¿Es Pedro Sánchez garantía de transparencia electoral? 

Es triste, pero es así: acabamos de descubrir que el presidente del Gobierno es mucho más que un tipo capaz de mentir al médico con tal de seguir en el poder; es alguien sin escrúpulos, dispuesto a tejer una banda especializada en extorsionar, chantajear y urdir favores con tal de acabar con quien ponga en peligro su permanencia en La Moncloa.

Sánchez perdió la credibilidad y luego la confianza. Y lo peor es que también la han perdido quienes le rodean y le apoyan: el CIS, la Fiscalía, el TC, RTVE, Correos… Hasta el punto de que, en este momento, muchos españoles se preguntan si tenemos un presidente y unas instituciones capaces de garantizarnos transparencia absoluta en unas elecciones. 

Las recientes filtraciones sobre Leire Díez, una “fontanera” vinculada al núcleo del PSOE, han encendido las alarmas en muchos frentes. Díez obtuvo el acta de concejal en la localidad cántabra de Vega del Pas en 2011, después de que el voto por correo en este pueblo se disparara en un 20%. El alcalde hasta entonces, el regionalista Víctor Gómez, acusó a Díez, ex trabajadora y cargo de responsabilidad en Correos, de haber dado un pucherazo. 

Si a esto añadimos los múltiples escándalos que rodean al entorno de Sánchez, se entiende que se haya alimentado un escepticismo que, lejos de ser una percepción subjetiva, se sustenta en hechos concretos. ¿Es este Gobierno una garantía de transparencia? La respuesta, a la luz de los acontecimientos, parece ser un rotundo no. 

Solo los nacionalistas, independentistas y la izquierda más radical son capaces de comprarle un coche de segunda mano a Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque les saldría gratis. Desconfían de él tanto como cualquier otro, pero saben que, aunque les engañe, siguen haciendo un buen negocio con él. Como hemos dicho en otras ocasiones, es un chollo.

Con este presidente en La Moncloa, España, tal y como la hemos conocido hasta hace pocos años, sigue camino del desastre, y no hay nada que haga más felices a sus socios de Gobierno. La transparencia en unas elecciones, que es la base fundamental de cualquier democracia, empieza a ser cuestionada cuando está en manos de alguien que plantea dudas sobre su proceder y ya no ofrece garantías de limpieza. 

Las grabaciones filtradas, que implican a Leire Díez, son un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad del PSOE. Según informaciones publicadas en distintos medios que están fuera del control gubernativo, Díez se reunió con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude millonario.

El objetivo era obtener información comprometedora —a cambio de favores— contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga casos de corrupción vinculados al entorno de Sánchez, como los de Begoña Gómez, su esposa, y David Sánchez, su hermano. 

Desgraciadamente, todo esto encaja y cierra el círculo de los inicios de Sánchez, asociado a prácticas poco transparentes. Recordemos el episodio del Comité Ejecutivo del PSOE en 2017, cuando recuperó el liderazgo del partido tras unas primarias en las que, según denuncias internas, una urna fue escondida tras una cortina, alimentando sospechas de irregularidades. 

La desconfianza ya no se centra solo en Sánchez y su entorno más cercano, ha invadido instituciones que deberían garantizar la transparencia de las elecciones en España

Aunque anecdótico en comparación con los escándalos actuales, marcó un precedente que no inspira confianza. La opacidad en la gestión y en el proceder se ha extendido, desde aquella urna tras la cortina, a diferentes organismos y al cuerpo del Estado en su conjunto, que parece sufrir una gangrena generalizada.

La desconfianza ya no se centra solo en Sánchez y su entorno más cercano; ha invadido instituciones que deberían garantizar la transparencia de las elecciones en España, se den cuando se den. El CIS, dirigido por José Félix Tezanos, ha sido acusado repetidamente de manipular encuestas para favorecer la narrativa socialista. Algo similar a lo que sucede en RTVE, que ha adoptado sin ningún rubor el papel de «colaboracionista necesario», con programas y espacios informativos teledirigidos desde La Moncloa. 

Según una encuesta de GAD3 para ABC, el 52 % de los españoles considera a Sánchez responsable de los escándalos que le rodean, y dos de cada tres creen que el Gobierno los gestiona mal. Solo los socios del “Frankenstein” parecen dispuestos a pasar por alto estos “pequeños detalles”. Por eso, la confianza en unas elecciones generales transparentes bajo el Gobierno de Sánchez está gravemente erosionada. 

Las maniobras de Leire Díez, la acumulación de casos de corrupción y la utilización burda y descarada de los medios subvencionados puestos a su servicio dibujan un panorama donde la opacidad parece ser la norma, no la excepción. Y los españoles merecen unas instituciones en las que puedan confiar, especialmente a la hora de votar.