La Justicia archiva la causa contra el magnate ruso Mikhail Fridman por la quiebra del grupo Zed

Tras más de dos años, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido finalmente archivar la causa contra el magnate ruso Mikhail Fridman, que hasta marzo de 2022 fue máximo accionista de DIA, por la quiebra del grupo tecnológico Zed.

En diciembre de 2020 el magistrado ya decretó un primer sobreseimiento provisional del caso (que fue ratificado en febrero de 2021) al no encontrar pruebas de su supuesta «asfixia» a la compañía, aunque en julio de 2021 esta decisión fue revocada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Más de dos años después, el juez ha tomado la misma decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado dar carpetazo a la investigación que dirigía contra el empresario ruso por delitos relacionados con la despatrimonialización e insolvencia de la empresa española de tecnología Grupo Zed.

Lo hace en un auto en el que acepta la petición de archivo de Fridman al considerar que buena parte de los hechos ilícitos que se le atribuyen se habrían cometido en el extranjero y, por tanto, la Audiencia Nacional no tendría competencia para juzgarle, y porque no ha visto indicios sólidos para mantenerle la condición de investigado.

Sin registro de delitos en España

Según argumenta el juez, si ya se decidió que la Audiencia Nacional no tenía jurisdicción para investigar a varias empresas rusas, por un principio de coherencia interna, debe hacerse lo mismo respecto a Fridman después de que -subraya el auto- la investigación no haya demostrado que «ninguno de los elementos de los delitos» que se le atribuyen se hayan realizado en España.

Pero es que además el magistrado argumenta que las diligencias que se practicaron después de que la Sala de lo Penal ordenase reabrir la causa no dieron lugar a indicios de criminalidad «suficientemente sólidos» contra Fridman.

Críticas a la Fiscalía Anticorrupción

Carga el magistrado en su resolución contra la Fiscalía Anticorrupción por hacer, dice, «un acopio inconexo de fragmentos de conversaciones descontextualizados» sin enumerar «de modo sistemático, lógico ni convincente, qué concretos actos delictivos llevó a cabo» el empresario, en qué momento y qué repercusión tuvieron para la quiebra del grupo ZED.

«Rechazamos todo tipo de responsabilidad objetiva, por el puesto desempeñado, cuando no vaya acompañada de concretos actos, individualizables, específicos y delictivos», dice el juez, que discrepa de la Fiscalía cuando enfatiza «en un papel directivo» del empresario y en su «liderazgo de una organización criminal» sin detallar qué hechos concretos «hubiera ejecutado, ordenado o dirigido».

El juez García Castellón también ha tenido en cuenta la declaración culpable del concurso mercantil del Grupo Zed porque, aunque tiene un valor limitado en la jurisdicción penal, aprecia un dato llamativo en el informe de la administración concursal, como es que no se haga ninguna mención a la intervención de las empresas rusas en el proceso de insolvencia.