 2017. Con la querella en conocimiento de todos ¿dónde íbamos a los bancos a pedir financiación para una promoción, con un Fiscal diciendo que nuestas tasaciones eran falsas?

Ese es el origen del problema, si no llegamos a hacer la ampliación Urbas hubiera entrado en concurso. En diciembre de 2020 ante ese cierre en los bancos firmamos un crédito con Roundshield Partners; pensábamos que antes de que venciera ese crédito se habría celebrado el Juicio y se habría aclarado todo, pero en diciembre de 2024 Roundshield ejecutó el crédito.

P. Ante esa seguridad de que Urbas hizo bien las cosas, ¿van a tomar medidas, reclamar una indemnización?

R. Analizaremos presentar una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. Si ha habido una actuación de Fiscalía que ha dañado a la compañía, sus accionistas y empleados, tendremos que demandar, y la cuantía será muy alta. Pero primero tenemos que tener la sentencia.

P. La imagen que dio de usted y de Urbas el Fiscal en el juicio recordó a los desmanes de la época del boom, cuando se valoraron suelos de dudosa calificación por el mismo valor de terrenos que pudieran albergar un hotel de lujo.

R. El método más empleado para valoracion de terrenos es el residual dinámico, hay una norma básica que un tasador cuando tasa un terreno, está así regulado por Ley, tendrá que hacerlo por su mejor y mayor uso, todas las inmobiliarias lo hacen así.

La Onif presentó una valoración concreta de un terreno nuestro en Meco [Alcalá de Henares, Madrid] y la redujo de 165 millones a 28 millones, y el Fiscal extrapola eso a todo.

La Onif lo que hizo es, utilizando el mismo método residual dinámico, reducir los metros cuadrados de edificabilidad, subir los costes, bajar el valor de venta y aumentar el tiempo de desarrollo, y contabilizando solo los ingresos durante cinco años.

Pero ese suelo concreto estaba tasado por CBRE, la CNMV me pidió que contratáramos a otro tasador, contratamos dos, ambos los tasaron por un valor aun superior al que le había tasado CBRE, un poco superior.

También hizo una tasación Enrique Porto [catedrático de Urbanismo, doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, exdirector de Urbanismo de la Comunidad de Madrid], una eminencia en urbanismo, y lo valoró en 194 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

P. El Fiscal, para argumentar su acusación, dijo que los activos empleados en la ampliación no se habían desarrollado.

R. Hubo algunos que sí. Pero en la situación en la que nos metió era imposible desarrollar los suelos porque los bancos no nos financiaban teniendo una querella como la que teníamos y un Fiscal diciendo que nuestras tasaciones son falsas.

P. Uno de los proyectos de Urbas era Russian City, un complejo de viviendas para ciudadanos rusos, con campo de golf, pero no había agua, dijo el Fiscal.

R. Claro que hay agua, hay que llevarla, como en todos sitios. El proyecto será uno de los que desarrollaremos cuando salgamos de esta situación, pero con otro enfoque, claro. Pensar que eso va a ser para rusos…

P. Está pensando por lo que ha sugerido en dar un paso atrás en un momento dado.

R. Tiene que haber una transición ordenada y organizada. Daré un paso atrás pero mientras se necesite que esté aquí, estaré.

P. ¿Por qué no se ha hecho ese cambio antes?

R. Ha habido momentos en los que hemos pensado que era el momento de hacerlo, pero ha habido discrepancias, sobretodo en las formas.

Yo esta decisión de dar un paso al lado la tengo tomada hace tiempo, pero las cosas se han ido complicando, pensaba que evitaríamos el concurso, nos hemos metido en la vorágine del juicio, los plazos del concurso van corriendo… Ahora lo que hay que hacer es conseguir adhesiones para el convenio y evitar la liquidación.

En 2019, Ibáñez [Juan Antonio Ibáñez, expresidente de Urbas, segundo mayor accionista de Urbas] me llamó y me dijo que tenía que dejar de ser presidente, por todo lo ocurrido, a lo que no me opuse. El primer nombre que salió fue el de Jaime Polanco, que era consejero de Urbas, hablamos con él y Jaime vio posible ser vicepresidente en primer lugar, pero después presentó su dimisión.

Después pensamos en Jesús García de Ponga, al que también traje yo, de Montebalito. Jesús investigó el tema de la autocartera, en una reunión le dije que si el era presidente de la comisión de auditoría ese era su trabajo, y ahí decidió dimitir también.

