La sentencia contra García Ortiz desata la intolerancia y la bronca política
La paradoja más entrañable —por no decir grotesca— la han ofrecido ciertos periodistas que, ignorando conscientemente la esencia del proceso judicial, insisten en que su testimonio debería haber prevalecido sobre el resto
Más allá de las consecuencias políticas que puedan derivarse de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, llama la atención la intolerancia que ha brotado desde algunos sectores de la izquierda. Especialmente desde aquellos que confunden la justicia con la militancia, la ley con la línea ideológica y la democracia con el cierre de filas.
No soportan que el Supremo haya tomado una decisión no alineada con sus expectativas y les ha faltado tiempo para poner en marcha la maquinaria de triturar y deslegitimar. Y ya se sabe que no hay mejor manera de dañar la democracia que negar sus reglas cuando no nos favorecen.
La reacción ha sido una mezcla agria de rabia y desconcierto. Algunos dirigentes y opinadores afines se están comportando como los peores hooligans cuando le pitan un penalti en contra a su equipo: sencillamente no lo aceptan y se afanan en señalar a jueces, en sospechar conspiraciones, en sugerir que el Estado de derecho es un complot permanente contra sus causas.
Para ellos, la justicia solo funciona cuando les da la razón. Cuando no lo hace, automáticamente pasa a ser sospechosa, reaccionaria o parcial. Es el viejo truco populista: si gano, es democracia; si pierdo, es un golpe.
La paradoja más entrañable —por no decir grotesca— la han ofrecido ciertos periodistas que, ignorando conscientemente la esencia del proceso judicial, insisten en que su testimonio debería haber prevalecido sobre el resto. Como si en España los tribunales tuvieran que fallar según titulares de opinión o simpatías profesionales, y no en base a pruebas, contradicciones y hechos.
Resulta revelador: esos mismos periodistas que tanto reclaman rigor cuando sus adversarios tropiezan, ahora consideran que un relato personal, por el mero peso del cargo de quien lo pronuncia, está por encima del criterio judicial. La investidura moral por encima del procedimiento. El cargo por encima del derecho. La izquierda radical —y no tan radical— ha mostrado así su flanco más débil: la incapacidad para encajar que el Estado no está concebido para servirles, sino para limitar a todos por igual.
No es la primera vez, ni será la última. Lo vimos recientemente en otros episodios en los que, ante decisiones judiciales que no gustaban, la reacción fue siempre la misma: desacreditar a los jueces, sembrar dudas sobre su independencia, acusarles de connivencias políticas. El manual es conocido y repetido. Todo lo que escapa a su control huele, por definición, a enemigo.
Quizás por eso esta sentencia ha resonado tanto. Porque ha roto la narrativa. Porque recuerda que las instituciones, aunque presionadas, todavía se defienden. Y porque la izquierda radical no ha sido la única en quedar retratada.
«Ayuso, en definitiva, vuelve a salir indemne»
También lo han sido aquellos periodistas que han olvidado que su trabajo no consiste en inclinar el fiel de la balanza, sino en explicar por qué la justicia sigue funcionando incluso cuando provoca incomodidad. Creían que el prestigio del fiscal general debía operar como un salvoconducto judicial. Y lo que han descubierto es que, para los jueces, los cargos no declaran: declaran las personas. Y las personas pueden ser creídas… O no.
A partir de ahí, la política ha hecho el resto. Sánchez afronta esta sentencia en uno de los momentos más delicados de su mandato, cercado por escándalos, turbulencias internas y una erosión creciente de su credibilidad institucional. Y, como en un viejo combate ya visto, vuelve a encontrarse enfrente a Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta madrileña no solo ha logrado sortear un panorama complejo dentro de su propio partido, sino que emerge nuevamente como ganadora indirecta de la batalla. Porque mientras Sánchez tropieza con las instituciones, Ayuso se alimenta de ellas: cada error del Gobierno, cada choque con el Estado de derecho, cada arremetida contra los jueces, fortalece precisamente todo lo que ella reivindica.
Ayuso, en definitiva, vuelve a salir indemne. O mejor dicho: reforzada. Sánchez, en cambio, encadena derrotas sucesivas frente a una adversaria a la que nunca ha logrado doblegar. Ni en la pandemia, ni en la economía madrileña, ni en el pulso político. Esta sentencia no cambia las reglas del juego, pero confirma quién está sabiendo jugarlo. Y lo que deja claro es algo tan evidente como incómodo para la Moncloa: Isabel Díaz Ayuso, una vez más, ha ganado la partida.
Lo que muchos no terminan de entender es a qué juega el PNV.