Entre todos la mataron… y ella sola se murió: la bancarización imposible de quien viene a trabajar

Hay un viejo dicho popular, cargado de resignación y sabiduría, que reza: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Es perfecto para describir muchas de las disfunciones de nuestro país. No hay un único culpable. Hay muchos. Todos tienen algo que ver. Y, sin embargo, quien acaba pagando las consecuencias es siempre el más vulnerable.

Pongamos un ejemplo real. Un empresario español (yo) contrata a un trabajador extranjero para cubrir un puesto incluido en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Todo está correcto: contrato firmado, autorización concedida, visado emitido, y el trabajador ya en España, listo para empezar. Solo necesita una cuenta bancaria: para cobrar su nómina, domiciliar su alquiler, recibir pagos y evitar manejar efectivo.

Acude a una de las mayores entidades bancarias del país. Lleva 14 días en España. Tiene su pasaporte, su número de NIE, su contrato de trabajo, el justificante de haber solicitado la tarjeta de identidad de extranjero (TIE)… pero aún no tiene el documento físico. Le falta que le tomen la huella. Ha intentado conseguir cita previa por todos los medios, incluso a través del mercado negro de citas que algunos se ven obligados a usar. No hay forma.

Y ahí, en la sucursal, el director —sin consultar con asesoría jurídica, sin buscar una solución, sin analizar la documentación— le dice que no puede abrirle la cuenta. Que la política del banco no lo permite. Punto. Cero margen. Fin de la conversación.

Sin embargo, gracias a un conocido dentro de esa misma entidad, el trabajador acude a otra sucursal. En menos de dos horas tiene su cuenta abierta, su tarjeta de débito en trámite, y puede empezar a vivir con normalidad. ¿Qué ha cambiado? Nada, salvo la voluntad de la persona que atiende al cliente. Y eso es, precisamente, lo más preocupante: la arbitrariedad.

«Le exigimos al ciudadano que utilice los bancos, pero a los bancos no siempre les exigimos que cumplan con su función social»

Porque en este caso, se cruzan varias negligencias compartidas. La Administración, incapaz de garantizar citas en tiempo y forma para un trámite esencial, dejando en el limbo legal a miles de personas. La banca, que ha dejado de ver al cliente como persona a la que servir, para verlo como una carga administrativa que es mejor despachar cuanto antes. Y, a veces, el propio ciudadano, que da por hecho que ya está todo resuelto, que ya irá mañana, que ya se solucionará.

El resultado es una historia que debería haber acabado con final feliz, pero que se transforma en un guion más cercano a una película de terror psicológico. ¿Hereditary? El protagonista, un trabajador extranjero que viene legalmente a contribuir al sistema, se encuentra atrapado en una pesadilla burocrática, sin salida clara, y a punto de perderlo todo: su empleo, su contrato, su estabilidad… incluso incurre en el riesgo de cometer una infracción administrativa al tener que pagar en efectivo importes que legalmente deberían pasar por una cuenta bancaria. ¿O es que es difícil encontrar una situación de este tipo? Por ejemplo, pagar el alquiler por anticipado con un mes de fianza superará claramente los 1.000 euros de límite permitido para los pagos en efectivo… acabamos de convertir al trabajador en un pequeño “delincuente”, y eso que acaba de llegar a nuestro país.

Le exigimos al ciudadano que utilice los bancos, pero a los bancos no siempre les exigimos que cumplan con su función social. Si abrimos cuentas a turistas en minutos, ¿por qué se pone trabas a quien ha venido a vivir y trabajar legalmente? ¿Por qué decisiones como esta dependen del azar de a qué oficina caiga uno?

Hay quien, ante la negativa de un empleado, lo deja estar. Se resigna. “¿Qué le voy a hacer?” Quizás consulta a ChatGPT, que le indica los pasos… pero se topa con versiones anticuadas, respuestas contradictorias o consejos bien intencionados pero desactualizados. Y el tiempo corre.

Falta educación financiera, administrativa, y también responsabilidad institucional. La digitalización de la administración es urgente, pero igual de urgente es simplificar los trámites y garantizar decisiones homogéneas. Abrir una cuenta no puede depender del humor del director de una oficina. Evaluar el riesgo sí puede y debe ser una decisión libre de cada entidad. Pero negar el acceso al sistema bancario a quien cumple con todos los requisitos legales no puede ser una opción.

La banca gana lo suficiente como para formar a su personal adecuadamente. Y, si quiere seguir siendo un pilar del sistema, tiene que entender que también forma parte del engranaje de inclusión. No hablamos de privilegios, sino de justicia básica: dar acceso a quien tiene derecho, facilitar la vida a quien cumple, y no convertirse en un obstáculo más.

Porque si seguimos permitiendo que todos miren para otro lado, la historia acabará siempre igual: entre todos la mataron… y ella sola se murió.