Hay que desclasificar todo, menos ETA, que no existe 

La decisión del Gobierno de desclasificar documentación relativa al 23-F ha reabierto un debate tan viejo como la propia Transición: el de qué hacer con los secretos de Estado cuando el paso del tiempo los convierte en piezas de museo o en munición política. Lo que parecía un gesto de transparencia institucional ha terminado por convertirse en una invitación a revisar, uno a uno, los episodios más oscuros de la historia reciente. Y, como era previsible, cada cual se ha puesto a la cola con su lista de agravios pendientes. 

La izquierda abertzale, a través de EH Bildu, no ha tardado en reclamar que se amplíe el foco. Si se desclasifica lo relativo al intento de golpe del 23 de febrero de 1981, sostienen, también deberían abrirse los archivos sobre los GAL, conocerse con detalle qué información permanece aún bajo secreto y, sobre todo, despejar de una vez por todas la incógnita de la «X» de aquella trama. El argumento es sencillo: si la democracia es lo bastante madura como para revisar sus sombras, que lo sea para todas. Hay que tener tupé. 

Porque ocurre que quienes piden luz y taquígrafos para algunos hechos se empeñan en ocultar otros a toda costa. En EH Bildu nadie está por la labor de esclarecer todos los archivos, sumarios y documentos que puedan contribuir a establecer las responsabilidades de los más de 300 asesinatos de ETA que aún permanecen sin resolver. Y se amparan en el blanqueamiento intensivo de la banda, hasta el punto de pretender que creamos que ETA ya no existe y que, por lo tanto, no hay nada que recordar. 

Durante décadas, la organización terrorista ETA asesinó a 853 personas. Más de 300 de esos crímenes siguen sin autor material o intelectual condenado. Son nombres y apellidos, familias que no han obtenido respuesta judicial completa, historias truncadas que no forman parte de una abstracción histórica, sino de una herida todavía reciente. Sin embargo, cuando se habla de desclasificar y de aclarar hechos en nombre de la democracia, la prioridad se sitúa en los excesos del Estado y no en la violencia sistemática que la izquierda abertzale justificó o amparó políticamente durante años. 

«La desclasificación del 23-F ha demostrado, en gran medida, que poco quedaba por conocer que altere sustancialmente el relato ya asentado»

La paradoja es evidente: se exige luz sobre los sótanos del Estado mientras se evita poner el foco en las habitaciones propias. No se trata de equiparar responsabilidades ni de diluir culpas, sino de constatar que la transparencia no puede ser selectiva sin perder su sentido. Abrir unos cajones y mantener cerrados otros convierte la memoria en un instrumento, no en un compromiso. 

El problema de fondo no es la desclasificación en sí, sino su utilización a la carta. Una vez «abierto el melón», cada actor político parece dispuesto a emplear los documentos como si fuera un ajuste de cuentas diferido con sus adversarios. El pasado se convierte así en un campo de batalla complementario al presente. Y ese es el terreno en el que quiere moverse el Gobierno de Pedro Sánchez. Acuciado por un sinfín de escándalos, se saca un conejo de la chistera y convierte, con habilidad, viejos asuntos del pasado en portadas de rabiosa actualidad. 

La desclasificación del 23-F ha demostrado, en gran medida, que poco quedaba por conocer que altere sustancialmente el relato ya asentado. Más que revelaciones sísmicas, han aparecido matices, dudas menores y, en algunos casos, nuevas preguntas. Pero el gesto político ya estaba hecho: el Ejecutivo podía presentarse como impulsor de una transparencia largamente demandada. 

Sin embargo, cuando la mirada se aproxima a episodios más cercanos y directamente vinculados a la historia reciente del PSOE —como el caso GAL— la prudencia se vuelve más densa. La tentación de poner el foco en acontecimientos de hace más de cuatro décadas, relativamente amortizados en el debate público, contrasta con la cautela a la hora de afrontar, con igual apertura, asuntos que afectan de forma más directa a la trayectoria del partido que hoy gobierna. 

Jugar con el pasado para eludir el presente rara vez ofrece buenos resultados. Menos aún cuando se ha llegado a acuerdos parlamentarios con quienes nunca han realizado una autocrítica proporcional al daño causado por el terrorismo. Pretender que la desclasificación selectiva contribuya a cerrar heridas puede producir el efecto contrario: reabrirlas bajo la sospecha de que se utilizan como arma arrojadiza. 

No se puede alardear de abrir los cajones de la historia en determinados asuntos y, al mismo tiempo, guardar a buen recaudo la llave que encierra otros más incómodos. La credibilidad institucional se construye sobre la coherencia. Y la coherencia exige que la luz no se proyecte solo allí donde resulta políticamente rentable.