Ángel Simón critica el incremento de la tarifa de ATLL

Ángel Simón insiste en la necesidad de un regulador independiente ajeno a los vaivenes políticos para el sector del agua

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El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, considera que “se podía haber evitado la subida” de cerca de un 12% en la tarifa que aplica Aigües-Ter Llobregat (ATLL). En un foro organizado por el Círculo de Economía de Barcelona este martes, Simón entró al trapo de todas las preguntas que se le formularon sobre la gestión del agua y, en particular, sobre el conflicto judicial que mantienen con ATLL.

El consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) acordó en diciembre pasado aumentar el precio del agua que suministra ATLL en un 11,88%. La decisión se adoptó por diez votos a favor, emitidos por los representantes de la Generalitat, ahora tutelados por el gobierno central, y siete en contra, de los municipios y las industrias.

Este incremento de tarifas repercutirá en el recibo del agua que pagan las familias. En el caso de la ciudad de Barcelona, se calcula que estará alrededor del 4%. Simón considera que esta subida era evitable. ATLL suministra el agua en alta, hasta los depósitos municipales, y Agbar se encarga de que llegue a los hogares. Las dos compañías mantienen un largo conflicto judicial desde que la Generalitat adjudicó en 2012 la privatización de ATLL a un consorcio liderado por Acciona. El Tribunal Supremo se pronunciará definitivamente sobre este litigio el próximo 30 de enero. Curiosamente, la ACA no ha esperado a conocer la sentencia para subir la tarifa.

Simón indicó que la mal llamada “guerra del agua”, como la denominan los medios, en realidad es una “guerra de contratación”. Insistió en que la adjudicación de la Generalitat está “mal hecha”. Por ejemplo, a la nueva concesionaria se le reconocieron unos tipos de interés “fuera de mercado”, de un 15%.

Ángel Simón (Agbar) echa en falta más colaboración pública por parte del Ayuntamiento de Colau

Agbar también está a la espera de otra decisión del Tribunal Supremo. En su caso, no debe pronunciarse sobre la concesión del suministro en baja, sino sobre la constitución de la empresa mixta que formó con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Si pierden este proceso judicial, el AMB pasará a gestionar las depuradoras. Si ganan, todo seguirá como hasta ahora.

Defendió la gestión público-privada del servicio del agua. La definió como un modelo eficiente, barato y con compromiso social. Recordó que incluso el gobierno cubano  de Fidel Castro apostó por este modelo cuando, en 1995, adjudicó a Agbar el suministro del área turística de Varadero y, posteriormente, el de la Habana.

Sin mencionar ni una vez a la alcaldesa Ada Colau y su pretensión de remunicipalizar el servicio, Simón insistió en la necesidad de un regulador independiente para el sector del agua que sea ajeno a los vaivenes políticos. Subrayó que “necesitamos un pacto global del agua en España” para planificar las decisiones que se deben adoptar para prevenir situaciones como la actual sequía.

Precisamente, para afrontar las sequías en el área metropolitana de Barcelona, Simón apostó por la “reutilización del agua” como mejor alternativa. Recientemente se ha acordado reutilizar el agua de la depuradora del Llobregat para verterla más arriba (a la altura de Molins de Rei) con el objetivo de aumentar el caudal del río.

La última pregunta a Simón la formuló el abogado Miquel Roca. Este recordó que la gestión del agua en Barcelona es un modelo para todo el mundo y, en este sentido, le preguntó si cree que el reconocimiento internacional se corresponde con el interno. El primer ejecutivo de Agbar confirmó que echa en falta “más cooperación pública”.

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