El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

Las principales consultoras y organizaciones que trabajan en el sector de los asuntos públicos celebran la decisión del Gobierno de acelerar la tramitación de la Ley de Transparencia e Integridad de la Actividad de los Grupos de Interés, con el objetivo de que pueda aprobarse en este período de sesiones.

Según la información trasladada por el Gobierno a APRI (Asociación de profesionales de las relaciones institucionales), el Ejecutivo tiene intención de que la norma quede aprobada este año como una de las medidas principales de su Plan de Acción por la Democracia.

El sector considera que se trata de una oportunidad histórica para dotar a España de una normativa equiparable a los grandes referentes europeos en materia de regulación del lobby. Desde Acento, su presidente, Alfonso Alonso, indicó que “la decisión del Gobierno de acelerar la tramitación es una señal clara de compromiso con la regulación de los grupos de interés. Ahora el reto es que esa rapidez vaya acompañada de la ambición necesaria para situar a España entre los países más avanzados en transparencia y buen gobierno”.

En la misma línea, el presidente de Vinces, David Córdova, subrayó que “es una exigencia y todo lo que regule la transparencia, pero sobre todo el derecho fundamental a la participación siempre será bienvenido, sin olvidar que el principal instrumento de la lucha contra la corrupción es el Código Penal. Es atender a una demanda del sector desde hace más de 15 años y nos pondría al nivel de Bruselas”.

Por su parte, el presidente de AP Institute, Joan Navarro, señaló que “la aceleración del calendario confirma que estamos ante un momento histórico: es el tiempo de consolidar un marco claro de actuación que refuerce la transparencia y ponga a los asuntos públicos al servicio del interés general”.

La norma, cuyo anteproyecto fue aprobado en enero de 2025 por el Consejo de Ministros y remitido posteriormente al Congreso de los Diputados, prevé la creación de un registro público de grupos de interés, la obligación de elaborar informes de huella legislativa en cada propuesta normativa y un régimen sancionador proporcionado en caso de incumplimiento.

PROPUESTAS DEL SECTOR

Durante el proceso parlamentario, las principales firmas y asociaciones del sector están intensificando su interlocución con los grupos parlamentarios y con el Ejecutivo, con el objetivo de reforzar la ambición de la futura norma. Uno de los puntos centrales es la extensión de las obligaciones de transparencia a los diputados y senadores, lo que permitiría que no solo el Gobierno y la Administración General del Estado estuvieran sujetos a controles, sino también el poder legislativo. Con esta medida se busca garantizar la trazabilidad completa de la actividad de influencia a lo largo de todo el proceso normativo, desde la elaboración inicial de los textos hasta su aprobación final en el Parlamento.

Otra de las propuestas más señaladas ha sido la incorporación de sindicatos, colegios profesionales y organizaciones sectoriales en la definición legal de grupos de interés. Actualmente, en ausencia de una referencia explícita, estos actores pueden quedar fuera del marco de regulación pese a su papel habitual en la interlocución con las administraciones. El sector defiende que reconocerlos como lobbies legítimos evitaría vacíos normativos y aseguraría que todas las formas de influencia se desarrollen con las mismas reglas de transparencia.

Asimismo, el sector plantea la creación de un sistema para que las agendas de las autoridades y altos cargos, así como las actas de las reuniones mantenidas con grupos de interés, se publiquen y actualicen en tiempo real o con la mayor inmediatez posible. De este modo, la ciudadanía tendría acceso en todo momento a una huella pública y verificable de las interacciones que influyen en la toma de decisiones, reforzando la confianza en las instituciones y reduciendo cualquier percepción de opacidad.

El Gobierno enmarca este proyecto de ley en el Plan de Acción por la Democracia, que agrupa 31 medidas destinadas a reforzar la calidad democrática en España. Entre ellas figuran la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la celebración anual del Debate del Estado de la Nación, la regulación de los debates electorales y la reforma de la publicidad institucional. La regulación de los lobbies constituye uno de los pilares de este plan, al situar la transparencia y la trazabilidad de la actividad de influencia como elementos centrales para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

“Con el compromiso del Gobierno de acelerar la aprobación de la ley y el respaldo de las principales consultoras del sector, España avanza hacia un marco normativo que refuerza la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el proceso democrático”.