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Varapalo a España: la justicia británica le obliga a pagar 120 millones por los impagos de las renovables
El Tribunal Supremo de Reino Unido dictamina que España no puede invocar inmunidad soberana para impedir su reconocimiento ante los tribunales
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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El Tribunal Supremo del Reino Unido ha confirmado que pueden ejecutarse en el país los laudos de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar con 120 millones de euros por el recorte retroactivo de las primas a energías renovables.
Según avanza la agencia EFE, la justicia británica ha desestimado el recurso presentado por España y ha ratificado la decisión emitida del Tribunal de Apelación, que dio la razón a las empresas.
Concretamente, consideraba que la adhesión de España al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, constituye «una aceptación de la jurisdicción británica» para la ejecución de los laudos.
De esta manera, la justicia británica ha rechazado el argumento del Gobierno de España de que estaba amparado por la inmunidad soberana, mientras que las compañías inversoras han indicado que cuentan con una orden judicial provisional que podría permitirles tomar medidas sobre activos propiedad de España en Reino Unido para garantizar el pago de las indemnizaciones.
Compensaciones millonarias
Infrastructure Services Luxembourg, domiciliada en Luxemburgo, y Energia Termosolar B.V., de Países Bajos, acudieron al CIADI para reclamar compensación por los cambios que España introdujo en su régimen regulatorio del sector energético.
El tribunal arbitral emitió los laudos condenatorios, que reconocieron que estas modificaciones violaron el Tratado de la Carta de la Energía de 1994 y fijaron pagos de 62 millones de euros y 58 millones de euros, respectivamente, según el dictamen.
España notificó en 2024 su retirada del Tratado de la Carta de la Energía, aunque la cláusula de supervivencia mantiene la protección de inversiones previas y no afecta a los laudos ya dictados.
Varios frentes judiciales abiertos
La resolución introduce una mayor presión jurídica sobre España, que sigue acumulando frentes abiertos en distintas jurisdicciones por el impago de las indemnizaciones derivadas de los recortes retroactivos a las renovables.
Actualmente, los procesos registrados en Estados Unidos ascienden a siete y corresponden a: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.
La justicia del país norteamericano ha validado una deuda exigible de 691 millones de euros, lo que permite a los acreedores activar los mecanismos de ejecución previstos en el ordenamiento jurídico norteamericano, entre los que figuran procedimientos de localización y embargo de activos.
Por su parte, en Bélgica los tribunales han autorizado procedimientos de embargo vinculados a los impagos del caso OperaFund, con la intervención de 482 millones de euros correspondientes a flujos de pago del regulador europeo del tráfico aéreo Eurocontrol hacia Enaire.
Embargos cautelares
La justicia británica también ha autorizado embargos cautelares sobre determinados bienes institucionales y cuentas bancarias, mientras que la Alta Corte de Singapur registró en febrero el laudo del caso NextEra, reconociendo formalmente la deuda de 290 millones de euros derivada del impago de la indemnización por la retirada de las primas renovables.
Además, el Tribunal Federal de Australia dictó en verano del año pasado una resolución ordenando la ejecución de cuatro laudos por un importe conjunto de 469 millones de euros sobre RREEF, 9REN, Watkins y NextEra.
La deuda total acumulada por España en marzo supera los 2.300 millones de euros, una cifra que engloba 1.754 millones de euros de principal pendiente y 537 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros.
