Los impagos de ayuntamientos alicantinos asfixian a la mayor constructora murciana

La Generala, la mayor constructora murciana, afronta la recta final de su batalla parar evitar el concurso de acreedores, que sería uno de los más grandes en la historia de la Región. Las cantidades son astronómicas: 80 millones de euros deben al grupo diversas administraciones públicas, principalmente distintos ayuntamientos alicantinos aunque también las autonomías de Murcia y Valencia. Más o menos una cantidad similar debe la compañía, la mayoría a los bancos acreedores y unos 15 millones de euros a proveedores –algunos de ellos de renombre como FCC, a quien se le adeuda medio millón de euros–.

El grupo posee más de 20 empresas filiales y ha llegado a dar trabajo a 1.200 personas de forma directa. En la actualidad sólo quedan 500 en plantilla, que además han tenido que soportar una bajada en el sueldo del 10% de media en 2011. Sus actividades las ha realizado principalmente con el sector público murciano y alicantino, que desde el principio de la crisis y especialmente el año pasado ha dejado por completo de pagar sus facturas.

Trabajo contrarreloj

La empresa se encuentra en preconcurso desde el pasado 10 de noviembre y tiene un plazo de cuatro meses que expiran a principios de marzo para conseguir renegociar al menos el 60% de su deuda. Los departamentos administrativos trabajan contrarreloj ‘endosando’ facturas que les deben entidades públicas directamente a sus proveedores para que estas administraciones se entiendan con ellos y liberarse así de la deuda. Fuentes de la empresa han asegurado a Economía Digital que por el momento están negociados 6 de los 15 millones de euros que se debe a proveedores y que el ritmo está siendo satisfactorio.

La banca es otro cantar. La empresa tiene contraidas deudas con entidades como Banco Pastor, Popular, Banesto e incluso con los intervenidos Banco de Valencia y CAM. Las entidades quieren cobrar cuanto antes sus préstamos, aunque desde La Generala se asegura que «en estos momentos no hay liquidez para hacerles frente, tan sólo disponemos de las certificaciones públicas de que nos pagarán pero que no son dinero líquido». Un problema de liquidez que se muerde la cola. Desde la empresa se asegura que su actividad sigue siendo viable, con concesiones de importancia como el cuidado de las medianas de la ciudad de Murcia (450.000 habitantes). Muchos de los proyectos de edificación no han tenido el resultado esperado por lo que, de sobrevivir, en La Generala se apuesta por un back to basics que les lleve a dedicarse de nuevo al negocio que mejor saben hacer y para el que nacieron.

Creciendo a la sombra del PP

La Generala era hasta hace no mucho una empresa dedicada a los viveros. Durante años ha sido considerada la constructora oficial del PP de la Región de Murcia, en el gobierno autonómico desde 1995. Su presidente es Manuel Martínez Ortuño, miembro también de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). A un crecimiento vertiginoso le ha seguido un ajuste radical en cuanto la crisis de las administraciones públicas ha empezado a afectarle. Por poner un ejemplo, la compañía ha pasado de tener 400 coches en leasing a poco más de 150 (contratados con Lease Plan e ING).

Un hito clave en el via crucis que está viviendo esta compañía fue la paralización de las obras del parking subterráneo de San Esteban, en pleno centro de la capital murciana. «Este era un proyecto de 30 millones de euros para construir un parking junto a El Corte Inglés de la ciudad. De ese parking ya teníamos todas las plazas reservadas antes de empezar», aseguran desde la compañía. Pero por el camino se ‘cruzó’ un yacimiento arqueológico que paró las obras primero temporalmente y luego de forma definitiva. Todos los costes del proyecto truncado han sido pagados por La Generala, para la que «el fracaso de este proyecto ha sido la puntilla».

El año pasado Intersa, la otra gran constructora de la Región, tambíen solicitó el concurso de acreedores. Pero en este caso la administración del PP pondrá más carne en el asador si cabe para evitar un nuevo descalabro que siga minando la imagen de Murcia, uno de los territorios que con más esquizofrenia ha vivido la burbuja inmobiliaria.