Mendiluce (Anticipa-Aliseda): “La vivienda asequible necesita aumentar la oferta con un acuerdo entre el sector público y el privado”

El CEO de las inmobiliarias propiedad de Blackstone aboga por implementar en España un modelo similar al que se aplica en Irlanda para ampliar el parque de vivienda asequible

De izquierda a derecha, Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa y Alisenda; Javier Faus, presidente de Meridia; y Borja Goday, CEO de Servihabitat. Cedida

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Eduard Mendiluce, CEO de las gestoras de activos Anticipa y Alinseda, ha abogado este miércoles por un pacto a la irlandesa para hacer frente a la escasez de vivienda accesible en España. El ejecutivo ha asegurado que la solución pasa por alcanzar un acuerdo entre el sector público y el privado y por agilizar la gestión urbanística, frente al control de precios u otras políticas impulsadas por los distintos gobiernos, para incrementar la oferta de pisos asequibles.

Durante la mesa ‘Exploring a Fresh Phase in Real Estate’ celebrada en marco el fórum inmobiliario The District, que se desarrolla esta semana en Barcelona, Mendiluce ha asegurado que la demanda del sector inmobiliario en España es «superresiliente», y que el problema se ubica en la baja oferta.

Un programa a 25 años

Como solución, reclama un programa de arrendamiento en los próximos 25 años mediante el cual se daría salida a la cantidad de pisos vacíos o ilegalmente ocupados que hay actualmente en el mercado español.

Esta propuesta seguiría el modelo ya aplicado en Dublín, donde los promotores alquilan a las autoridades locales sus viviendas por un alto porcentaje de su valor de mercado, que a su vez realquilan a particulares a precios más accesibles. En la capital irlandesa son los inversores con más de 20 propiedades en un ámbito geográfico los que están sujetos a participar en este programa.

Por otro lado, Mendiluce considera que es necesario «producir más suelo y hacer las cosas más simples», asegurando que la clave está en agilizar la gestión urbanística. En este sentido, ha pedido simplificar la burocracia para la tramitación del suelo, para conseguir las aprobaciones en periodos máximos de 90 días.

Para el ejecutivo, esta sería la solución perfecta, frente a la Ley de vivienda, que se centra en topar los precios de los alquileres, lo que desincentiva a los invasores a impulsar promociones. «Se aplicó entre 2020 y 2022 en Cataluña y los resultados fueron todo lo contrario al fin de la ley. Es lo que me sorprende. Tenemos los resultados con el análisis académico, no sé si queremos volver a repetir el desastre», ha concluido.

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