El nuevo curso político 

La gestión de las catástrofes naturales ocasionadas por la DANA y los incendios, con su coste en vidas y bienes materiales en distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP, ha provocado una crisis de confianza por no haber sabido dar respuesta antes, durante y después de las inundaciones e incendios.

A ello se suma la actuación del Gobierno de coalición PSOE-Sumar en la gestión del apagón eléctrico, el colapso en las principales vías ferroviarias y la incapacidad, desde hace dos años, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Todo ello ha generado también una crisis de confianza en el papel que desempeña el Gobierno central a la hora de impulsar y coordinar una respuesta eficaz ante las crisis.

De este modo, asistimos a una doble crisis que ha erosionado la confianza de los españoles tanto en el modelo autonómico – en territorios como Valencia, Galicia o Castilla y León – como en la eficacia del Ejecutivo central para gestionar los problemas que afectan al conjunto de España. Esta doble crisis de confianza converge en una inquietud común: no saber si el actual modelo territorial es el más adecuado para gestionar los intereses de España y de sus comunidades. 

El nuevo curso político arranca en España marcado por dos preguntas que deben ser respondidas tanto por el Gobierno central como por los gobiernos autonómicos: ¿Quién es el responsable último de la gestión de tragedias como la DANA, más allá de quien ostente formalmente las competencias? ¿Es posible sostener durante mucho tiempo una gestión de las crisis en la que se repite, una tras otra, la falta de previsión, planificación, respuesta y reparación a las poblaciones afectadas? Para responder a la primera cuestión es necesario clarificar qué España se está construyendo: la que apuesta por profundizar en la descentralización o la que defiende la recuperación del Estado de una parte sustancial de las competencias autonómicas.

El filósofo Julián Marías, en su ensayo Consideración de Cataluña, observaba “la variedad de España en multiplicidad; y esto puede ser riqueza, fertilidad, esplendor, si estas facetas se van sumando y conservando; si se evitan dos tentaciones capitales: la inerte pasión por la homogeneidad y la incoherente fragmentación”. España sigue sometida tanto al fervor  por la homogeneidad como a la pasión  por la fragmentación. 

La segunda pregunta solo podrá plantearse cuando los responsables políticos asuman que rendir cuentas públicas es consustancial al cargo que ocupan y no un mecanismo turbio para erosionar su poder.

Mientras que, tras cada crisis, los dirigentes solo tengan que responder ante sus partidos con sus estrategias para garantizar la preservación del poder acumulado, sin tomar la responsabilidad de rendir cuentas con datos transparentes sobre su gestión, serán las respuestas políticas ineficaces las que acaben degradando los territorios.

El nuevo curso político afronta así un reto decisivo: clarificar quién asume la responsabilidad última ante una crisis y poner en marcha los mecanismos —más allá de la justicia— que permitan interiorizar que hacer política significa asumir la responsabilidad y rendir cuentas públicas de los resultados de su propia gestión