La decadencia de Cataluña y los cooperadores necesarios

Mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa tiene un precio. Y una parte muy importante de esa factura la estamos pagando los catalanes. Especialmente aquellos catalanes de seny, moderados, reformistas y partidarios del trabajo bien hecho que contemplamos con tristeza y preocupación cómo se degradan las instituciones, se deteriora la convivencia y se destruyen las condiciones necesarias para la prosperidad.

El primer coste es moral y democrático. España asiste a unos niveles de corrupción política impropios de una democracia madura. Pero quizá más preocupante que la propia corrupción es la utilización partidista de las instituciones encargadas de combatirla o fiscalizarla. Desde RTVE convertida en aparato de propaganda hasta la Fiscalía General del Estado y su exagerada dependencia del Ejecutivo, pasando por organismos reguladores, empresas públicas o el propio CIS. El mensaje que reciben muchos ciudadanos es devastador: las instituciones ya no pertenecen a todos, sino al sanchismo.

El segundo coste tiene que ver con una inmigración desordenada y con la sensación de pérdida de control sobre cuestiones esenciales para cualquier comunidad política. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, Cataluña ha recibido más de 800.000 personas nacidas en el extranjero. Una transformación demográfica de enorme magnitud que exigiría políticas de integración exigentes, transparencia y planificación. Sin embargo, el Gobierno parece más preocupado por acelerar regularizaciones y nacionalizaciones que por garantizar su rigor. Resulta difícil no preguntarse por la sospechosa prisa con la que se están concediendo nacionalidades. La nacionalidad merece más garantías que las prisas administrativas o los incentivos electorales.

También estamos pagando el precio de una política de seguridad miope. Cataluña lleva años sufriendo niveles de delincuencia que lideran los peores rankings de Europa. Durante demasiado tiempo se bloquearon las reformas necesarias para combatir la multirreincidencia, permitiendo que delincuentes con decenas de antecedentes siguieran actuando con total sensación de impunidad.

Algo parecido sucede con el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras otros países adaptan sus legislaciones a las nuevas formas de delincuencia internacional, la izquierda española prefiere mirar hacia otro lado. El resultado es que organizaciones criminales internacionales operan cada vez con mayor comodidad en Cataluña y que Barcelona se ha acostumbrado a escenas que hace pocos años habrían parecido inconcebibles: asesinatos a plena luz del día, ajustes de cuentas y violencia armada a cara descubierta.

Tampoco debería sorprendernos demasiado. Al fin y al cabo, durante mucho tiempo, junto al ministro del Interior se sentaba en el Consejo de Ministros quien hoy aparece sentenciado como el jefe de una organización criminal: José Luis Ábalos. Mientras se acumulaban las informaciones judiciales, el sanchismo le dedicaba aplausos y ovaciones. Mientras las mafias internacionales crecen, el Estado desaparece de Cataluña. Tremenda irresponsabilidad.

El precio también se paga en términos económicos. Cataluña necesita reindustrializarse, atraer inversión y recuperar competitividad. Pero resulta difícil hacerlo desde la cultura del no, desde el decrecimiento y desde la renuncia ideológica a la energía nuclear sin disponer de alternativas viables. Cerrar centrales nucleares en una comunidad es encarecer la energía, aumentar la dependencia exterior y dificultar la llegada de nuevas inversiones.

A ello se suma una presión fiscal cada vez más asfixiante sobre las clases medias, los autónomos y las pequeñas empresas. Cataluña se ha convertido en un laboratorio fiscal donde se grava el ahorro, la herencia, la inversión y el emprendimiento mientras los servicios públicos continúan deteriorándose. Muchos ciudadanos tiene la sensación de trabajar más para sostener una administración hipertrofiada que para mejorar la vida de sus familias. El último ejemplo es la creación de una agencia tributaria catalana cuyo coste superará los 520 millones de euros. Más estructuras, más organismos y más cargos al servicio de la llamada “prosperidad compartida” de Salvador Illa: el eufemismo elegido para justificar el reparto de recursos, poder y sueldos entre el sanchismo y sus socios parlamentarios.

La vivienda constituye otro ejemplo de intervencionismo fracasado y todo empieza por la legislación estatal. Los controles de precios, la inseguridad jurídica y la demonización del propietario han reducido la oferta y han disparado la competencia por cada piso disponible. El resultado es catastrófico: la expulsión de nuestros jóvenes de las ciudades, retrasando así sus proyectos vitales.

Todo ello convive además con un progresismo cada vez más desconectado de la realidad y con una preocupante (in)cultura woke. Escuchar a una ministra de ¡Igualdad! afirmar que hombres y mujeres pertenecemos a especies distintas o que los hombres necesitan ayuda para evolucionar no parece propio de un gobierno serio, sino de una caricatura ideológica. Y, recuerde, las ideas tienen consecuencias. Las tonterías ideológicas nunca salen gratis. Los muros artificiales impiden los debates honestos y, por lo tanto, frenan las reformas necesarias.

En definitiva, la factura de mantener a Sánchez en La Moncloa se mide en menos libertad, menos seguridad, menos prosperidad y menos confianza en nuestras instituciones. Y esa factura no la firma únicamente Pedro Sánchez. También la firman quienes le sostienen y le aplauden. La firma Gabriel Rufián, el mejor portavoz del PSOE. Y la firma también Miriam Nogueras, que hace apenas unos días proclamaba orgullosa en Catalunya Ràdio haber evitado un gobierno de derechas. Traducido al lenguaje de la política real: haber hecho posible un gobierno de Pedro Sánchez y la extrema izquierda. Todos ellos comparten la responsabilidad de las políticas que están deteriorando la convivencia, debilitando la economía y alejando a Cataluña de la prosperidad que merece. Y es que la decadencia de Cataluña no es fruto de la fatalidad. Tiene autores, cómplices y cooperadores necesarios.