La amenaza del Gobierno queda en nada: Ferrovial, primera empresa receptora de fondos UE con 125 millones

La constructora española es la empresa con más adjudicaciones y subvenciones de los fondos europeos, tras una unión temporal de empresas (UTE) de Totana y otra bajo el nombre de CAF

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

EL presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en la Junta celebrada este año por la compañía en Madrid. EFE/ Javier Lizon

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Ferrovial es la empresa que más adjudicaciones y subvenciones de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España ha logrado, al obtener 125 millones de euros, según se desprende del listado que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea.

De esta manera, las reiteradas advertencias por parte de distintos miembros del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, después de que la constructora española anunciase el traslado de su sede a Países Bajos, han acabado quedando en papel mojado.

Ferrovial se sitúa a la cabeza

A pesar de que dos uniones temporales de empresas (UTEs) encabezan el listado de las 50 principales adjudicatarias de las obras y servicios financiados con los fondos europeos, una de Totana con 152 millones de euros y CAF con 124 millones de euros, la compañía presidida por Rafael Del Pino es la primera empresa con el importe más elevado.

Por detrás de la constructora española se sitúa el grupo de soluciones tecnológicas Thales España, que ha obtenido 119,7 millones de euros, pero también la UTE Canal de Acceso, que ha logrado 105 millones de euros; Sacyr-Cavosa-Taboada y Ramos, con 102 millones de euros, y el grupo automotriz Irizar, con 83,6 millones de euros.

La mayoría de los fondos se destinan a empresas públicas

El grueso más notable de las ayudas europeas ha acabado en manos de las entidades públicas, específicamente el 60%, frente al 39% que se ha destinado a las empresas privadas, tal y como reflejan los datos recogidos en el listado de los 100 grandes beneficiarios de los fondos europeos, que ha trasladado el ministerio que encabeza Nadia Calviño a Bruselas.

La mayor parte de la inversión destinada a este centenar de grandes receptores, que supone el 80% y se cifra en 4.200 millones de euros, se ha concedido a entidades públicas, de carácter estatal y municipal. Una de las empresas públicas que ha recibido una cuantía más elevada es Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias del país ha obtenido 2.552 millones de euros.

Si se pone el foco sobre las entidades locales destaca el Ayuntamiento de Madrid, que es el que ha logrado una mayor porción de las ayudas europeas. Le siguen los consistorios de capitales españolas como Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo o Málaga.

Advertencias del Gobierno

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos desató rápidamente la polémica. Una de las primeras voces en pronunciarse en contra fue la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien calificó de «errónea» la decisión de la compañía y criticó que demostraba la «falta de compromiso con España».

En la misma línea se situaron las apreciaciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Después de tildar de «inaceptable» y «mal ejemplo» el traslado, consideró una «indignidad» que una empresa española «huya a otro país por razones fiscales». Por ello, hizo una llamada a la acción: «No solo critiquemos a Ferrovial, actuemos contra Ferrovial y sus malas prácticas».

Sin embargo, la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, fue un paso más allá y pidió una «mayor contundencia» ante la salida de Ferrovial. Concretamente, se mostró partidaria de que las empresas que se lleven su sede fiscal fuera del país devuelvan las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país.

Otro de los partidos que mostró su oposición fue Más País, que registró una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para impulsar las revisiones de la fiscalidad de los países de la Unión Europea con prácticas más agresivas como Holanda o Luxemburgo, a la vez que defendieron la aplicación de sanciones a los países que fomentan la fuga fiscal, condicionando el acceso a los fondos europeos como los Next Generation.

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