Correos: el Estado paga la ronda… y la banca brinda

El Congreso acaba de aprobar el paquete de 2.000 millones de euros que blindará a Correos hasta 2030, le permitirá abrir cuentas de pago en los pueblos sin banco y, de paso, renovará su designación como operador del Servicio Postal Universal (SPU) otros cinco años… sin licitación.

Sobre el papel suena a ‘buenismo territorial’. Bajo el microscopio jurídico parece otra cosa: una ayuda de Estado indirecta a la banca y un salvavidas opaco para la empresa postal.

Una obligación bancaria que ya estaba pagada, porque desde 2017 las entidades de crédito están obligadas a ofrecer una ‘cuenta de pago básica’, accesible y de bajo coste, en cualquier punto del país tal, como establece el RDL 19/2017, que traspone la Directiva 2014/92/UE.

Si los bancos incumplen, el supervisor debe multarles; lo que no cabe es socializar ese coste vía Correos.

Trasladar al contribuyente lo que es una carga regulatoria privada encaja en la definición de “ventaja económica” del artículo 107 TFUE: ayuda de Estado prohibida.

El “SIEG” es una coartada para beneficiar con ayudas de estado ilegales e incompatibles a Correos y la banca, por lo que es un riesgo de error manifiesto.

El Gobierno rebautiza la inclusión financiera rural como Servicio de Interés Económico General (SIEG) y justifica así los 400 millones anuales, pero parece ignorar de forma deliberada el Marco SGEI de la UE.

Dicho marco europeo advierte que cuando el mercado ya cubre el servicio, aunque sea mal, declararlo SIEG puede ser “error manifiesto”, en el que el Ministerio de Consumo algo debería decir, porque se están conculcando los derechos de los consumidores de las entidades bancaria con dinero público.

El resultado será un expediente y orden de devolución recuperando la sobrecompensación.

En 2020 la Comisión Europea solo bendijo 1.280 millones a Correos,  para un periodo de diez años, tras auditar la contabilidad, fijar un tope de “beneficio razonable” y exigir revisión anual.

La nueva ley invierte el orden: promete el dinero en los Presupuestos y deja el cálculo del coste para más adelante.

Así se abre la misma grieta que obligó a España a devolver 167 millones en 2018 por sobrecompensación.

¿De verdad quieren repetir la historia?

La prórroga del SPU sin concurso, nos lleva a que el cuarto criterio de Altmark se infringe por estar ausente, al designar a Correos hasta 2030 sin licitación exige, al menos, demostrar que el importe no supera el coste de un “operador medio eficiente” establecido en el criterio 4 de Altmark.

El texto legal obvia el hecho de que la UE lo toleró en 2020 porque el periodo ya estaba corriendo; ahora se trata de un mandato nuevo, y la Comisión lo tachara de distorsión “significativa” del mercado postal.

¿Quién gana y quién paga?

El beneficiario indirecto de estas medidas es la banca, que se libera del coste de la cuenta básica rural, incrementado su beneficio a costa del consumidor de la España vaciada, con dinero público, lo que es irracional y totalmente inexplicable, y a cargo del contribuyente.

Además, Correos recibe una ayuda anual de 400 millones cuando antes era de 128, y una prórroga hasta el 2030, ilegal de la designación por constituir una ayuda de Estado ilegal.

Con estas medidas se falsea el mercado postal español gravemente.

Notificar la medida antes de ejecutar los pagos hubiera sido el camino seguro, y no hacerlo deja a España expuesta a que Bruselas abra investigación, declare la ayuda incompatible y exija devolver cada euro con intereses.

La consecuencia es que entonces seríamos los contribuyentes quienes pagaríamos dos veces: hoy y ahora para financiar el plan, y mañana para cubrir la devolución.

Se convierte en “servicio público” un prestamista de trabajadores, pagado por todos, para que la banca se ahorre los costes de sus obligaciones con los consumidores de la España vaciada; se socava la competencia, la justicia fiscal y la seguridad jurídica.

La España vaciada necesita servicios, sí; pero necesita, sobre todo, que las reglas se cumplan y que las facturas se paguen donde tocan.

Si la solución oficial consiste en esconder la cuenta debajo de la alfombra europea, no nos extrañemos cuando Bruselas la levante.