La política de vivienda según el palacio de Sant Jaume y el de San Telmo 

El INE ha hecho públicos unos datos que reflejan que, en ocho años, el tiempo que lleva Pedro Sánchez de presidente del gobierno, la vivienda se ha encarecido en nuestro país un 54,1%. Dicho de otro modo, un piso que en tiempos de Rajoy valía 200.000 euros. hoy vale 300.000.  

En e último año la vivienda se ha encarecido un 12,7% y algunas autonomías, como Cataluña, aparentemente, podrían sacar pecho porque sus políticas de control de precios han hecho que los precios suban un 1,1% menos que la media española cuando, por ejemplo, en Andalucía han subido un 13,6%, nueve décimas por encima del incremento experimentado a nivel nacional. 

La comparación entre Andalucía y Cataluña viene a cuento porque ambas comunidades afrontan el tema de la vivienda como una prioridad en sus políticas de forma distinta. Cataluña ha aplicado un tope de precios en las zonas con mayor demanda y el resultado ha sido, efectivamente, una leve contención de los precios, pero ¿A qué coste? Según el Observatorio del alquiler en un solo trimestre se han retirado del mercado 10.000 viviendas de alquiler. En consecuencia, aunque suba a menor velocidad que en otros lugares de España hoy es más difícil alquilar en Cataluña que hace un año porque hay menor oferta y, según el gabinete de estudios de Caixa Bank, la crisis de la vivienda se debe a la falta de oferta y al incremento de costes.  

La dura realidad de los datos no ha hecho mella en el afán intervencionista de la Generalitat catalana que ahora ha anunciado la creación de un cuerpo de 100 inspectores con el objetivo de perseguir a los propietarios y comprobar si cumplen a raja tabla sus indicaciones en materia de precios de alquiler. En definitiva, el gobierno catalán apuesta por resolver el problema de la vivienda con más funcionarios y criminalizando y persiguiendo a los propietarios de inmuebles a los que en realidad debería cuidar para que pusieran sobre la mesa todo lo que tienen y así dinamizar el mercado.   

Andalucía aborda el problema desde una perspectiva distinta. Según la Junta el déficit de vivienda es de 90.000 unidades y según la patronal de 200.000, sea como fuere el problema es muy grave. Ante esta situación Moreno Bonilla ha anunciado que va a aprobar una ley del suelo antes de las próximas elecciones autonómicas, previstas para el primer semestre de 2026. ¿Cuáles son los puntos clave de la nueva norma?  La diagnosis está hecha: el problema se central en la falta de suelo y el aumento de costes. El presidente andaluz cree que la intervención del mercado que ha aplicado Cataluña, pactada por el PSC, los Comunes-Sumar y ERC, no ha funcionado y la nueva ley facilitará la flexibilización del suelo permitiendo que terrenos con uso terciario pasen a residencial tanto para mercado libre como protegido.  

Además, la ley incluirá un artículo para permitir que los suelos para equipamientos en manos municipales también pueden pasar a residencial y prevé la declaración de zonas prioritarias de viviendas donde se agilizarán los trámites. Finalmente, el borrador anunciado incluye una medida interesante: aquellas personas que tengan a sus espaldas una condena por ocupación tendrán vetado durante cinco el acceso a una vivienda de protección oficial.  

El sistema basado en más controles y restricciones ya hemos comprobado que ha fracasado, ahora es el momento de ver si la dinamización del suelo da mejor resultado. ¿Derecha contra izquierda o dogmatismo contra realismo? ¿Norte contra Sur o San Telmo aprende la lección del fracaso de Sant Jaume?