Nuevo embargo de Bélgica a España por los impagos de las renovables: bloquea 482 millones
La justicia belga se propone garantizar el resarcimiento de los acreedores en el marco del caso que afecta a la firma Opera Fund
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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Bélgica embarga 482 millones de euros a España a raíz del impago de las indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. A través del embargo, la justicia belga se propone garantizar el resarcimiento de los acreedores en el marco del caso que afecta a la firma Opera Fund.
En 2019, Opera Fund obtuvo una resolución vinculante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, firmado por España en el momento en el que se iniciaron los recortes que han dado lugar a las reclamaciones.
Después de que el Gobierno optase por no pagar la indemnización, Opera Fund emprendió varias acciones legales para asegurar el pago por otras vías del importe adeudado, que asciende a 29,3 millones de euros y 7,5 millones de euros por los intereses de demora. Concretamente, recurrió a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos de España.
Bloqueo millonario
El equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.
Tras dar luz verde a la petición, la justicia belga ha bloqueado 482,4 millones de euros. En lugar de transferirse a Enaire, el importe ha quedado inmovilizado a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferido a los acreedores para resarcir las deudas existentes.
Nuevo embargo
En verano del año pasado, la compañía japonesa Eurus Energy, filial de Toyota, inició un procedimiento similar que se resolvió a su favor y desembocó en un embargo superior a los 207 millones de euros por parte de la justicia belga. La deuda, en ese caso, asciende a 106,2 millones de euros de indemnización pendiente de pago, si bien conviene sumar 9,4 millones de euros correspondientes a intereses de demora.
Los tribunales de Estados Unidos también han reconocido y registrado los laudos correspondientes a los procedimientos vinculados a Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. La justicia estadounidense, en conjunto, ha validado una deuda de 691,2 millones de euros y ha habilitado a los acreedores a activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en el país.
Ante la cascada de resoluciones adversas, el Gobierno ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.
A la vez, la ofensiva judicial también avanza en Australia, después de que el Tribunal Federal haya dictado una sentencia ordenando la ejecución de cuatro laudos por valor de 469 millones de euros de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra. La justicia australiana no solo ha admitido la ejecución de los laudos, sino que ha impuesto costas procesales tanto a España como a la Comisión Europea.
Abultada deuda
La cuantía pendiente de pago a la treintena de empresas afectadas por los recortes a las renovables asciende a 1.754,7 millones de euros. Al importe se le deben sumar 297,6 millones de euros en intereses de demora y 238,7 millones de euros adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de los impagos, lo que enfila la deuda hasta los 2.292 millones de euros.
En este contexto, las empresas afectadas han reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo con el Gobierno que permita poner fin a los litigios y «restaurar un clima básico de seguridad jurídica y certidumbre» para la inversión internacional.
