Prisa asumirá los costes si Santillana pierde el juicio con la CNMC

La compañía acordó responsabilizarse de cualquier pasivo derivado del proceso judicial que sigue en manos de la Audiencia Nacional

Imagen de los exteriores de la sede de Prisa

La sede de Prisa

La venta de Santillana España fue un verdadero punto de inflexión para Prisa. Tras varios años de tira y afloja dentro de la compañía sobre si mantener o desprenderse de la joya de la corona, el editor de El País optó por deshacerse de su negocio en España. La solución le reportó una gran plusvalía que le ha servido para salvar los resultados de 2020

Pero la venta de la compañía se cerró con una serie de condiciones. Y una de ellas, de acuerdo con los términos del contrato de compraventa firmado entre las partes, es que Grupo Santillana Educación Global SL otorgaba “indemnidad” a Sanoma por el proceso judicial pendiente de resolución que ha llevado al grupo de educación a enfrentarse con Competencia en los tribunales.

En la práctica, esta condición supone que cualquier pasivo que se produzca de este contencioso, todavía abierto, recaerá sobre Prisa y no sobre el grupo finlandés, que desembolsó 465 millones de euros por la compañía de referencia en el sector educativo.

2019, inicio del conflicto

El conflicto arrancó hace dos años, con Santillana España todavía bajo el paraguas de Prisa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras analizar una denuncia de la editorial catalana Vicens Vives, resolvió el 30 de mayo que algunas compañías competidoras habían cometido infracciones muy graves contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En concreto, la CNMC apuntó a varios grandes grupos editoriales de libros de texto (Grupo SM, Grupo Anaya y Bromera, entre otros) y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE). El motivo: supuestas prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los libros de texto a niveles no universitarios.

Esta presunta infracción llevó al regulador a imponer una sanción acumulada de 9,2 millones de euros solo para Santillana (la sanción conjunta fue de 33,8 millones de euros). Como respuesta, el 19 de julio de ese mismo año Prisa se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución ante la Sección Sexta de la Audiencia Nacional y solicitó la suspensión de la resolución durante el tiempo que durase el procedimiento. 

El proceso judicial ahora mismo está en la recta final, pendiente de señalamiento para votación y fallo. 

El proceso continuó el pasado año. En abril, Santillana, junto al resto de compañías expedientadas por Competencia, solicitaron la nulidad íntegra de la resolución y de la sanción impuesta o, por contra, una reducción significativa. El proceso ahora mismo está en la recta final, pendiente de señalamiento para votación y fallo. 

A este respecto y a falta de conocer el futuro de la batalla judicial, Prisa informó ayer, miércoles, en la documentación presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “los administradores y los asesores legales internos y externos del grupo no consideran probable que se deriven pasivos significativos no registrados” de este procedimiento.

La venta de Santillana, crucial para los resultados

La venta de Santillana España ha sido un balón de oxígeno para las cuentas de Prisa. Con el negocio de la compañía en plena caída por la crisis del coronavirus, la operación reportó unos extraordinarios de 350 millones de euros con motivo de la plusvalía de la venta a Sanoma. 

La operación provocó que, a diferencia del año anterior, la compañía no cerrara el ejercicio con pérdidas (en 2019 perdió 182 millones de euros). Pero realidad es que los ingresos cayeron en todas sus unidades de negocio: radio (-32%), prensa (-21,9%) y educación (-26,4%).