El caso Pujol se lidiará por la vía procesal más que por la penal. Los abogados del ex presidente de la Generalitat y de la mayoría de sus hijos esperan que, como mínimo, la juez de instrucción número 31 de Barcelona archive todos los elementos que no sean delito fiscal.
Las diligencias hasta ahora llevadas a cabo sólo han evidenciado la poca munición incriminatoria de que dispone la fiscalía. Pasan los días y no fructifican los intentos de Anticorrupcion por conseguir la «revelación» que haga volar por los aires el caso.
Los fiscales intuyen que la segunda comisión rogatoria solicitada por la juez barcelonesa a las autoridades andorranas será denegada por los mismos motivos que la primera: falta de fundamentación jurídica y fáctica. La música que llega desde el Principado no tiene partitura.
La juez no podrá sostener sine die las imputaciones a la espera de que acabe cayendo del cielo, como por arte de magia, la noticia criminis que muchos esperan.
Por tanto, el debate o el desenlace, está en un terreno procesal, más que en el puramente penal.
Otra comisión rogatoria, pedida en este caso por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sí que parece que se resolverá positivamente. Esta vez, la música que llega de Andorra es rock del duro.
Se trata de la rogatoria que el magistrado Pablo Ruz envió a diversos paraísos fiscales (Andorra, entre ellos), sobre las cuentas bancarias y los movimientos financieros del primogénito del ex presidente, Jordi Pujol Ferrusola.
En círculos próximos a la familia Pujol, no se esconde una palpable preocupación por lo que averigüen los fiscales andorranos a petición de sus colegas de la Anticorrupción española
Lo que aparezca (una rogatoria mejor fundamentada en los jurídico y en lo fáctico que la tramitada desde Barcelona) escocerá y obligará a las partes a tomar un partido procesal necesariamente estratégico que sirva para finiquitar el caso o, por el contrario, para poner a los Pujol entre la espada y la pared.
