Las víctimas de ETA siempre recordarán a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez va a dejar muchas heridas abiertas cuando salga del Gobierno, sea cuando sea. Se habla de la colonización de muchas instituciones del Estado que van a quedar tocadas y que, en algunos casos, puede que incluso sean irrecuperables. Determinadas medidas se podrán revertir; seguro que hay leyes susceptibles de ser derogadas e incluso nombramientos que tendrán que dejar su puesto por la misma vía por la que accedieron a él. Pero lo que está haciendo con las víctimas del terrorismo de ETA, en nombre de la convivencia, es, simple y llanamente, un profundo daño que perdurará durante generaciones.

Pedro Sánchez necesita de Bildu para seguir en La Moncloa. El problema de llegar a acuerdos con los herederos de ETA no es puramente estético; si así fuera, no sería tan grave. Pactar con ellos cuestiones de urbanismo, la recogida selectiva de las basuras o la construcción de un polideportivo en un pueblo entra dentro de las conversaciones que, en el ámbito de la política municipal, abordan todas las fuerzas políticas, especialmente desde que EH-Bildu está en esas instituciones.

El problema surge cuando el pacto con los de Otegi se reduce al “presos por presupuestos” que los antiguos miembros de la banda exigen y que se resume en la puesta en marcha de una política penitenciaria que permita la salida paulatina de todos los suyos, incluidos los más sanguinarios. La última, Soledad Iparraguirre (Anboto). Porque hay que ser muy desalmado para ignorar que esto hiere en lo más profundo a las familias de quienes cayeron a manos de la organización terrorista. Y así no se construye ningún tipo de convivencia.

La política penitenciaria transferida al Gobierno vasco en 2001 para la gestión de los presos es una herramienta política que se ha ido aplicando, pero no con la intensidad actual. Porque, gracias al artículo 100.2 del Código Penal, se ha convertido en una vía de acceso recurrente a regímenes de semilibertad que ha ido sacando a los presos de ETA uno tras otro.

La norma establece que se puede flexibilizar la pena cuando concurren determinados requisitos, entre ellos el arrepentimiento y la desvinculación efectiva de la actividad delictiva. Pero no ha sido así. El arrepentimiento, que debería ser condición, se ha convertido en un elemento prescindible para obtener beneficios. Es más, el no reconocimiento del daño causado es el símbolo de victoria de quienes salen de la cárcel.

Por eso, en determinados ámbitos sociales del País Vasco, quienes cumplieron condena por delitos de sangre continúan siendo presentados como referentes. En la reciente “Korrika”, por ejemplo, una movilización de amplio arraigo en favor del euskera y con una fuerte presencia de jóvenes, han aparecido mensajes y fotos de apoyo a terroristas de ETA como algo normal. El hecho de que estos gestos convivan con la participación de niños y adolescentes añade una dimensión inquietante que no puede ser ignorada.

Frente a esta realidad, el silencio social resulta especialmente elocuente. Durante años, una parte significativa de la sociedad vasca, junto con actores políticos y sociales, denunció la política de dispersión penitenciaria. El argumento central era claro: los familiares de los presos de ETA, ajenos a los delitos cometidos, soportaban un castigo añadido al verse obligados a recorrer largas distancias para mantener el contacto. Aquella reivindicación se articuló en torno a la idea de humanidad y proporcionalidad.

Hoy, ese mismo principio parece aplicarse de manera selectiva. La progresiva salida de prisión de condenados por terrorismo —en algunos casos sin haber cumplido íntegramente sus penas— tiene también consecuencias para otros familiares: los de las víctimas. Ellos asisten a la puesta en libertad de quienes causaron un daño irreparable sin que medie, en muchas ocasiones, ni el reconocimiento del crimen ni la colaboración efectiva con la justicia.

La asimetría es evidente, aunque raramente se formula en esos términos. Se corrigió una política considerada injusta para los allegados de los presos, pero se ha generado otra forma de desajuste que afecta a los allegados de las víctimas. La diferencia es que, en este segundo caso, la respuesta pública es casi nula. Es más cómodo olvidar.

Ahora se dice que ETA no existe. Pronto, que nunca existió. Así, Bildu gobernará en el País Vasco y todos nos alegraremos porque, gracias a Sánchez, se habrá borrado el horror del pasado más reciente y la convivencia será ya plena.