La Abogacía del Estado recela de las pérdidas millonarias de Alcoa
Tanto los sindicatos que solicitan la paralización del ERE como la Abogacía del Estado dudan de las pérdidas de un millón/semana que defiende Alcoa
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió esta jornada la vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores en la fábrica de Cervo (Lugo). Las centrales sindicales, CIG, CCOO y UGT, junto al propio comité de empresa pretenden impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis. En el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas».
El jefe de la sala, el juez José Manuel Mariño Cotelo, se pronunciará en los próximos días. De momento, en esta jornada, Alcoa ha dejado claras cuáles son las cartas que pretende jugar en todo este proceso. La compañía defiende que no hay «mala fe» en el proceso de ERE puesto en marcha ya que las condiciones económicas la obligan al mismo. «La planta de San Cibrao perderá 58 millones de euros a finales de 2020«, insistió, 170 en el cómputo general de los últimos tres años. Además, una y otra vez, ha insistido en que mantener abierta la planta con las cubas de electrolisis funcionando genera unas pérdidas 1 millón de euros semanales, una cantidad que no solo ha sido puesta en duda por los sindicatos demandantes, sino también por la propia Abogacía del Estado, personada en representación del Ministerio de Industria.
¿Intervención?
El abogado indicó, en la exposición de conclusiones finales, que a lo largo de la vista, y aunque lo que debate en este momento no es su situación económica, «Alcoa no ha dado datos claros» con los que justificar los altos costes que acredita. Así, recordó que durante la mesa de negociación institucional se planteó realizar un due diligence con la que analizar, realmente, los costes de producción en la factoría de Lugo, un extremo al que Alcoa se habría negado.
El Estado, que ha indicado mediante su abogado y a preguntas de la parte demandada, que en esta vista no se dirime sobre posibilidades encima de la mesa como la intervención de la factoría, sí ha solicitado a Alcoa que ponga en suspenso el ERE y la parada de cubas solo durante dos meses, hasta que la justicie se pronuncie sobre el propio expediente laboral.
Por su parte, el letrado que representaba a la Xunta, presente como autoridad en materia laboral, recordó que Inspección Laboral realizó hasta 10 advertencias acerca del ERE presentado por Alcoa a 524 trabajadores de la fábrica, algo que es «motivo más que suficiente para que la justicia apruebe estas medidas cautelares».
La «mala fe» de Alcoa
A lo largo de las casi ocho horas de vista, tanto demandantes como acusado dejaron bien clara su postura. La acusación insiste en que Alcoa actúa de mala fe con el ERE en marcha ya que existe voluntad acreditada por parte del Gobierno de ofrecerle una tarifa eléctrica de entre 25 y 35 euros el megavatio y porque «no tiene sentido despedir a gente cuando hay una empresa interesada que ha hecho una oferta por la planta. Además, aseguran que la compañía mantierne fuera del ERE el 15% de la plantilla de la factoría de aluminio primario de San Cibrao para evitar, según la legislación vigente, tener que devolver las ayudas millonarias recibidas del Estado de C02.
Alcoa, sin embargo, no solo niega la mayor, si no que se ha presentado ante el juez como una suerte de víctima de las presiones tanto de los trabajadores como del Estado que la quieren obligar a vender «sí o sí» a Liberty House, vulnerando el derecho de libertad empresarial.
