Horwell

George Orwell escapó por los pelos de Barcelona en 1937. Había combatido en el frente de Aragón y militado en las milicias del POUM, pero durante las luchas internas del bando republicano pasó a convertirse en sospechoso. La represión contra los poumistas y anarquistas se desató con violencia y Orwell estuvo a punto de ser detenido por los comunistas. Solo una treta del cónsul británico le permitió salir de España y salvar la vida.

Aquella persecución, poco presente en la memoria histérica de los zetapés, marcó profundamente su pensamiento político. De esa experiencia surgiría parte de su desconfianza hacia el totalitarismo y su obsesión por denunciar las manipulaciones del poder sobre el lenguaje y la verdad, una intuición que cristalizaría más tarde en dos de sus grandes novelas: Rebelión en la granja y 1984. Desde entonces, el adjetivo “orwelliano” sirve precisamente para describir esos momentos en los que el poder intenta tergiversar la realidad a través de las palabras.

Conviene recordar la advertencia de Orwell cuando el Gobierno anuncia una herramienta llamada Hodio. El objetivo declarado es combatir la polarización y presionar a las plataformas digitales para que limiten los contenidos dañinos. La cuestión, sin embargo, no es si el odio existe, algo que nadie discute, sino si resulta prudente que el poder político se convierta en el árbitro encargado de medirlo. Simplifiquemos el dilema: ¿quién debe decidir qué es odio?

Siempre resulta delicado cuando los gobiernos se atribuyen la capacidad de vigilar el terreno más sensible de todos, el de las ideas y las palabras. Cuando el odio se convierte en delito, el marco es claro: el Código Penal y los tribunales. Ahí actúa el Estado de derecho, con garantías y procedimientos. Pero cuando el Ejecutivo se arroga el poder de ser él quien decide qué es odio y qué debe ser censurado entramos en un terreno pantanoso para una democracia liberal.

No se trata de una preocupación teórica. Hace poco el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitía que parte de su equipo se dedicaba a monitorizar las redes sociales para tomar nota de quienes le criticaban. Resulta revelador: mientras la red ferroviaria y viaria se deteriora a ojos de todos, la cúpula del ministerio encontraba tiempo para vigilar a usuarios de Twitter. Y todo ello acompañado de una actividad personal del propio ministro en redes marcada por los insultos y la descalificación permanente.

En una democracia plural las opiniones pueden ser duras, incómodas o incluso desagradables

Viendo la hipocresía del ministro, cuesta imaginar que la herramienta Hodio vaya a analizar ese tipo de comportamientos. No pocos tememos que la preocupación del gobierno no sea tanto el odio en sí como la dirección en la que apunta. Otro ejemplo: recientemente José Luis Rodríguez Zapatero aplaudía en el Senado a Bildu, un partido que odia tanto a los españoles demócratas que sigue sin condenar los asesinatos de ETA ni ha contribuido a esclarecer muchos de ellos. Si eso no entra en la categoría de discurso de odio, cabe preguntarse qué tipo de manifestaciones sí serán objeto de vigilancia. ¿Las que critiquen a Bildu?

En una democracia plural las opiniones pueden ser duras, incómodas o incluso desagradables. La política, por definición, es conflicto. La libertad de expresión no nació para proteger discursos amables, sino precisamente aquellos que generan controversia.

Así, el riesgo de iniciativas como Hodio no es necesariamente la censura directa. Es algo más sutil: la construcción de una arquitectura institucional destinada a clasificar y etiquetar el discurso político. No es necesaria una aplicación Horwell para detectar cómo los impulsores de Hodio manipulan el lenguaje y promueven la polarización. Lo puede ver cualquiera que quiera ver.

El propio Pedro Sánchez ha etiquetado de fascista cualquier crítica a su acción de gobierno o a sus falsas promesas. Él, precisamente él, que ha sido el primero (o el segundo tras Zapatero) en defender la lógica de bloques y en levantar un muro de odio entre los españoles. No, no hace falta buscar demasiado para encontrar ejemplos. Plantea toda campaña electoral como un plebiscito entre la democracia o la “ultraderecha”. A ello se suman etiquetas como “fachosfera” para referirse a medios que destapan los casos de corrupción de su familia, partido o gobierno, o la tendencia a señalar como una amenaza fascista cualquier debate sobre el descontrol en la inmigración o las cesiones al independentismo.

El peligro de nuestro tiempo no es solo el odio y la polarización. También lo es la tentación creciente de regular la conversación pública desde el poder. Cuando la política se obsesiona con vigilar el lenguaje, corre el riesgo de olvidar su misión principal: mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Las democracias necesitan menos observatorios del discurso y más confianza en la madurez de la sociedad. Porque el pluralismo no consiste en eliminar el conflicto, sino en aprender a convivir con él sin convertir al Estado en el árbitro de nuestras palabras. Y porque, como intuyó Orwell, cuando el poder empieza a manipular el lenguaje, la verdad suele ser la primera víctima.