Inspección de Trabajo investiga la legalidad del ERE de Unicaja

La desavenencia entre los sindicatos de Unicaja ha llevado a Inspección de Trabajo a investigar si hubo irregularidades en la negoción del ERE que el banco y la representación laboral cerraron el pasado 3 de diciembre y que supondrá la salida de 1.500 trabajadores.  

Antes de empezar el periodo formal de negociación, Sagardoy Abogados convocó a todos los sindicatos existentes -tanto en Unicaja como en Liberbank- para formar la mesa que estaría presente en el resto de reuniones. Pero ya aquí hubo problemas.  

Con la fusión de estas dos entidades, los sindicatos mayoritarios como CCOO o UGT se hicieron más grandes y ganaron presencia, mientras que otros se quedaban sin representación sindical ni respaldo jurídico para poder formar parte de la mesa negociadora. 

En este contexto, tres de los sindicatos minoritarios afectados, CSI, Sibanca y Apecasyc, propusieron asistir a las reuniones en calidad de asesores y no como miembros de pleno derecho, ya que no alcanzaban la cifra por ley para poder hacerlo. 

La mesa se compuso finalmente con 13 miembros y los asesores, pero llegado el momento de negociar “el banco advirtió que no pidiéramos intervenir porque no nos dejarían hablar”, revela José María Moreno, secretario general de Sibanca. 

“Cuando lo intentábamos nos quitaban el uso de la palabra, algo que por otra parte no tenía sentido porque la empresa nos pagaba los gastos de transporte para estar allí, pero solo como oyentes”. En una de estas reuniones protestó CESICA, otro sindicato independiente en Unicaja. 

«Quiso apoyarnos, pero el resto se puso de perfil”, así que decidieron denunciar a Inspección de Trabajo el comportamiento del banco, pero la inspección no llegó hasta la semana pasada y desde entonces se ha abierto una «guerra sindical” en la que unos defienden que se trata de un control rutinario que se realiza al acaba un ERE y otros, que se estudia minuciosamente por qué no se le dio voz y voto a estos sindicatos. 

El secretario general de Suma-T, Jesús Barbosa, asegura que se trata de una inspección de oficio donde se pregunta a todas las partes por cómo ha ido la marcha de la negociación, si se les ha dado la información suficiente o si ha habido alguna irregularidad. 

Precisamente por esto, los tres sindicatos que no votaron “no fueron citados por la inspección”, añade. En su opinión, no ha tenido que ver con la denuncia, aunque si se les preguntó por ellos. Barbosa defiende que Suma-T cedió uno de sus puestos en la mesa pero que estos no lo aceptaron y considera que se actuó conforme a la ley a la hora de no dejarles hablar.  

«Se les dejó sin voz, ni voto»

Al tiempo critica que CESICA intentara bombardear el acuerdo (ya que no lo firmó) y le atribuye la culpa del malentendido de la Inspección de Trabajo. “Dicen que es por la denuncia de los dos sindicatos, pero es falso”.  

Santiago Temprano, secretario de comunicación del sindicato CESICA, explica que desde el principio de la negociación, han sostenido que todos los sindicatos “por pequeño que fuera” tenían que estar presente, pero la mayoría no lo considero así. 

“Es cierto que no tenían derecho a voto, pero si a voz, sin embargo, se les dejó sin voz ni voto”. Por este motivo, apoyaron su denuncia. Desde CESICA afirman que esta inspección no es rutinaria y respecto a las críticas por no firmar el acuerdo, recuerda que STC, uno de los sindicatos agrupados con Suma-T “tampoco lo firmó”.   

UGT cree que si se retira el ERE, el perjuicio es mayor

Mientras Inspección de Trabajo da su “veredicto”, el miedo se ha implantado entre los sindicatos mayoritarios, como UGT, que cree que si prospera la denuncia podría ocasionarse un perjuicio mayor a la plantilla, en el caso de que se retire de este ERE y se apliquen medidas unilaterales por parte de la empresa.  

Pero Sibanca insiste en que ellos no están denunciando el ERE, sino que no se les dieran el uso de palabra y consideran que Trabajo está haciendo un informe preceptivo “que además no es vinculante”. Esperarán al dictamen, pero de momento no entra en sus planes impugnar el ERE ya que ha salido adelante con una mayoría muy holgada, superior al 70%. 

Sin embargo, sí podrían denunciar al banco por el derecho de libertad sindical. En este sentido indican que “el miedo” que se ha generado en sindicatos como CCOO o UGT tiene que ver, con la posibilidad de que se determine que “no darnos uso de la palabra sea un defecto de forma porque por ese motivo sí que tumbas un ERE aunque lo haya firmado el 99%”.   

Y recuerdan que esto ya ocurrió en 2013, cuando la Dirección General de Empleo detectó “defectos formales” en el ERTE acordado entre Liberbank con UGT y CCOO, sin el respaldo del CSIF y otros sindicatos minoritarios. “Se reunieron a las espaldas”, no cumpliendo con el principio de buena fe por el que han de regirse las negociaciones laborales y ahora ha ocurrido lo mismo, concluye.