Acciona, en el disparadero: Sumar y ERC piden su inhabilitación para contratos públicos
Acciona aparece en los informes de la UCO por su presunta implicación en el pago de comisiones para adjudicaciones públicas
Informe de la UCO del Caso Koldo. Foto: Economía Digital
Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial que no deja de crecer. Sumar y Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) han exigido a Pedro Sánchez que inhabilite a la compañía de futuras licitaciones públicas tras conocerse un informe de la UCO que la vincula con el presunto pago de comisiones ilegales para lograr adjudicaciones de obra pública.
El caso, que se desprende de la investigación del conocido como caso Cerdán, ha puesto en cuestión la limpieza de las contrataciones públicas en varias comunidades autónomas.
El informe de la UCO, hecho público la semana pasada, señala que altos cargos de Acciona habrían ofrecido sobornos en el marco de procesos de licitación, un extremo que ha hecho saltar las alarmas en la esfera política. Aunque la empresa ha reaccionado con rapidez y ha apartado de su cargo al director de su área de Construcción, Justo Vicente Pelegrini, que aparecía en el informe.
Sumar, a través del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido contundencia: «Ninguna empresa está por encima de la ley. Quien incumpla, lo va a pagar«. La coalición ha dejado claro que no tolerará prácticas corruptas en la relación entre el sector privado y las instituciones, y que perseguirá la exclusión de cualquier compañía salpicada de estos escándalos del ámbito público.
En el mismo sentido se ha pronunciado ERC, con la voz de Gabriel Rufián alzándose en el Congreso para reclamar «inhabilitaciones de por vida para quien corrompa«, apuntando directamente a las «corruptoras», término con el que alude a las grandes constructoras involucradas en prácticas irregulares.
En Andalucía, Adelante ha dado un paso más y ha solicitado que la Junta rompa toda relación contractual con Acciona. La diputada Begoña Iza ha pedido además un informe detallado sobre todos los contratos activos que mantiene el Ejecutivo autonómico con la compañía y otras empresas investigadas. «Tenemos que levantar un cortafuegos para que esto no vuelva a ocurrir«, ha declarado.
La diputada andaluza ha ironizado sobre la familia Entrecanales, propietaria de Acciona, al recordar que es una de las más acaudaladas del país: «¿Enriquecerse honestamente? Parece que algunos solo saben hacerlo con comisiones y favores». Además, ha insistido en que la destitución de un directivo no basta: «Lo que hace falta es dejar de contratar con empresas que arrastran un historial criminal de corrupción«.
Las formaciones que impulsan estas peticiones aseguran que no cesarán hasta que se depuren responsabilidades y se impongan medidas efectivas para evitar que escándalos como este se repitan. La presión política va en aumento, y el caso amenaza con abrir un nuevo frente para el Ejecutivo, obligado a posicionarse ante una demanda de tolerancia cero con la corrupción empresarial.
Acciona, nexo con el caso Cerdán
Una nota en el móvil de Koldo García, descubierta por la UCO, revela una reunión de julio de 2018 con José Manuel Entrecanales y Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras. El 22 de enero de 2019, Koldo anotó: «Acciona con Avintia 70 a 30 como mínimo… hablé con Entrecanales», reflejando una conversación con el presidente sobre un futuro contrato.
El informe de la UCO destaca que Acciona Construcción, junto a Avintia, formó una UTE ganadora de la remodelación de la Estación Internacional de Canfranc por 38 millones, frente a un presupuesto inicial de 26,9.
Acciona ha respondido con un comunicado en el que expresa «total desconocimiento» y anuncia investigaciones internas. La UCO, sin embargo, ha pedido al Tribunal Supremo que requiera toda la documentación de Acciona Construcción en Navarra y La Rioja durante 2018‑2021, ante indicios de reparto previo a licitaciones con testigos documentales.