Anticorrupción regaña a los imputados por las ‘tarjetas black’: «Ser consejero es serio»
La Fiscalía responde de este modo al recurso de dos sindicalistas acusados de supuesta apropiación indebida
La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a antiguos miembros del consejo de Administración de Caja Madrid que se encuentran imputados en la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas black: «Ser consejero es un asunto serio y no se trata de rellenar el consejo con personas dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos».
Así figura en el escrito presentado por el fiscal Alejandro Luzón contra los recursos interpuestos por los ex consejeros Gonzalo Martín Pascual y Rodolfo Benito contra su citación como imputados por indicios de delito de administración desleal y apropiación indebida.
Alegaciones «absurdas»
El representante del Ministerio Público defiende que el juez Fernando Andreu ha acordado sus comparecencias cumpliendo todos los trámites procesales y sin ocasionar «merma» alguna en sus derechos fundamentales. Recuerda que sus interrogatorios no afectan al ejercicio de sus derechos, entre los cuales pueden interesar el sobreseimiento de la causa.
Además, tilda de «absurda» la alegación de varios exconsejeros argumentando que nunca fueron recriminados, sancionados o apercibidos por los máximos responsables de Caja Madrid en el uso de las ‘visa’ opacas. «La alegación deviene absurda desde el momento en que fueron presuntamente dichos máximos responsables quienes decidieron su emisión y entrega y ellos mismos eran también usuarios de las tarjetas», expone.
Luzón pone de relieve que «no consta» que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de las circunstancias de la emisión de las tarjetas, su finalidad y su opacidad fiscal, «siendo en todo caso irrelevante, fuera del ámbito tributario, la consideración que la Administración Tributaria concediera a las mismas de cara a la existencia de un posible delito de administración desleal».
Recursos de dos sindicalistas
El fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo para dejar claro que los administradores deben ser capaces de identificar los «asuntos clave» que afectan a la entidad al margen de que las facultades de administración se encuentren delegadas.
«Las leyes mercantiles, los códigos de buen gobierno corporativo, la normativa mercantil imponen unas estrictas obligaciones de vigilancia puesto que ‘ser miembro de un Consejo de Administración es un asunto serio’ y ‘no se trata de rellenar el Consejo con personas dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos'».
Así se pronuncia frente a los recursos interpuestos por el ex secretario de política regional de UGT en Madrid, Gonzalo Martín Pascual, y el representante de CCOO Rodolfo Benito, que cargaron 129.700 y 140.600 euros, respectivamente.
