El Gobierno amplía el límite de inversión en redes para Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica hasta 13.600 millones

El Gobierno ha presentado este viernes las líneas generales de la nueva planificación eléctrica 2025-2030, así un borrador de Real Decreto con las nuevas inversiones para modernizar la red. El plan contempla un aumento del 62% en la inversión prevista en redes de distribución y transporte, hasta los 13.590 millones. El incremento, no obstante, está condicionado a que las grandes eléctricas destinen el capital a mejorar la red.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado este viernes en Madrid la hoja de ruta del Ejecutivo para las grandes distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy) y para Red Eléctrica hasta finales de la década.

El encuentro han acudido las primeras espadas de las grandes compañías y organizaciones del sector como Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, José Bogas, presidente de Endesa, Maarten Wetselaar, CEO de Moeve (antigua Cepsa), Marina Serrano, la presidenta de la patronal eléctrica Aelec o el máximo responsable de la patronal gasista Sedigas, Joan Batalla.

“Hoy presentamos un nuevo marco para desarrollar una red eléctrica moderna que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país. Es un marco para anticipar el despliegue de redes durante esta década, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía en todo el territorio y reforzar la competitividad de nuestra factura eléctrica», ha destacado Aagesen.

El ministerio ha sacado a consulta pública la propuesta de Real Decreto este mismo viernes hasta el próximo 6 de octubre. El objetivo del Gobierno es repartir el coste de las inversiones entre más consumidores, dando cabida a la nueva demanda y reduciendo así el impacto en la factura eléctrica.

7.700 millones para distribución y 3.600 millones para transporte

Del total de las inversiones, 7.700 millones de euros al año son para las redes de media y baja tensión que se enmarcan en la distribución (y que controlan principalmente Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy y Viesgo) y hasta los 3.600 millones de euros en el caso de la alta tensión (transporte).

Cifras para que las grandes eléctricas y el gestor de la red de transporte, Red Eléctrica, puedan modernizar y desplegar más redes para habilitar nuevos enchufes a la industria y centros de datos, entre otros.

Además, hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos.

El plan del Gobierno llega tras meses de espera en el sector y después de que las principales compañías hicieran públicos, a petición del propio Gobierno y de la CNMC, los mapas de capacidad de acceso a las redes que reflejan una saturación del 83,4% para conectar a la nueva demanda.

En la actualidad, el límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución. Ahora, el Gobierno ha decidido elevar estos porcentajes un 62%, asegurando que no tendrá un impacto en la factura.

Cabe destacar que dichas inversiones son financiadas a través de los denominados peajes que todos los consumidores pagan en la factura eléctrica como costes fijos.

Las energéticas han pedido aumentar esta tasa para el nuevo periodo regulatorio, desde el 6,46% que por el momento propone la CNMC al 7,5% que consideran necesario. Este incremento del límite inversor que quiere establecer el Gobierno marca el ritmo inversor a las grandes eléctricas sin que aún se haya establecido el nuevo marco retributivo.

La capacidad disponible se multiplicará por 14

Con este nuevo plan inversor el ministerio calcula que la capacidad disponible pasará de los actuales 2 gigavatios (GW) previstos a los 27,7 GW, lo que supone multiplicar por 14 la capacidad.

Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

Ampliaciones que irán destinados de la siguiente manera: 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria (que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra), 13,1 GW para producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de datos.

En el caso de la generación, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables están alienadas con los objetivos establecidos para 2030, lo que para Aagesen demuestra que se mantiene el atractivo del país en este ámbito.

De este modo, los datos del ministerio reflejan un total de 60 GW de peticiones de nueva eólica –el doble de lo previsto en el PNIEC–, otros 150 GW de fotovoltaica –cinco veces más que en el PNIEC– y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve las previsiones del PNIEC.

La Propuesta, plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales.

Estos refuerzos, por otro lado, tienen el objetivo de mejorar la integración de las renovables y el almacenamiento previsto –incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible–, limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.

Condiciones

No obstante, el aumento a la inversión en redes va acompañado de una serie de condiciones que las empresas deberán cumplir. Así, al menos el 10% de la inversión debe ir destinada a mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas.

Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.

Hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección. También se tendrán que realizar inversiones necesarias para satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y para la descarbonización de la movilidad.

En el caso de las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.

Además, el Ejecutivo controlará el destino de las inversiones de forma que las empresas tendrán que someter sus planes de inversión a consulta pública. Además, establecerá un sistema de evaluación anualpara el cumplimiento de dichos planes, que incluirá penalizaciones en caso de incumplimientos.

De este modo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión y perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos.

Lo perderán totalmente en caso de que no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.