Jaime García Legaz, en una imagen de 2020.

Quedamos también con Jaime García Legaz [exsecretario de Estado de Comercio], le propusimos ser presidente y nos dijo que estaba dispuesto, para mi sorpresa.

Pero poco después me enteré de que Ibáñez estaba quedando por su lado con García Legaz, le llamé y fue la última conversación que he tenido con Ibáñez. García Legaz trató de recompener un poco la situación, pero ya no era posible. Jaime Polanco, García de Ponga y García Legaz eran presidenciables y a mi me parecían bien los tres, habrá otras alternativas.

P. De los acreedores de Urbas, aparecen dos que aparentemente tienen vinculación con usted. Uno es Germux, que además aparece con crédito con privilegio especial, y otro el principal acreedor, Larisa Inverpromo.

R. Germux hace operaciones con Urbas entre 2020 y 2023, ahí no estaba vinculada a mi. Esa sociedad entra en mi círculo en agosto de 2024, en ese momento Urbas debía a Germux 15 millones de euros y se vinculó a mí para mitigar (no para controlar) la situación que había de que Germux pudiera instar el concurso a Urbas.

Germux tiene esos 15 millones que le debe Urbas, provienen de deudas de Urbas con entidades financieras, bien bancos o fondos que habían comprado deuda. Está como acreedor privilegiado porque uno de los créditos era un crédito hipotecario que tenía Santander, y Germux lo compró. El crédito nace cuando se da, no cuando lo compra Urbas, por eso es crédito con privilegio especial.

P. En la tasación que encargó la consulora FTI de ese crédito dice que la finca no vale dos millones, sino que tiene un valor negativo porque el suelo requiere saneamiento.

R. Ese suelo tiene un valor. Hemos presentado dos tasaciones, FTI hizo una tasación con otro método de valoración; a FTI lo nombró Roundshield, con eso ya lo digo todo, pero ya veremos, de momento el fondo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ya veremos si no hay más.

P. ¿Y Larisa? Usted ha sido representante de Larisa en el consejo de administración de Montebalito.

R. Estamos hablando con todos los acreedores para que firmen el convenio. Larisa, Germux, Sareb, AttijariwafaBank, McKinsey, Oakhill, etc. Los conozco a todos.

P. Una de las operaciones más rocambolescas, si me permite la expresión, es sobre el paradero de 1.598 millones de acciones de la compañía, transferidas en 2023 a una filial. ¿Qué ha ocurrido?

R. Urbas firmó un crédito con una compañía llamada United aportando como garantía la autocartera.

En ese momento Urbas tenía depositadas las acciones en Singular Bank; una de las condiciones que nos pone el prestamista es que tenemos que traspasar las acciones a The Northern Trust; Singular nos dice que no pueden hacer el traspaso y se traspasan al Santander, y de Santander a Northern Trust, con una orden firmada por nosotros, a una cuenta con un titular, Guadahermosa Activos, la sociedad que tenía esas acciones, que provienen a su vez de una operación de compra de otra empresa, por una serie de pasivos que había ocultos nos dieron esos títulos en compensación.

En agosto de 2023 la acción bajó un 20%; llamamos a United para ver qué pasaba, nos tratan de tranquilizar, que las acciones están en nuestra cuenta, así todo el año y parte del 2024. Hasta el año 2025, que Northern Trust nos dice que la cuenta de valores esa no era nuestra, que era de United.

Llamamos a Santander para pedir explicaciones, les pedimos la orden de transferencia, y ahí no viene el beneficiario; alguien cometió un error en el traspaso de las acciones, nos han estafado, eso es lo que nos ha pasado. Vamos a presentar querella contra United, pero primero queremos aclarar la actuación del Santander.

Uno de los motivos por los que nuestro anterior auditor dice que le hemos engañado es por esa actuación.

P. Sí, en la vista celebrada el mes pasado por el recurso presentado por el anterior auditor de Urbas contra su cese, se expuso la existencia de un informe forensic elaborado por Deloitte, donde examinaría esa operación. Pero antiguos consejeros de la empresa se quejan de que ese informe no se les dio traslado.

R. En abril del pasado año, estando en Barcelona, me llaman para decirme que se había presentado ante CNMV una carta del auditor diciendo que podía haber desviación patrimonial en la operacion de autocartera, y provisiones pendientes de entre 80 y 120 millones.

