El Gobierno de Javier Milei dice que sufre un «hostigamiento sistemático» por el caso YPF
El Gobierno de Milei se resiste a acatar la sentencia de 2023 que condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones por la irregular expropiación de Repsol, en 2011.
El presidente de Argentina, Javier Milei. Cristina Sille/dpa
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El Gobierno argentino de Javier Milei se queja de estar sufriendo un «hostigamiento sistemático» por el caso YPF, en el que el país ha sido condenado a indemnizar con más de 16.100 millones de dólares a las empresas que perdieron su inversión en la irregular expropiación de la petrolera argentina a la multinacional española Repsol, en 2011.
La Procuración del Tesoro de Argentina sostiene en un comunicado publicado hoy miércoles que los demandantes en este caso están requiriendo una serie de medidas que atentan contra la soberanía y las relaciones internacionales.
«El hostigamaiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos mediante pedido de discoverys intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la busqueda de activos ejecutables, constituye una afectación directa a la soberania argentina y las relaciones internacionales», dice el organismo argentino.
En septiembre de 2023 la Juez Loretto Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, condenó a Argentina a pagar dicha indemnización de 16.100 millones.
Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las sociedades domiciliadas en Madrid de la familia argentina de banqueros Eskenazi, que tenían el 25% de la petrolera argentina YPF cuando fue expropiada, percibirán 14.385 millones de dólares, de los que 7.533 lo son por daños y 6.582 millones por intereses del 8%.
Las sociedades españolas, financiadas en este largo proceso por el fondo estadounidense Burford, llevan más de dos años tratando de ejecutar aquella histórica sentencia de Nueva York, sin éxito.
Como ha publicado hoy este diario, la representación legal de las empresas españolas reclaman a la Justicia de Estados Unidos una sanción de un millón de dólares diarios a Argentina y que el país sea declarado en desacato.
Durante el proceso han solicitado también diversos discovery, que significa una presentación transparente de las comunicaciones entre funcionarios argentinos que hayan afectado a este caso. Además han requerido información sobre activos públicos de Argentina que puedan ser embargables en ejecución de la sentencia de 2023.
El Gobierno de Milei dice ahora que en todo momento ha tratado de colaborar con la Justicia estadounidense.
«A diferencia de administraciones anteriores que fueron declaradas en desacato«, dice el comunicado de la Procuración del Tesoro de Argentina, «este Gobierno siguió plenamente con el proceso de discovery ordenando en esta causa, cumplió con todas las obligaciones impuestas por el Tribunal y realizó un esfuerzo extraordinario (…)».
El Ejecutivo argentino asegura que ha entregado más de 115.000 páginas de documentación. «Pese a ello los demandantes no lograron identificar un activo embargable», subraya la Procuración del Tesoro.
En las últimas semanas, lamenta el Gobierno de Milei, Burford ha escalado «la presión con una solicitud de desacato y pedido de reservas de oro del país».
«El incumplimiento de la República es intencional y de mala fe», dicen los demandantes
«De este modo», lamenta, «el discovery impulsado y ordenado por el Tribunal se ha transformado en una herramienta de hostigamiento ilegítimo destinado a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino«.
El comunicado termina diciendo que, en este contexo, «Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance para proteger su soberanía, defender el estado de derecho y poner freno a los pedidos ilegítimos».
Los demandantes aseguran, como ha publicado este diario, que, en lugar de cumplir con la sentencia de Nueva York, Argentina «se ha resistido a prácticamente todos los esfuerzos por ejecutar cualquier parte de esa sentencia no suspendida, recurriendo a demoras persistentes y artimañas judiciales».
«El incumplimiento de la República es intencional y de mala fe«, afirman.
De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso consultadas por este diario, los próximos días se celebrarán audiencias en el Juzgado de Nueva York; el 19 de febrero Argentina presentará ante la Juez sus alegaciones, y el 5 de marzo será el turno de los demandantes.
