Los afectados por los impagos de las renovables inician el proceso para embargar bienes a España en EE UU
Los acreedores solicitan la autorización judicial para registrar laudos en Nueva York, donde consideran que podrían existir activos susceptibles de embargo a España
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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Los acreedores afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados por el Gobierno han pisado el acelerador en su estrategia de ejecución ante la negativa de España a pagar los laudos arbitrales.
Tras varias victorias judiciales, han solicitado la autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales, entre los que se encuentra el Distrito Sur de Nueva York, donde consideran que podrían existir activos susceptibles de embargo a España.
Victorias judiciales
Por el momento, siete de las empresas demandantes han obtenido resultados favorables. Se trata de 9REN (44 millones de euros); Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones).
Las empresas afectadas han recordado que la deuda contraída por parte de España asciende a 688,4 millones de euros, si bien la cuantía se incrementa a medida que se acumulan los intereses de demora.
La ofensiva legal va un paso más allá
En el marco de la nueva fase de la ofensiva legal, los acreedores han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos y han emitido requerimientos judiciales dirigidos a varias entidades privadas que prestan servicios a España, así como organismos públicos vinculados al Estado.
A través de estas actuaciones se proponen identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo.
Concretamente, se han dirigido requerimientos a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado, entes públicos de España con implantación en Estados Unidos y sociedades involucradas en la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026.
Con las diligencias, se proponen determinar si existen bienes o derechos de España en Estados Unidos que puedan ser ejecutados, una medida habitual en procedimientos en los que el deudor ignora un laudo arbitral reconocido por la justicia.
Avances en Singapur, Reino Unido, Bélgica y Australia
Más allá de Estados Unidos, las iniciativas de ejecución también avanzan en Europa, donde los tribunales belgas han dado luz verde a los procesos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Reino Unido emitió una sentencia que rechaza los últimos argumentos presentados por España y zanja la disputa del caso Infrastructure Services, con una indemnización pendiente de 101 millones de euros, así como cerca de 27 millones de euros de intereses de demora.
La justicia británica ha fijado un tipo de interés del 8% para el cálculo de los intereses de demora que se puedan acumular en caso de que persistan los impagos, lo que puede suponer un sobrecoste anual de 150 millones de euros si el país no alcanza un acuerdo para cumplir con los acreedores.
También se han producido avances en Singapur, donde la justicia ha reconocido una deuda de 290 millones en euros en el laudo correspondiente al caso Next Era, mientras que en Australia se ha ordenado la ejecución de los laudos de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra por 469 millones de euros.
De esta manera, la deuda acumulada por España con sus acreedores sobrepasa los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones, a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.
