El juicio por el ‘caso Popular’ se celebrará en el primer semestre de 2027
La vista oral del ‘caso Popular’ reunirá a exdirectivos y auditores para esclarecer la presunta estafa a miles de inversores en la ampliación de capital de 2016
Ex Sede del Banco Popular
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La Audiencia Nacional ha fijado el calendario para la vista oral contra la cúpula de Banco Popular en lo que promete ser uno de los juicios financieros más destacados de la próxima legislatura judicial. La vista incluirá a Ángel Ron, expresidente de la entidad, diez exdirectivos, dos auditores de PwC y la propia auditora, enfrentando acusaciones por presunta estafa a inversores y falsedad contable vinculadas a la ampliación de capital de 2016.
Según los magistrados de la Sección Segunda y tal y como recoge Europa Press, el juicio se desarrollará durante el primer semestre de 2027, entre el 19 de enero y el 30 de junio, con sesiones de martes a jueves cada semana, excepto del 22 de marzo al 4 de abril, aprovechando que se doblarán las salas para permitir señalamientos paralelos, una medida destinada a acelerar un proceso que se ha visto dilatado por su complejidad y extensión.
La vista oral marcará la fase final de un procedimiento iniciado hace casi diez años, cuando en octubre de 2017 se presentaron las primeras querellas. Desde entonces, la investigación ha abarcado análisis contables exhaustivos, recopilación de documentación interna y la identificación de más de 16.500 personas afectadas por la ampliación de capital de 2016.
Las acusaciones y penas solicitadas
La Fiscalía ya ha trasladado sus acusaciones, solicitando seis años, siete meses y un día de prisión para Ángel Ron. Los exconsejeros como Francisco Gómez, exvicepresidente Roberto Higuera y miembro del consejo Jorge Oroviogoicoechea también se enfrentan a penas de prisión similares por los mismos delitos. Estas solicitudes reflejan la gravedad de los cargos, centrados en la presunta manipulación contable para ocultar la verdadera situación financiera del banco antes de su venta a Banco Santander.
El juicio permitirá a las partes personadas, incluidos grandes fondos de inversión como Pimco, Anchorage y Algebris, exponer sus reclamaciones en torno a las cuantías perjudicadas y cómo se gestionó la ampliación de capital. La defensa de PwC había solicitado en septiembre de 2025 que las actuaciones regresaran a instrucción para determinar el número exacto de afectados y las cantidades reclamadas, petición que la Audiencia desestimó cuatro meses después. Según el auto judicial, la instrucción ya había clarificado con exactitud las partes afectadas, incluyendo un listado detallado de los 16.500 perjudicados.
Complejidad y logística del juicio
Los jueces destacan que la medida de simultanear dos señalamientos responde a la necesidad de gestionar la complejidad del caso, que involucra múltiples acusados y afectados, documentación contable de gran extensión y alegaciones técnicas por parte de auditores y directivos. La Audiencia Nacional subraya que esta estrategia es la mejor vía para “acometer el enjuiciamiento” y garantizar que todas las partes puedan presentar sus argumentos de manera ordenada.
El juicio, que comenzará presumiblemente en enero de 2027, tendrá una duración prolongada, dado que cada una de las partes deberá exponer evidencias y peritajes. La presencia de auditores externos y la documentación financiera detallada añade un componente técnico que requerirá sesiones meticulosas y especializadas para asegurar la correcta valoración de los hechos.
Importancia para el sector financiero
El ‘caso Popular’ no solo afecta a los antiguos directivos del banco, sino que también constituye un precedente relevante para la regulación y control de ampliaciones de capital en entidades financieras. La magnitud de los fondos implicados y el número de inversores afectados ponen de relieve la necesidad de transparencia y supervisión en operaciones corporativas de gran envergadura.
Expertos en derecho financiero señalan que el desarrollo del juicio podría influir en futuras reformas regulatorias, especialmente en la forma en que se documentan y auditan las ampliaciones de capital, así como en la obligación de informar de manera clara y completa a los inversores. La atención mediática y la implicación de fondos internacionales también convierten este proceso en un punto de referencia para la gobernanza corporativa en España.
Próximos pasos procesales
Tras la fijación del calendario, se abrirá un periodo de preparación intensiva, en el que las partes podrán presentar pruebas adicionales y los peritos financieros se encargarán de validar y contrastar la documentación contable. El auto judicial deja claro que la instrucción ya ha incluido la recopilación de todas las pruebas necesarias, pero la vista oral permitirá un examen público y detallado de los hechos.
Además, la Audiencia Nacional ha señalado que la organización de las salas y la programación de los señalamientos paralelos garantizará que el juicio se desarrolle sin interrupciones y con seguridad jurídica para todas las partes. Se espera que, una vez comenzado, el procedimiento sea seguido de cerca tanto por los medios especializados como por los inversores afectados.
Un proceso largo pero decisivo
El juicio del ‘caso Popular’ será, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de la supervisión financiera española. Más allá de las penas solicitadas, el desarrollo del proceso permitirá aclarar responsabilidades y establecer precedentes sobre la transparencia en la gestión bancaria y el trato a los inversores.
Con el inicio previsto para el primer semestre de 2027, la atención se centrará en los exdirectivos, auditores y las decisiones corporativas que llevaron a la situación que derivó en la venta del banco. La decisión judicial final podría tener repercusiones en la legislación futura, la práctica contable y la gobernanza corporativa, consolidando este juicio como un hito en la justicia económica española.
