¿Cuánto durará el colapso?

Con la situación tan comprometida por la que está atravesando el presidente del gobierno, asediado por los casos de corrupción en su entorno (con las imputaciones a su esposa, a quien fue su mano derecha, José Luis Ábalos, a ‘su’ Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y a su número tres, Santos Cerdán calentando por la banda) la pregunta del millón es cuánto puede durar esta situación de colapso gubernamental. Cuánto tiempo va a aguantar Pedro Sánchez sin tirar la toalla. Y la respuesta está en la propia reacción de la Moncloa.

Se aferrará al poder como a un clavo ardiendo. La cadena de procesos judiciales, en una situación normal, harían dimitir al presidente del gobierno. Sánchez se podría fijar en ejemplos de países vecinos como Portugal, por ejemplo. Pero el sanchismo es diferente. El presidente del gobierno resistirá parapetado tras una campaña feroz contra los jueces que se limitan a cumplir con su deber.

La presión que ha ejercido sobre Beatriz Biedma, la juez instructora de Badajoz, ha sido de manual. Nada más conocer su decisión de llevar a juicio oral a su hermano, David Sánchez, junto a otros 9 procesados, por prevaricación y tráfico de influencias, ha puesto a los ministros en fila para que sigan por ese camino.

Si no se tratara del hermano del Presidente…

Han salido en tromba. Pietras las filas para intentar desacreditar a la jueza. La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, diciendo que “si no fuera el hermano del presidente, no habría caso”. Y ahí tiene toda la razón. Porque si no se tratara del hermano de Pedro Sánchez seguramente no se habría creado un puesto ‘ad hoc‘ para que estuviera cobrando de la Diputación de Badajoz por un trabajo que no hizo y que no sabía ni dónde se encontraba su teórico despacho.

Si no se tratara del hermano del presidente, seguramente nunca la juez habría emitido un auto demoledor en el que ha señalado a Pedro Sánchez como la persona que impulsó en la sombra la creación del puesto especial para su hermano.

El gobierno seguirá arremetiendo contra la Justicia. Una vez conocida la situación de David Sánchez, la campaña contra la juez de Badajoz no ha hecho más que empezar. Y esa actitud es preocupante. Sostiene el magistrado Manuel Marchena, que acaba de publicar su libro ‘La Justicia amenazada’, que los ataques a los jueces en España, desde el poder político que habla sin contemplaciones de “lawfare” están teniendo “un efecto demoledor en la credibilidad de la Justicia”.

Es cierto que, con las campañas de desprestigio (“la jueza se basa en un bulo dirigido a atacar y deshumanizar al presidente” según María Jesús Montero) se pone en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces. Si la sociedad empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o con la presión en la calle.

Pero así están los episodios nacionales del siglo XXI en nuestro país durante la etapa sanchista

En un intento de echar leña al fuego, dice el ministro Bolaños que le sorprende la resolución judicial porque “las prisas no son buenas consejeras”. Una reflexión que bien se le habría podido trasladar al presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo que, con su aforamiento exprés para huir de la quema del juicio oral en un tribunal ordinario, ha provocado la situación más descarada, en beneficio propio, de la que hayamos podido ver en política en los últimos años. Y creíamos que lo habíamos visto todo.

‘Tocata y fuga’ de Gallardo hacia el aforamiento

Utilizar la condición del aforamiento, pensada para otro fin, puede que no se considere fraude de ley pero es un fraude de credibilidad de un político que, hasta que no se ha visto en un apuro judicial, criticaba a quienes se refugiaban en el aforamiento “para eludir responsabilidades políticas”. El entrecomillado es suyo. También de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Gallardo, con su huida hacia el escaño parlamentario para beneficiarse del aforamiento ha dado un giro que no le salva, porque no podrá eludir la acción de la justicia pero conseguirá dilatar los tiempos. Con su ‘tocata y fuga’ lo que ha demostrado es su extrema debilidad por la falta de coherencia y la de su partido.

Un partido que establecía, en su Código ético, que si a un cargo electo se le abría juicio oral tendría que dimitir pero que, en su último Congreso, introdujo una modificación excepcional. Para ponerse la venda antes de la herida. Una disposición adicional que considera que si al cargo electo afectado por un juicio oral está motivado por una “persecución política” se libra de la quema.

Principios a la carta. Si no le gustan estos, el PSOE siempre tendrá otros.