La legalidad internacional que pide Sánchez se perdió en el Sáhara

Una de las cosas a las que nos ha acostumbrado el “sanchismo” en estos años es a aceptar que se puede cambiar de opinión y de posición política, según convenga. En política internacional, esa elasticidad moral suele presentarse envuelta en grandes palabras —legalidad internacional, derecho de los pueblos, resoluciones de la ONU— que se invocan con solemnidad o se archivan con discreción, dependiendo del caso. Y en ese ejercicio de contorsionismo, la izquierda española, ha alcanzado un nivel de virtuosismo digno de estudio.

El ejemplo más reciente es Venezuela. Cualquier acción de Donald Trump relacionada con el régimen de Nicolás Maduro —desde sanciones hasta amenazas retóricas— provoca una reacción casi automática: editoriales inflamados, tertulias indignadas y comunicados en defensa de la “legalidad internacional”. Trump, se nos dice, actúa al margen del derecho, vulnera la soberanía de los pueblos y desprecia las normas que rigen la convivencia entre Estados. Todo muy edificante. Todo muy correcto. Todo muy selectivo.

Porque basta con cambiar el escenario geográfico para que esa legalidad internacional, tan invocada en Caracas, desaparezca misteriosamente en El Aaiún. El Sáhara Occidental es, desde hace décadas, uno de los casos más claros y reiterados de incumplimiento del derecho internacional. Y, sin embargo, el silencio de buena parte de la izquierda española es tan espeso como incómodo. En esta cuestión, Pedro Sánchez no invoca ninguna legalidad que valga. Es más, se la pasa por el forro del abrigo.

Conviene recordar algunos datos básicos, por si el limpiaparabrisas ideológico ha vuelto a su posición de reposo. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas desde 1963. La ONU reconoce explícitamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y ha establecido, a través de múltiples resoluciones, la necesidad de celebrar un referéndum para que los saharauis decidan su futuro. Para ello se creó la MINURSO, una misión de Naciones Unidas cuyo objetivo principal —aún incumplido— era organizar esa consulta.

España, además, no es un actor cualquiera en esta historia. Fue la potencia administradora del territorio hasta 1975 y, según el propio criterio de Naciones Unidas, nunca transfirió legalmente esa responsabilidad. La posición histórica de nuestro país, con gobiernos de distinto signo, había sido clara: apoyo a las resoluciones de la ONU y defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Una postura coherente, jurídicamente sólida y políticamente incómoda, pero asumida.

Hasta que dejó de serlo tras la decisión de Pedro Sánchez de avalar el plan marroquí de autonomía —un planteamiento que no contempla la autodeterminación y que contradice el marco de la ONU— supuso un giro radical de esa política histórica. Un giro ejecutado, además, sin explicación parlamentaria previa, sin debate público y sin el menor esfuerzo pedagógico hacia una ciudadanía que, durante décadas, había escuchado justo lo contrario.

Lo llamativo no es solo el cambio, sino la reacción —o más bien la ausencia de ella— por parte de quienes se rasgan las vestiduras cuando Washington se salta normas en América Latina. ¿Dónde están las denuncias de la violación de la legalidad internacional en el Sáhara? ¿Dónde las proclamas sobre el derecho de los pueblos? ¿Dónde la indignación selectiva que tan bien funciona en otros contextos?

Lo llamativo no es solo el cambio, sino la reacción por parte de quienes se rasgan las vestiduras cuando Washington se salta normas en América Latina

La respuesta es incómoda, pero evidente: la legalidad internacional se invoca cuando sirve para golpear al adversario ideológico y se ignora cuando complica la gobernabilidad, la política exterior o las relaciones e intereses ocultos con un socio incómodo. En el caso del Sáhara, Marruecos pesa más que la coherencia. Mucho más.

Así, la izquierda española se mueve como un limpiaparabrisas en día de lluvia irregular: ahora veo, ahora no veo. Legalidad internacional sí, pero solo cuando no afecta a decisiones propias. Derechos humanos, siempre que no generen tensiones diplomáticas. Resoluciones de la ONU, siempre que no obliguen a dar explicaciones incómodas en el Parlamento.

El problema no es solo la incoherencia, sino el mensaje que se transmite. Si el derecho internacional es un instrumento opcional, si su cumplimiento depende de quién esté en la Casa Blanca o de qué vecino tengamos al sur, entonces deja de ser un principio y se convierte en una consigna vacía. Exactamente, lo contrario de lo que se dice defender.

Y quizá por eso el silencio sobre el Sáhara resulta tan elocuente. Porque desnuda una verdad incómoda: para una parte de la izquierda española, la legalidad internacional no es un marco ético, sino un argumento táctico. Se usa cuando conviene, se guarda cuando molesta y se olvida cuando exige coherencia. Como el limpiaparabrisas. Intermitente, previsible y, al final, incapaz de ofrecer una visión clara.