“Sí, Maduro es un dictador, pero…”

Hay frases que funcionan como anestesia moral. Una de ellas, muy repetida estos días en España a propósito de la intervención estadounidense en Venezuela, es la siguiente: “Sí, Maduro es un dictador, pero…”. El “pero” es el verdadero problema. Porque a partir de ahí se despliega un argumentario ya conocido: se invoca la legalidad internacional, se cuestiona a Trump, se relativiza la naturaleza del régimen venezolano y, como por arte de magia, el foco deja de estar en el dictador para colocarse sobre quien intenta desalojarlo.

La fuerza de la propaganda está haciendo tanto daño que muchas veces no nos queda otra que explicar lo más elemental: Nicolás Maduro no es un presidente discutible ni un gobernante incómodo; es un usurpador que se mantiene en el poder tras un pucherazo electoral masivo, sin garantías, sin observadores creíbles y con la oposición perseguida, encarcelada o forzada al exilio. Un dictador clásico, un sátrapa caribeño con un historial de represión que incluye ejecuciones extrajudiciales, torturas y más de ocho millones de venezolanos expulsados de su país. Ante eso, hablar de “legalidad internacional” como si estuviéramos ante un conflicto entre Estados equiparables resulta, como mínimo, obsceno.

No existe —ni debería existir— una legalidad internacional pensada para blindar a quien ha destruido deliberadamente cualquier atisbo de legalidad interna. El derecho internacional no puede convertirse en el último refugio retórico de las dictaduras amigas. Cuando se recurre a él sin haber condenado antes, con claridad y sin matices, la naturaleza criminal del régimen de Maduro, lo que se está haciendo no es defender el derecho, sino preferir una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas. Algo que en España nos debería llevar a la reflexión.

La reacción de buena parte de la izquierda española encaja a la perfección en ese patrón. Se empieza concediendo, a regañadientes, que Maduro “no es precisamente un demócrata” y se termina acusando a Estados Unidos de imperialismo, unilateralismo o violación del orden internacional. El orden, por cierto, que el propio chavismo lleva años dinamitando con ayuda del narcotráfico, de Cuba, Irán y Rusia y de una red internacional de intereses que poco tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos.

En ese contexto, la posición del Gobierno español resulta particularmente reveladora. Ahora se afirma que España nunca reconoció a Maduro. Formalmente puede ser cierto. Políticamente, es una media verdad. Porque mientras la Moncloa intenta recomponer su relato, varios ministros y dirigentes procomunistas de Sumar sí legitimaron explícitamente al régimen venezolano durante años. Negarlo ahora no solo deja en mal lugar a Pedro Sánchez, sino que vuelve a situar bajo los focos la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en el verdadero ministro de Exteriores e interlocutor privilegiado del chavismo, en una relación tan estrecha como vergonzosa para cualquier demócrata.

Ahora se afirma que España nunca reconoció a Maduro

Las informaciones recurrentes sobre los vínculos económicos y políticos entre el entorno del expresidente y la narcodictadura venezolana explican mejor que cualquier comunicado oficial la inquietud que genera el cambio de régimen en Caracas. No es solo una cuestión ideológica; es también una cuestión de intereses.

Dicho esto, incluso quienes celebramos sin ambages la caída de Maduro, haremos bien en no caer en el triunfalismo. La apertura de un proceso de transición en Venezuela plantea interrogantes enormes. No tanto por las declaraciones siempre estrambóticas de Donald Trump, sino por la estrategia que, según todos los indicios, dirige su secretario de Estado, Marco Rubio: una operación destinada a desmantelar no solo al dictador, sino al narco-Estado y a toda la red de tentáculos internos y externos que lo sostienen.

Esa red es poderosa, está organizada y no se disolverá de la noche a la mañana. Garantizar que el poder pase realmente a sus legítimos vencedores —Edmundo González Urrutia y María Corina Machado— exige algo más que gestos simbólicos. Exige tiempo, presión sostenida y una vigilancia internacional que evite lo que muchos buscarán ahora: un enfrentamiento entre venezolanos que impida la convocatoria, con garantías, de unas elecciones generales libres y democráticas.

El objetivo último parece claro: neutralizar las amenazas que, desde el Grupo de Puebla y otros entornos afines, pueden proyectarse no solo sobre Venezuela, sino sobre el conjunto del Caribe. Países que han vivido durante años del petróleo venezolano, empezando por Cuba, harían bien en tomar nota. La isla atraviesa un deterioro tan profundo que un colapso definitivo del chavismo podría resultar letal para el régimen de Díaz-Canel.

Por eso, quizá ha llegado el momento de abandonar el cómodo refugio del “sí, pero…”. Porque cada “pero” pronunciado en defensa de una dictadura dice mucho más de quien lo formula que de quien lo padece.