Soplar y sorber: La Generalitat quiere crear un banco público mientras pide crédito a la banca privada 

El enésimo intento de la Generalitat para convertir el Institut Català de Finances (ICF) en un banco público está en marcha. Este paso forma parte de los acuerdos entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y no es la primera vez que el gobierno catalán intenta crear un banco público.  

El gobierno central ha manifestado su apoyo al proceso, pero en esta ocasión se da la circunstancia que el gobierno catalán, de forma simultánea, pretende crear un banco mientras pide refinanciar su deuda a quienes va a hacer la competencia que no son otros que la banca privada.  

Desde tiempos de Artur Mas se ha iniciado en diversas ocasiones el trámite para intentar reconvertir el ICF, una especie de ICO catalán, en banco público, la última de ellas en 2021 con Pere Aragonés (ERC) en la presidencia de la Generalitat. El argumento, más que dudoso, es que desde el gobierno autonómico se considera que las empresas catalanas tienen un déficit de financiación y que el ICF, como banco, puede suplir esta carencia de crédito.  

En el 2021 el Banco de España rechazo la petición del gobierno de ERC, pero actualmente el PSC cree que la presencia de Escrivá, exministro socialista, al frente el Banco de España le puede facilitar el visto bueno del regulador español, aunque luego faltaría el del Banco Central Europeo desde Frankfurt quien, desde la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión, en mayo de 2014, no ha dado ninguna licencia a un organismo de capital público. La Generalitat confía en que la vicepresidenta de la Comisión Europa, la española y también socialista, Teresa Ribera ayude a superar esta reticencia al BCE.  

La iniciativa de la Generalitat es difícil que llegue a buen puerto, pero no es un tema menor. El ICF se convertirá en un banco 100% público que podría acceder a financiación procedente del BCE. Según la Generalitat eso le permitirá profundizar en su labor de apoyo al tejido empresarial catalán y entrar en la financiación de sectores estratégicos como la vivienda y otorgar financiación personal. Asimismo, el ICF ya operando como banco, podría canalizar ayudas ICO, como hace la banca privada, captar depósitos, tener acceso a subastas de liquidez y realizar operaciones financieras propias de la actividad bancaria.  

Antes de iniciar el tortuoso proceso, como primer paso el gobierno catalán ha realizado una aportación para que el capital inicial sea de 18 millones de euros, una cantidad modesta para un banco.   

Uno de los obstáculos a superar, que ya apunto el regulador español en 2021,  es que las ayudas públicas al futuro banco podrían alterar el mercado con agresivas ofertas para captar clientes entrando en una situación diabólica por la cual por un lado la Generalitat competiría, con una posición de ventaja, frente a la banca privada a la vez que le pediría dinero para pagar su deuda como ha sucedido esta semana cuando un grupo de seis bancos, con los principales a la cabeza, han refinanciado 3.500 millones de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el estado por vía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).    

El ICF en caso de lograr convertirse en banco, sería una entidad de pequeño formato, con una financiación otorgada en 2024 a 1.697 beneficiarios por 847 millones, de ellos el 25% en el sector inmobiliario. El 97% de sus usuarios son PYMES y su cartera crediticia total asciende a 2.400 millones, con un el índice de mora de 6,6%. Para establecer una comparación, la Caixa de Guissona cuenta con 85.000 clientes. 

Mejorar las finanzas de la administración autonómica, reforzar los lazos con el ICO, simplificar la burocracia o reducir la fiscalidad son, sin duda, mejores métodos para ayudar a las empresas, en su proceso de expansión, que la creación de un banco público.