Avatel, en riesgo de devolver 164,5 millones en subvenciones por retrasos en despliegues de red
Crea Avatel Infra con un portfolio de 963 torres, 333 edge data centers y una red de fibra y da entrada a Inveready por 82,5 millones
Víctor Rodríguez, presidente y dueño de Avatel
Avatel se enfrenta a posibles devoluciones de cerca de 164,5 millones de euros en subvenciones públicas más intereses que le fueron concedidas para el despliegue de red en entornos rurales. La compañía propiedad de Víctor Rodríguez y de fondos como Inveready, de José María Echarri, admite que los retrasos en la ejecución del desarrollo de infraestructuras pueden desencadenar en una oleada de devoluciones millonarias.
El quinto mayor operador de telecomunicaciones de España ha sido durante años uno de los principales beneficiarios de los programas de ayudas para el despliegue de redes otorgados por el Ministerio de Transformación Digital que ahora podrían jugarle una mala pasada.
Así lo reconoce en su último informe financiero anual correspondiente a 2025 consultado por ECONOMÍA DIGITAL, donde cifra en más de 300 millones de euros las subvenciones que ha recibido desde 2021 a través de los planes gubernamentales Único Banda Ancha, Único 5G Backhaul y Único Redes Activas.
El objetivo de los programas gubernamentales es conectar con fibra óptica y llevar el 5 G a cientos de miles de hogares y empresas de todo territorio nacional, en algunos casos en poblaciones de menos de 5.000 y 10.000 habitantes.
Avatel reconoce que, del total de las subvenciones que le han sido adjudicadas, las que cumplen con «los requisitos de ejecución y justificación» establecidos en las resoluciones de concesión ascienden a 153,67 millones de euros, según ha estimado la compañía con la ayuda de un experto independiente.
Por contra, la teleco explica que los administradores de las sociedad han registrado provisiones por un total de 146,88 millones de euros que se corresponden a «subvenciones susceptibles de devolución». Una cifra a la que hay que sumar otros 17,6 millones en intereses que el grupo ha estimado que puede tener que pagar.
Se trata de un montante que se corresponde con los despliegues vinculados a los programas Único Banda Ancha y Único 5G Redes Backhaul. Entre las provisiones, la teleco ha registrado 41,9 millones a corto plazo que potencialmente pagaría este 2026.
Avatel culpa del retraso a la burocracia administrativa
El grupo achaca esta situación a que existen «retrasos en la concesión de permisos de construcción por parte de las administraciones competentes» que, según su versión, «han condicionado el ritmo de ejecución» en determinadas provincias.
Avatel asegura además que han comunicado esta situación formalmente a Red.es, el organismo pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital encargado de impulsar la transformación digital del país.
En cualquier caso, la compañía asegura que concurren las circunstancias previstas en la normativa aplicable para que el Gobierno le conceda prórrogas adicionales, ya que los retrasos «han sido en su mayor parte atribuibles a causas ajenas» a su control.
Asimismo, Avatel considera que, «históricamente», la Administración ha extendido los plazos de las convocatorias hasta el máximo permitido. Pese a esta circunstancia, la compañía ha preferido aplicar un «criterio de prudencia» registrando provisiones millonarias que suponen el 43% del patrimonio neto del grupo a cierre de 2025.
En cuanto a los resultados consolidados del grupo (incluidas filiales), Pangea Telecom —la sociedad matriz resultante tras la toma de control de la teleco por parte de Víctor Rodríguez y un consorcio de fondos capitaneado por Inveready— , obtuvo un beneficio neto de 15,55 millones entre el 5 de junio y el 31 de diciembre de 2025, el periodo que ha contabilizado como ejercicio completo tras el cierre de la operación.
Los ingresos de la matriz alcanzaron en el periodo los 163,4 millones y el resultado operativo fue de 39,5 millones. No obstante, la información de cada sociedad revela cifras no tan positivas.
Avatel Telecom, que concentra el grueso de activos, ingresos y personal, cerró 2025 con pérdidas de 35,25 millones de euros, frente a los números rojos de 42,9 millones de euros que registró en 2024 a nivel grupo. Sin embargo, obtuvo un resultado de explotación positivo de1,85 millones.
Inveready se hace con el 49,9% de Avatel Infra por 82,5 millones: torres, centros de datos y fibra
Además, la matriz ha registrado un fondo de maniobra negativo de 234 millones de euros y un flujo de caja negativo de 5,1 millones. Cifras que se corresponden a las de una compañía cuyo crecimiento siempre ha estado ligado a numerosas compras de otros operadores locales.
Pero el grupo señala que dichas cifras no las considera incertidumbres relevantes sobre su continuidad como empresa en funcionamiento (tampoco lo hace el auditor KPMG), ya que ha vendido parte de sus activos en la misma fecha de formulación de las cuentas.
Para ello creó la sociedad Avatel Infra, bajo la que agrupó el pasado diciembre todos sus activos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones del grupo conformando un portfolio de 963 torres, 333 edge data centers y una red de fibra de backhaul 5G que conecta 100 antenas móviles.
El socio inversor no ha sido otro que Inveready, el fondo de inversión que lidera José María Echarri y que es también accionista de la nueva Avatel. La teleco ha suscrito un acuerdo a finales de abril con Inveready Infraco, filial del fondo, por el que esta obtendrá el 49,99% de los derechos políticos de Avatel Infra a través de una ampliación de capital de 82,5 millones de euros.
Todo el dinero recibido por la filial de infraestructuras serán íntegramente recibidos por Avatel Telecom. La operación «materializa la estrategia» de la compañía de «optimizar su estructura de capital y obtener financiación adicional a través de la monetización de activos de infraestructura, manteniendo el control operativo de los mismos», reza el informe.
Compra de Albacete Fibra y cifras finales del ERE
Más allá de esta operación, Avatel también ha protagonizado en abril la compra del operador Albacete Fibra por cerca de 1,2 millones de euros, que se suma a la adquisición de Iberwix Telecomunicaciones el pasado noviembre.
En cuanto al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado a principios de este ejercicio, el segundo en apenas dos años, la teleco ha confirmado que el acuerdo afectó a un máximo de 290 «posiciones forzosas», ampliable hasta 302 con adhesiones voluntarias de los empleados.
Las indemnizaciones pactadas fueron de 33 días por año trabajado (máximo 24 mensualidades) para salidas forzosas y 25 días (máximo 15 mensualidades) para voluntarias, con exclusión de colectivos especialmente vulnerables y un plan de recolocación externa de seis meses.