La gestión pública de la vivienda fracasa: Madrid tiene 2.500 casas sociales okupadas y 4.000 personas en lista de espera
La Comunidad de Madrid denuncia la okupación de 2.500 viviendas públicas mientras miles de familias esperan una ayuda que no llega
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: Gabriel Luengas / Europa Press
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Desde la Comunidad de Madrid «no podemos mirar para otro lado en la defensa de la propiedad privada, el orden legal y el derecho a vivir en paz». Así lo ha expresado Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, al denunciar públicamente la situación del parque de vivienda social en la región: 2.500 inmuebles sociales okupados frente a más de 4.000 personas en lista de espera para acceder a un alquiler.
Un sistema pensado para proteger a los más vulnerables que, según el propio Ejecutivo autonómico, ha quedado bloqueado por la inacción del Gobierno central y un marco legal que favorece la ocupación.
Rodrigo ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una reacción inmediata: «Exigimos al Gobierno que tome medidas para endurecer las penas y proteger a las víctimas». La Comunidad reclama herramientas legales más efectivas para desalojar a los ocupantes ilegales y recuperar las viviendas destinadas a familias en situación de exclusión o necesidad.
La Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona en torno a 25.000 viviendas públicas en Madrid. Se trata de un parque construido o adquirido con dinero público para atender a personas sin recursos, colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Pero una de cada diez está hoy fuera del sistema, ocupada ilegalmente.
Y si mañana se lograra recuperar ese 10%, más del 60% de las solicitudes activas podría resolverse de inmediato, sin necesidad de construir ni un solo inmueble adicional.
Pero el problema no termina en la ocupación. A esta situación se suma una morosidad disparada. Mientras en el mercado del alquiler privado el impago no alcanza el 3%, en las casas públicas madrileñas la tasa asciende al 17,4%.
Un desfase que revela una realidad incómoda: el sistema público es más débil frente al impago. Las garantías legales, los procedimientos judiciales más lentos y la percepción de impunidad erosionan la sostenibilidad del modelo.
Y todo esto ocurre en un contexto legal cada vez más restrictivo para el desalojo. El Gobierno central ha prorrogado la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025.
Según la normativa actual, las personas vulnerables no pueden ser desalojadas sin una alternativa habitacional garantizada. Esta medida, nacida durante la pandemia, protege a muchos que realmente lo necesitan, pero ha generado también un efecto colateral: ralentiza la recuperación de inmuebles públicos, aunque estén ocupadas ilegalmente por quienes no cumplen ningún requisito.
El desequilibrio entre oferta y demanda es ya estructural. Madrid apenas tiene un 2% de casas públicas sobre su parque total, lejos del 9% de media en Europa. Pero el problema es doble: no solo falta cantidad, también sobra ineficiencia. Los inmuebles están, pero muchas no se pueden utilizar para lo que fueron concebidas.
La gestión pública fracasa por saturación y por falta de herramientas. A diferencia del propietario privado, que puede reaccionar con más agilidad ante un impago o una ocupación, la administración está sujeta a procedimientos burocráticos, límites legales y plazos que hacen que muchos casos se enquisten durante años.
Madrid exige reacción al Gobierno
El Ejecutivo regional ha redoblado sus críticas al Gobierno central, al que acusa de mirar hacia otro lado ante un problema que ya no es puntual, sino estructural. Jorge Rodrigo insiste en que sin una reforma legal para endurecer las penas por ocupación ilegal y agilizar los desalojos, el parque público seguirá estancado.
En un momento de máxima tensión en el mercado del alquiler, con precios desbocados y salarios estancados, el fracaso no es solo un dato administrativo: es una crisis social.
Un sistema ideado para proteger a los más frágiles ha terminado atrapado en su propia rigidez. Y en medio, miles de personas que siguen esperando una respuesta que nunca llega.
