El Poder Judicial avala indemnizar a un político imputado por la jueza De Lara

Los macroprocesos judiciales impulsados en su día por la jueza Pilar de Lara siguen trayendo cola. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe en el que reconoce que la administración de justicia tuvo un “funcionamiento anormal” con respecto al exconselleiro de Innovación e Industria con el bipartito y exdiputado del BNG Fernando Blanco, quien abandonó la política al ser imputado en una causa judicial instruida por la jueza De Lara que fue archivada años después. De este modo, avala que sea indemnizado.

Tras su imputación por la causa iniciada en 2012, Fernando Blanco abandonó la política y a partir de 2014 reclamó el archivo de la causa contra él, sobre la base de informes policiales, pese a lo cual se mantuvo imputado seis años en la denominada Operación Campeón.

Dilaciones en el archivo de la causa

Según el informe del CGPJ, que adelantó este viernes El Progreso, el órgano de gobierno se pronuncia favorablemente a la petición de Fernando Blanco para que se responda patrimonialmente, es decir, con una indemnización, las dilaciones en el archivo de su causa.

Su abogado, Xoán Antón Pérez-Lema, explica que desde 2014 había informes que ya apoyaban el archivo de la causa pero se mantuvo abierta cuatro años más hasta que la Audiencia Provincial falló el sobreseimiento de la causa.

Responsabilidad patrimonial

El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial es un derecho que, ha explicado el abogado, no es habitual, puesto que los procedimientos de las causas están sostenidos sobre la ley procesual. Sin embargo, en este caso, y desde 2014, «se continuó con una investigación prospectiva» pese a que «no había ningún material», ha indicado en referencia a Pilar de Lara, de quien recordó que fue «sancionada» por el poder judicial por «retrasar negligentemente o maliciosamente el inevitable sobreseimiento» de la causa contra Fernando Blanco.

Más de 200.000 euros

Tras el informe del CGPJ, ahora es turno para el Ministerio de Justicia, que debe resolver si finalmente se otorga la indemnización, y es que la decisión no es vinculante. La defensa del expolítico ha reclamado 232.528,33 euros, pero la propuesta del consejo no hace ninguna estimación sobre la compensación patrimonial.

En todo caso, la defensa estima que la resolución será positiva y que la única discrepancia puede residir en las cuantías. En todo caso, la defensa del expolítico, indica que se trata más de una cuestión “cualitativa que cuantitativa” ya que el hecho de reconocer este funcionamiento “anormal” respalda su proceder en la política.

En la resolución, el Consejo General del Poder Judicial concluye que se ha producido un «funcionamiento anormal» de la administración de justicia en el procedimiento en el que se reclama una responsabilidad patrimonial.

“Funcionamiento anormal”

«Se desprende que la instrucción sufrió continuas paralizaciones desde el año 2013 y se desprende también los injustificados retrasos a la hora de proveer las peticiones de sobreseimiento del reclamante (Fernando Blanco), que constituyen una indebida dilación y, por ende, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», recoge en sus argumentos el informe, que apunta que no procede pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización.

El informe habla de que la instrucción estuvo «plagada de demoras retrasos injustificados». También indica que, si bien en sí misma la reparación económica no es un derecho constitucional, sostiene que esta petición sí puede estar fundamentada en el propio marco constitucional, en el que se recoge (entre otras cuestiones) el derecho a un proceso «sin dilaciones».