Por qué ceder impuestos a los ayuntamientos crea riqueza 

Rumanía y Bulgaria entraron juntas en la Unión Europea el 1 de enero de 2007. Venían del mismo pasado: economías planificadas, niveles educativos similares, idéntico proceso de adhesión. Y sin embargo, desde mediados de los años 2000, sus trayectorias económicas divergieron. Rumanía creció más rápido y lo hizo de forma más equilibrada entre sus regiones. Bulgaria se quedó atrás, con la riqueza concentrándose en las grandes ciudades mientras el resto se descolgaba. Una de las diferencias, según un informe publicado recientemente por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, reside en los impuestos municipales.

El trabajo, titulado Impuestos locales y crecimiento económico, y firmado por casi treinta investigadores –entre ellos el Profesor Germà Bel de la Universidad de Barcelona– defiende una tesis poco frecuentada en el debate económico europeo: los ayuntamientos que se benefician directamente de los impuestos que genera su economía local tienen incentivos para promover el crecimiento. Los que viven de transferencias del Estado central, no.

El jardinero sin sueldo

Facilitar que una empresa se instale tiene costes políticos reales. El alcalde que agiliza licencias, media en conflictos urbanísticos o convence a sus vecinos de aceptar un polígono industrial invierte capital político del que, en muchos países, no obtiene ningún rédito fiscal. Es un jardinero sin sueldo. Los impuestos que genera esa empresa van al Estado y vuelven —si vuelven— como transferencia general desvinculada del esfuerzo local.

Rumanía rompió esa lógica en 1999, garantizando por ley que sus municipios recibirían más del 60% del IRPF recaudado en su jurisdicción. Bulgaria, en cambio, suprimió ese vínculo en 2004 y lo eliminó del todo en 2007, sustituyéndolo por transferencias generales sin conexión con el desempeño económico local. El resultado quedó grabado en las estadísticas: hasta 2006, ambos países crecían al mismo ritmo; a partir de ahí, las regiones rurales e intermedias rumanas siguieron el paso de las urbanas mientras en Bulgaria la brecha entre la capital y el resto no dejó de ensancharse. Los municipios rumanos, con skin in the game (piel en el juego), buscaron sus propias ventajas comparativas en lugar de esperar que Bucarest redistribuyera el maná fiscal.

Ostrom tenía razón

Elinor Ostrom, primera mujer en ganar el Nobel de Economía, demostró que las comunidades gestionan bien los recursos comunes cuando quien sufre las consecuencias de la mala gestión también se beneficia de la buena. El informe del JRC aplica esa misma lógica al territorio: un municipio cuyos ingresos crecen con su tejido productivo se comporta como una comunidad ostromiana. Invierte en escuelas e infraestructuras, agiliza la burocracia, resiste la captura por intereses particulares porque necesita una base empresarial diversa. Cuando el presupuesto llega por transferencia incondicional, todo ese incentivo se evapora.

Nokia se hunde, Tampere reacciona

Un caso elocuente del informe es el finlandés. Cuando Nokia comenzó su declive a finales de los 2000, las ciudades finlandesas de Oulu y Tampere perdieron miles de empleos de alta tecnología de golpe. Pero ambas ciudades reaccionaron con rapidez, reconvirtieron su economía y se convirtieron en referentes europeos de innovación. Los ingresos de Tampere por participación en el impuesto de sociedades cayeron de 74 a 44 millones de euros entre 2010 y 2012, y esa señal de alarma directa en las cuentas municipales bastó para impulsar una respuesta inmediata sin esperar instrucciones de Helsinki.

Lecciones para España

El informe construye dos índices para medir los inventivos de los sistemas fiscales municipales europeos. España obtiene cero puntos en ambos. El impuesto de actividades económicas funciona más como una tasa fija que como un tributo ligado al rendimiento empresarial, y los ayuntamientos españoles apenas participan en el IRPF o en el impuesto de sociedades. El contraste con Alemania —donde el Gewerbesteuer, o impuesto municipal sobre actividades comerciales e industriales, representa casi el 18% de los ingresos municipales— o con los países nórdicos —donde el propio ayuntamiento fija el tipo del IRPF local— es estructural, no coyuntural.

Los autores no piden un federalismo fiscal radical. Proponen algo mucho más modesto: ceder a los municipios una fracción del IRPF y del impuesto de sociedades de origen, compensada por una reducción equivalente de transferencias. Las empresas pagarían exactamente lo mismo. El único cambio sería que una parte de esos impuestos siguiera la lógica del origen en lugar de la redistribución. A cambio, un municipio con incentivos fiscales reales tendría motivos para agilizar una licencia, mediar en un conflicto de usos del suelo o resistir la presión del inversor incumbente que no quiere competencia. Si el alcalde es un jardinero sin sueldo, deja crecer la hierba; el que se queda parte de la cosecha cuida hasta el último rincón del huerto