Naturgy afronta 2024 con el contrato de gas con Sonatrach en el aire y el ‘Proyecto Géminis’ en la nevera

Con los focos mediáticos centrados en otro sector, la principal gasista española cierra 2023 dejando abiertos importantes retos para el próximo ejercicio

Naturgy

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. EFE/ Sergio Pérez

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Naturgy ha tenido un año tranquilo. Con los mercados energéticos, tanto eléctrico como de gas, con una vuelta a la normalidad, ha podido centrarse en su impulso renovable. Pero tiene dos cuestiones vitales para la compañía, el contrato de gas con Sonatrach y el ‘Proyecto Géminis’, que no acaba de cerrar.

El primer tema que debe resolver cuanto antes es el coste del contrato de abastecimiento de gas con su socio argelino. La compañía presidida por Francisco Reynés tiene pendiente cerrar el precio por el suministro de gas que trae desde Argelia para los próximos dos ejercicios (2023-2024). Una situación que, hasta ahora, ha estado marcada por los precios internacionales del gas. Y, lo que es más importante, cómo se comportará su cotización.

Sobre esa cuestión, el suministro, no existe ningún problema. De hecho, el contrato que tiene firmado Naturgy con Sonatrach supone compromisos firmes de volumen, tanto de suministro para la compañía argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas ‘take or pay’ (que obligan a pagar aunque se renuncie al gas).

De esta forma, lo que se debe cerrar es el pago por el trienio 2022-2024. Así, en octubre de 2022, y de forma retrospectiva, ambas compañías cerraron un acuerdo para el primero de los ejercicios. Y ahí se quedó la cosa.

En esos momentos existía una gran volatilidad en los precios del gas, y ese fue uno de los argumentos para que no se fuese más allá con el contrato. Ambas partes aceptaron la situación, y quedaron en cerrar el acuerdo por lo que restaba de trienio en los siguientes ejercicios. Sin embargo, pasados los meses, la situación está pausada. Algo, explican fuentes del mercado a este medio, que se debe a los precios del gas y, sobre todo, a cómo será su comportamiento en los próximos trimestres. Algo que influye de manera directa en la negociación.

El último capítulo ha sido la reunión de Francisco Reynés, en Argelia, con el nuevo presidente y consejero delegado de Sonatrach, Rachid Hachichi. El objetivo era continuar con las negociaciones sobre el precio del gas que compra Naturgy.

Hachichi es el nuevo primer ejecutivo de Sonatrach desde este octubre, ya que el presidente de Argelia, Abdelamdjid Tebboune, destituyó a su antecesor, Toufik Hakkar, por lo que se trata del primer encuentro de Reynés con el nuevo presidente de Sonatrach.

Durante este encuentro, las dos partes discutieron las relaciones de asociación entre las dos compañías que forman parte de los contratos a largo plazo para la compra y venta de gas natural.

La empresa argelina expuso que ambas partes habían acordado «continuar las conversaciones sobre temas de interés común, especialmente en los ámbitos del suministro de gas natural y de las energías nuevas y renovables».

Sobre la división de la compañía

En cuanto a la segregación de la compañía en dos -el denominado ‘Proyecto Géminis’-, sigue en la nevera. Es cierto que trascendió hace unos meses que IFM reafirma su apuesta pese a todo. Pero las explicaciones sobre la evolución cada vez se hacen más necesarias, sobre todo, porque Naturgy no ha conseguido que el Gobierno ofrezca su apoyo incondicional a la operación.

De hecho, hace meses la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicaba en una entrevista con el diario Cinco Días que le preocupaba que pudiera «haber operaciones corporativas que pongan en riesgo los objetivos estratégicos que se había planteado la propia compañía y que aparecen reflejados en esas condiciones que el Gobierno impuso al fondo IFM. Son la reinversión y la contención en la distribución de beneficios».

Cuando el fondo de inversión lanzó la opa sobre Naturgy se activó parte del ‘escudo antiopas’, y se pusieron unas condiciones. Y, de esta parte, el Gobierno entiende que debe vigilar para que todo se cumpla.

Existen otras derivadas que se mezclan sobre la segregación de activos y la entrada de potenciales nuevos accionistas. Naturgy cobra unos ingresos regulados por su negocio de distribución, y éstos, aunque dependen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al menos el cálculo, el Gobierno quiere que haya control y orden sobre quiénes serán los inversores de las compañías resultantes.

Bajo este escenario, el condicionante que debe explicar Naturgy es la posición tan dura que tiene el Gobierno y que, además, ha mostrado ahora también en la reciente operación con Telefónica –en la que finalmente se ha convertido en máximo accionista-.

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Raúl Masa

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