El robobo de la jojoya

Martes y 13 ha sido sin duda unos de los mayores dúos homorísticos de la historia de España. Es cierto que fueron pocas sus películas pero el cartel de reparto ya animaba a ir a verles. En “El robobo de la jojoya”, construyeron una España delirante alrededor de la valiosa joya (el Ojo de Nefertiti): dos delincuentes con más entusiasmo que talento, una joya codiciada, planes imposibles, persecuciones, equívocos y una mítica escena en la que todo el mundo corre detrás de la joya pero nadie parece saber muy bien quién la tiene. Tres décadas después, la vida pública española ha decidido rendir homenaje al clásico. Solo que ahora no hay Josema, ni Millán, ni atraco de museo. Hay caja fuerte, UDEF, tasación pericial, Agencia Tributaria y un expresidente del Gobierno al que el juez Calama ha abierto una pieza separada por posible delito fiscal y contrabando.

La comedia ha perdido algo de ritmo, pero ha ganado base imponible.

Los hechos publicados son conocidos: en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, dentro del caso Plus Ultra, se habrían localizado numerosas piezas de joyería. La tasación preliminar sitúa el valor del conjunto en 1.323.915 euros. El origen de las piezas, según el auto, no estaría justificado. El mismo Zapatero (¡ay el mito caído de la izquiera cejuna!) se comprometió a que iban a ser aportadas las pruebas de su tenencia lícita en 10 días y todavía hoy seguimos esperando. Decía mi padre que lo que no se puede no se puede, y además es imposible. Mala pinta tiene. Y ahí empieza el verdadero guión tributario: no basta con decir “son herencia de Sonsoles”o “son regalos”, pues resulta que el juez no se chupa el dedo y lo que quiere son pruebas. Tráigame la prueba y puede irse Usted a su casa tranquilo. O a la de Gertrudis, su fiel escudera.

Conviene precisar algo: tener joyas en una caja fuerte no es delito. Bueno, tenerlas en el despacho pagado por el Partido Socialista es cierto que suena raro, sobre todo teniendo en cuenta que tiene vigilancia policial 24 h en su casa en calidad de ex presidente. El problema aparece cuando un bien de alto valor entra en el patrimonio personal sin factura, sin escritura, sin declaración, sin aduana, sin sucesiones, sin donaciones, sin IRPF y, en general, sin nada que se parezca a una explicación fiscalmente respirable.

Si fueron compradas, habrá que acreditar factura, pago y, según el caso, IVA o Transmisiones Patrimoniales. Si fueron heredadas, Impuesto sobre Sucesiones, testamento, inventario y fecha. Si fueron donadas, Impuesto sobre Donaciones, identificación del donante y valoración. Si fueron regalos institucionales, la pregunta deja de ser fiscal para entrar en Patrimonio Nacional y no es lo que parece. Si fueron contraprestación encubierta, lo que todo hace pensar por la propia actividad de lobbista en favor de régimenes, digamos de forma suave, poco amigables de las democracias, ya no hablamos de joyas: hablamos de renta no declarada, posible blanqueo y otras excursiones por el Código Penal. Y si entraron desde fuera de la Unión Europea sin pasar por la ventanilla aduanera, aparece el contrabando, que es como el delito fiscal pero con maleta.

La clave penal está en el artículo 305 del Código Penal. Y para que haya delito contra la Hacienda Pública debe existir cuota defraudada superior a 120.000 euros por tributo y periodo. No es el valor de la joya lo que manda, sino la cuota dejada de ingresar. Pero ojo, que el valor manejado habla de valor de reposición (esto es, coste de las piedras y el oro, plata, etc. por separado, excluyendo, por ejemplo, el valor del diseño) y no valor de mercado, que sería mucho mayor. El artículo 305 bis agrava el cuadro cuando la cuota supera 600.000 euros (algo factible con los importes manifestados) u operan estructuras de ocultación. Por lo que estamos ante una presunción de delito agravado.

La regularización tampoco es ya ese helicóptero de fuga que en la película resolvía lo irresoluble. El Código Penal exige que el pago y reconocimiento completo se produzcan antes de que Hacienda o el juez hayan iniciado actuaciones formales. Una vez abierta la vía penal, el pago puede servir para atenuar, pero difícilmente para hacer desaparecer el problema.

Y luego está la Agencia Tributaria y los hechos acaecidos que, al menos, hacen al ciudadano de pie levantar la ceja, eso que también hacía Zapatero: críticas por no personarse de motu propio una vez hecho pública la aparición de las joyas sin justificar; la renuncia de la directora general de la AEAT sin tener sustituto todavía; renuncias también de la directora de recaudación y el director de inspección…. Lo que permite realizar una pregunta incómoda: ¿ha existido algún tipo de obstrucción o inacción por parte de este órgano respecto de la comprobación fiscal de los hechos publicados? Porque el contribuyente medio sabe que la Agencia puede detectar una deducción escolar mal aplicada con precisión de relojero suizo. Verla dubitativa ante una caja fuerte con joyas millonarias produce, como mínimo, una curiosa sensación de metal hueco.

Al final, la pregunta clave no es si Zapatero heredó, recibió, compró o custodiaba joyas. La pregunta clave es otra: ¿por qué en España quien presumía de decencia moral guardaba en caja fuerte del despacho puesto por el partido joyas de alto valor sin justificación alguna? Por más que le pese a los periodistas palmeros, este tema tiene muy mala pinta y solo la prescripción de 10 años podría salvar al ex presidente de acudir a la mazmorra. Pero para que haya prescripción debe haber acreditación. Y en eso estamos. En eso y en la Alianza de Civilizaciones.

En Martes y 13, el absurdo consistía en robar la joya. En nuestra versión institucional, el gag es más fino: quizá nadie robó nada, seguramente todo prescribe, quizá todo se explica. Pero, por si acaso, por favor, que alguien declare la jojoya.