El mercado teme un nuevo choque entre el Gobierno y Caixabank por los sueldos de la cúpula

En la junta de accionistas del año pasado, el Frob, que es el segundo accionista del banco, votó en contra de los salarios de la cúpula en medio de una importante negociación de despido colectivo para más de 8.000 personas

José Ignacio Goirigolzarri. Foto: Caixabank

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La política de remuneraciones de Caixabank preocupa a al mercado. En la junta de accionistas del año pasado, el Gobierno -a través del Frob, que es el segundo accionista de la entidad con un 16,1% del capital- votó en contra de los salarios de la cúpula. La decisión no sorprendía al banco. La vicepresidenta, Nadia Calviño, llevaba días criticando el sueldo que cobran los banqueros españoles, precisamente en un momento en el que buena parte de las entidades financieras negociaban miles de despidos. 

En ese momento, el banco catalán había anunciado un despido colectivo para más de 8.000 personas tras la fusión con Bankia (se cerró unos meses después para un total de 6.452 empleados) y el Gobierno denunciaba que las remuneraciones no se correspondían con la situación económica del país. De manera que se opuso a que el nuevo presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, tuviera una remuneración fija de 1,65 millones de euros al año, a la que se podía sumar un bonus de hasta 200.000 euros, lo que supone el triple de lo que cobraba como presidente de Bankia. 

Finalmente, y según los datos hechos públicos por el banco, el número uno cobró el pasado año 1,69 millones de euros frente a los 500.000 euros que percibió en 2020; El Frob no fue el único que votó en contra, de hecho, todos los puntos del orden del día que tenían que ver con remuneraciones salieron adelante, pero con un porcentaje de votos a favor de algo más del 70%, mientras que el resto superaban el 90%. Y esto es lo que le teme el ‘proxy advisor’ estadounidense, Glass Lewis. 

La compañía, que asesora a los grandes fondos en la decisión de voto antes de las juntas, advierte en un informe que se mantienen vigilantes con este tema, principalmente por si volviera a pasar este año. Según explican, aquellos puntos del orden del día que recibieron en 2021 un apoyo de menos del 80% “representan un nivel justo de protesta” por parte de los accionistas y deben tenerse en cuenta de cara a la junta de accionistas que Caixabank celebra el próximo 7 de abril en Valencia.  

«Creemos que, en este caso, las juntas deben comprometerse con los accionistas a tomar medidas para abordar sus preocupaciones y abordar explícitamente esta disidencia en los documentos disponibles públicamente”. Glass Lewis añade que más del 20% de los accionistas votaron en contra o se abstuvieron de votar sobre la remuneración de los consejeros y las modificaciones de la política de remuneraciones en la junta general del año pasado.  

Y si bien, este resultado estuvo condicionado por un accionista significativo (el Frob) estarán vigilantes con lo que ocurra este año. “Monitorearemos este problema en el futuro”, aseguran. Desde el Frob no han hecho público que harán este año; Por su parte, el ‘proxy’ indica que el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, recibe un salario base “significativamente mayor que el de sus pares”, sin embargo, el pago total (incluyendo el variable) se ha mantenido por debajo del mercado.  

“Dado que el salario fijo del CEO se mantendrá sin cambios en 2022, no creemos que genere un problema para la acción de los accionistas en este momento”, indican. En concreto, el salario del número dos ascendió a 3,89 millones de euros en 2021, ligeramente superior al de 2019 (antes de la pandemia), pues ese ejercicio percibió 3,76 millones. 

Glass Lewis, inquieto con el ‘Caso Cenyt’ 

En otro orden de cosas, Glass Lewis advierte que sigue de cerca todo lo que está ocurriendo con el ‘Caso Cenyt’, según apunta en su informe. “Tomamos nota de que la compañía ha sido investigada por cohecho y revelación de secretos en relación con los servicios prestados por Grupo Cenyt, la empresa del exjefe de policía José Manuel Villarejo”.  

En julio de 2021, Caixabank informó a la CNMV tras declarar como imputada en la Audiencia Nacional que había estado cooperando con las autoridades desde el comienzo de la investigación y había puesto a disposición del Juzgado Instructor “toda la información y documentación relevante”, que hubiera podido obtener de la contratación de la sociedad Cenyt, en 2011, cuando presidía el banco Isidre Fainé.  

La entidad manifestó también que, tras realizar una investigación interna, podía concluir que no se había cometido ninguna infracción en la contratación de Cenyt, que se produjo una única vez, en el último trimestre de 2011. Y que tenía y tiene un Modelo de Prevención de Delitos robusto que cumple con los requisitos legalmente establecidos, y resulta eficaz e idóneo para la prevención de delitos. En concreto, los delitos relacionados con la corrupción y con la intimidad de las personas. 

A finales de julio se dio a conocer la sentencia judicial que acordó archivar la causa seguida contra el banco, conforme a las pruebas aportadas hasta esa fecha. Pero el 7 de febrero de 2022 esta decisión fue revocada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entiende que la decisión prematura y son necesarios más procedimientos para esclarecer los hechos.

“Caixabank manifiesta que, a pesar del daño reputacional derivado de una investigación judicial con escrutinio público, este estudio más amplio solicitado por la Sala no se materializará en un riesgo patrimonial vinculado a este proceso penal», explica el banco. Pero el ‘proxy’ indica que “seguiremos de cerca los procedimientos en el futuro”. 

Se trata de la misma advertencia que hacían hace unos días a BBVA, en su respectivo informe. Respecto a este banco, Glass Lewis explicaba que sigue de cerca cómo evoluciona las investigaciones del caso Villarejo desde 2019. “La compañía sigue siendo investigada como entidad legal, y ciertos funcionarios y empleados actuales y anteriores de la empresa, así como exdirectores también han sido nombrados como sospechosos oficiales en relación con la investigación”, apuntan.   

Entre los investigados se encuentra el expresidente ejecutivo, Francisco González. Las investigaciones sobre el asunto siguen en curso y, según los últimos informes, se extendieron recientemente durante otros seis meses. “Seguiremos de cerca los procedimientos en el futuro”, aseguran.   

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