La CNMV nos convoca a una reunión; el auditor no atendió nuestras llamadas ni correos, pero CNMV ante eso nos dice que hagamos un forensic, lo encargamos a Deloitte y hace el informe, se lo mandamos a la CNMV. En ese tiempo fichamos a dos consejeros independientes, propuestos por Ibáñez, uno Javier Álvarez, al que ya conocía de antes y no teníamos buena relación, pero se le nombra, y además presidente de auditoría para sustituir a García de Ponga.

Tras ese desencuentro con el auditor, Javier Álvarez se puso también en contra, aparece entonces el informe de FTI y Javier presenta en Fiscalía Anticorrupción demanda por el tema de autocartera y por Germux.

No sabemos todavía si la denuncia ha sido admitida, CNMV nos ha hecho requerimientos también por ello, ya he explicado que Germux es mía. El detective que he dicho que me han puesto me enteré después que fue Javier Álvarez.

P. En 2022 llegaron a presentar oferta por Abengoa, parece increíble estar ahora en este punto.

R. Si hubiésemos comprado Abengoa no estaríamos aquí.

Abengoa era nuestra, pero llegó Cox, que había firmado con nosotros un acuerdo, no pudiendo utilizar la informacion que le habíamos facilitado sobre Abengoa, y presenta una oferta, con una campaña de comunicación contra mí, con una agencia de comunicación que nos había llevado a nosotros la comunicación un año antes, contratada por Cox.

También participó en esa campaña Alvise Pérez [líder de Se Acabó la Fiesta], con el que tengo un acto de conciliación en mayo, también se metió en la fiesta, publicando cosas sobre Urbas, es amigo de Enrique Riquelme [presidente de Cox], publicó cosas contra nosotros.

Consiguieron que cuando las Ministras de Hacienda, Industria y Economía se juntaron para aprobar nuestra oferta por Abengoa, no lo hicieran. Cuando llega el momento de la adjudicación de Abengoa en Industria me dijeron, no te preocupes, si te lo adjudican aprobamos el crédito que habíamos pedido al ICO.

Cuando llega el momento de la adjudicación, el Juez pide a la administración concursal si Urbas tiene aprobado el crédito del ICO, si lo tiene, Abengoa es para Urbas, si no, para Cox, que dice que no requiere crédito público; el crédito no fue concedido y Abengoa se adjudicó a Cox, con nuestro diseño. Nosotros debemos 6 millones a Mc Kinsey porque es lo que le pagamos para preparar la oferta sobre Abengoa, tardó seis meses en hacerlo, y Cox diez días.

P. Han presentado propuesta de convenio, ¿como pueden hacerlo sin tener cuentas auditadas?

R. Lo hemos presentado, los acreedores tienen dos meses para adherirse. No tenemos cuentas auditadas, pero sí tenemos las cuentas. Tengo mi teoría sobre el auditor, no midió que Urbas es una compañía con 80 años, que lleva tres décadas cotizando y que cuenta con la confianza de la CNMV.

Mi teoría es que el auditor tiene abierto un expediente en el ICAC, por las cuentas de 2023, por el caso de la autocartera, no hizo su trabajo correctamente; las cuentas estaban bien, pero el auditor no cumplió con lo que la ley de auditoría exige.

No hizo su trabajo bien, la circularización de clientes, bancos, acreedores, no lo hizo; lo que creo es que tiene abierto un expediente en el ICAC. Se lo hemos preguntado al Juzgado Mercantil número dos, que solicite al ICAC si hay o ha habido expediente de este auditor por las cuentas de Urbas.

P. La AC ha dicho que no se puede cambiar al auditor y poner otro porque no hay dinero, que Urbas tiene menos 2.000 euros en caja.

R. El administrador puede destituir al auditor que haya y nombrar uno nuevo, pero el auditor que nosotros propusimos todavía no ha aceptado el cargo, y no se puede nombrar a un auditor revocado por justa causa.

P. Confía en alcanzar convenio, a pesar de todo. ¿Es optimista?

R. Bueno… soy del Atleti. Vamos a hacer fuertes provisiones, eso es así, pero tenemos un valor neto, neto de activos, en el entorno de 400 millones de euros, después de quitar pasivo, pero todavía tenemos que verlo bien, vamos a recojer la imagen fiel.

Soy optimista respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero ya me han advertido que puede pasar el cinco a uno, los abogados están muy satisfechos en todo caso. Respecto al convenio, tenemos las adhesiones suficientes, pero se que van a ir contra alguno de los pasivos que lo han votado. Estamos negociando con Mc Kinsey, Sareb, Al Jjaereareia [banco marroquí].