El extraño empecinamiento de Ciutadans con Antifraude

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15 de abril de 2013 (16:17 CET)

La diputada de Ciutadans Carina Mejías parece haber tomado la Oficina Antifraude de Catalunya como el principal objetivo de su actuación política inmediata. En los primeros días del mes introdujo en la sede de la oficina una batería de preguntas. Preguntaba qué actuaciones llevaba a cabo la institución, dependiente del Parlament, para prevenir la corrupción en Catalunya.

La actuación de Mejías parece estar dirigida a desacreditar a la entidad a la vista del impacto mediático perseguido por la diputada del partido de Albert Rivera. Accedió a las instalaciones del organismo con la bateria de preguntas y fotógrafos para captar el momento. Los medios proclives a Ciutadans se han hecho eco del show de la parlamentaria, al que también se ha sumado otro medio crítico con Antifraude. En general, no obstante, la iniciativa ha pasado desapercibida.

El caso, que tenía visos de ser una mera anécdota, ha acabado originando la respuesta del director de la institución, Daniel de Alfonso. Antifraude se sorprende del ensañamiento del único partido parlamentario catalán que, pese a su discurso regeneracionista, no ha presentado ninguna denuncia ante el organismo independiente. También considera poco serio el desconocimiento de la ley por parte de Mejías. “La mayor parte de sus peticiones de información están colgadas en las memorias de nuestra página web”, aseguran desde el organismo.

Información regulada


De Alfonso sólo pretende cumplir las reglas: comparece en el Parlament cuando cualquier grupo parlamentario así lo solicita. La Oficina Antifraude se ampara en la ley y en las normas que regulan su actuación, por eso considera incorrecto responder a la diputada y no al conjunto de grupos. “El precio de la independencia son algunos de estos estrambóticos movimientos”, señalan fuentes próximas a la institución.

Desde su puesta en servicio, Antifraude ha iniciado múltiples investigaciones sobre asuntos relativos a la corrupción en el ámbito del sector público. Entre los más destacados figuran el llamado caso Bagó, que afecta al grupo empresarial Sehrs, y los presuntos tratos de favor que recibe Telefónica por parte de la administración catalana en las concesiones y concursos de tecnologías de la información.
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