Pedro Sánchez, santo y mártir del “lawfare” 

Darle a Pedro Sánchez el Premio Nobel de la Paz sería una injusticia, porque ese galardón no reflejaría en su justa medida los méritos, afanes y sacrificios de nuestro presidente. Se quedaría corto. El líder de nuestro Frankenstein debe subir a los altares, como ya ha propuesto una política granadina, y competir con el otro Pedro por la propiedad de las llaves del cielo. Sería como una okupación legal en toda regla. Pero, si me apuran, incluso eso no estaría a su altura. Porque, tal y como está el horizonte judicial, no debería extrañarnos que tanto los socios de coalición como los medios afines preparen todo lo necesario para que Pedro Sánchez sea santificado como mártir del “lawfare” del maligno juez Peinado.

El martirologio sigue su curso: tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, están encausados en procesos judiciales que pueden acabar como acabó el de Iñaki Urdangarin. La cuestión no es baladí: ¿qué ocurriría si la justicia acaba condenando a uno de ellos o incluso a los dos? Pues que se pondría en marcha la maquinaria santificadora para explicar que, lejos de cuestionar la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, tendremos que entender que su permanencia es imprescindible y que seguirá sacrificándose por todos nosotros, sujetando con firmeza el timón de un Ejecutivo que trabaja sin descanso por nuestro bien, para que no gobierne la ultraderecha.

Si se produce una condena, se acusará al juez Juan Carlos Peinado, y por extensión a la judicatura, de ser parte de una operación “golpista” al servicio de la ultraderecha, cuyo único objetivo sería derribar al “gobierno progresista”. El mantra ya lo hemos escuchado en múltiples ocasiones y sería amplificado hasta el límite: la justicia estaría “politizada”, “controlada por los reaccionarios” y, en ningún caso, sus decisiones podrían considerarse legítimas si afectan a Sánchez. Nuestro santo y mártir.

El problema es que la estrategia del sanchismo, de darse esa circunstancia, supondrá dinamitar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: el respeto a las decisiones judiciales. Porque la justicia podrá ser lenta, discutible en algunos aspectos y objeto de críticas razonables, pero lo que no admite dudas es que sus sentencias son de obligado cumplimiento. Esa es la base del Estado de derecho. Y, sin embargo, el relato oficial que prepara el Gobierno convertiría a los jueces en enemigos de la democracia, a los medios críticos en “fachas” y a la oposición en conspiradores. Y Pedro Sánchez sería una víctima de todos ellos, un santo sin fecha aún en el calendario.

El relato oficial convertiría a los jueces en enemigos de la democracia, a los medios críticos en “fachas” y a la oposición en conspiradores

Todo esto podría resultar anecdótico, por inédito, en la historia de un país como el nuestro si al Partido Popular no le hubieran organizado una moción de censura sobre la base de una sentencia discutida jurídicamente, pero inapelable en la práctica, que condenaba al partido por la financiación irregular en el caso Gürtel. Aquella sentencia sirvió de fundamento para desalojar a Mariano Rajoy, porque se entendió que un presidente no podía continuar cuando la justicia ponía en cuestión la honorabilidad de su partido. ¿No debería aplicarse el mismo rasero con Sánchez si se demostrase que su esposa y su hermano delinquieron aprovechando su condición de familiares directos del presidente?

Lo más probable es que el presidente trate de blindarse con su ya conocida estrategia de victimización, que lo lleve a los altares: “Nos atacan por querer avanzar”, “la derecha no soporta perder elecciones”, “esto es un lawfare”. Todo ello acompañado por un coro mediático que insistirá en que Sánchez es un mártir de la modernidad frente a los “jueces reaccionarios”. El golpismo del maligno juez ultra será la excusa perfecta para no asumir consecuencias políticas en caso de que se produzca una condena judicial. Y, aunque seguir en el cargo suponga un golpe a la esencia misma del sistema democrático, todas las terminales mediáticas que subvenciona el Gobierno trabajan ya para trasladar a la opinión pública la idea de que quienes ponen en peligro nuestras libertades no son otros que los jueces.

La democracia española ha superado pruebas difíciles en los últimos 40 años, pero pocas tan delicadas como la que se avecina. Sánchez debería tener claro que, si su esposa o su hermano son condenados, su única salida digna es la dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones. Si quiere ser santo y mártir, quizá sea más fácil con el PSOE en la oposición.