La Seda de Barcelona acumula nuevos querellados

Un grupo de accionistas minoritarios actúa contra todos los miembros del consejo de administración entre 2006 y 2008 cuando estaba presidido por Rafael Español

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Los accionistas minoritarios de La Seda de Barcelona (LSB) confían en sentar en el banquillo de los acusados a todos los miembros de su consejo de administración entre los años 2006 y 2008 cuando estaba presidido por Rafael Español.  

Un juzgado de instrucción del Prat de Llobregat ha admitido a trámite una solicitud de ampliación de querella interpuesta por la Asociación Unidos por la Seda, que reúne cerca de 500 pequeños accionistas de toda España, según informa su presidente, Juan Justo de Frutos.  

Unidos por la Seda solicitó ampliar la querella que presentó hace cinco años la Fiscalía para incluir a veinte destacados directivos empresariales, que formaron parte del consejo de administración de LSB, así como a una decena de corporaciones como responsables civiles subsidiarias. Entre estas firmas se encuentra Horwath Auditores, Caixa Geral de DepositosIbersuizas y Oman Oil Holdings Spain.  

Rafael Español aceptó el año pasado una pena de menos de dos años de prisión

Hasta ahora, Rafael Español es el único miembro del consejo de administración de la Seda en la etapa del 2006 al 2008 que figura como acusado en diversas operaciones de descapitalización que provocaron «importantes quebrantos» en los activos de la compañía química, según los escritos de la Fiscalía. El año pasado, en el primer juicio por el desfalco de La Seda, Español aceptó una sentencia de conformidad por la que fue condenado a un año, once meses y quince días de prisión, que al ser menos de dos años le evitó el ingreso en un centro penitenciario.  

Unidos por la Seda pretende que todos los miembros del consejo comparezcan en el banco de los acusados junto al que fue su presidente, Rafael Español, por los presuntos delitos de falsificación de cuentas en concurso medial con el de estafa agravada. Los accionistas minoritarios consideran que el consejo de administración y el comité de auditoría eran responsables de la contabilidad y de la situación financiera de la compañía. Como acusación particular, piden para todos ellos una fianza conjunta de 22 millones de euros.  

El juicio por la operación Túnez-Rusia comienza el próximo 28 de marzo

Desde Unidos por la Seda se reconoce que, aunque consigan su propósito, aunque el juzgado de instrucción del Prat de Llobregat acabara procesando todos los consejeros de aquella etapa, se librarían del juicio por las dos primeras piezas separadas del desfalco de La Seda: la ‘operación Túnez-Rusia’, que ya está señalada en la Audiencia de Barcelona para el próximo 28 de marzo; y la ‘operación Jatroil’, de la que se ha cerrado el sumario.  

Tan sólo deberían responder, si así lo decidiera el juez, por las dos últimas piezas: la ‘operación de licencias tecnológicas’, que según los querellantes supuso el ingreso ficticio de 100 millones de euros en 2007, con lo que La Seda cerró aquel ejercicio con unos beneficios de 15 millones cuando se registraron unas pérdidas de 85 millones; y la ‘operación acciones propias’, consistente en compraventas de títulos que supuestamente ocasionaron un quebranto de 8,3 millones de euros en 2008.

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