Sexta condena consecutiva de EEUU a España por los recortes a las renovables: deberá pagar 290 millones a NextEra
Un tribunal del país norteamericano falla nuevamente contra España, que acumula laudos por 1.500 millones
Los tribunales internacionales acumulan numerosos fallos contra España por la retirada de las primas a las renovables
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España sigue sumando sentencias condenatorias en laudos internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. La justicia de Estados Unidos ha fallado nuevamente contra el Estado español, que deberá abonar 290,6 millones de euros a la empresa norteamericana NextEra Energy.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros, más intereses y costas, a favor de NextEra Energy, que había invertido 750 millones en proyectos solares en España antes de que el Gobierno de Rajoy eliminara los incentivos que motivaron esas inversiones.
En su fallo, la jueza Tanya S. Chutkan destaca que los laudos del CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, deben recibir en EEUU “la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia definitiva de un tribunal estatal”, rechazando así los intentos de España de cuestionar nuevamente la jurisdicción del tribunal arbitral.
Según el criterio de la magistrada, España no puede “reciclar un argumento jurisdiccional perdido que el CIADI ya consideró y rechazó”. Confirma así que el laudo es plenamente ejecutable en Estados Unidos y que las alegaciones presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez carecen de validez jurídica.
La jueza también descarta la defensa de España basada en la doctrina de la “inmunidad soberana”, recordando que cada tribunal del distrito que se ha pronunciado sobre este argumento ya la ha rechazado.
De este modo, el tribunal estadounidense considera que es inaplicable en el caso de la ejecución de laudos vinculantes del CIADI que siguen pendientes de pago, como es el caso de NextEra y de las demás 25 empresas que están afectadas por los incumplimientos.
Seis laudos de 644 millones por los recortes a las renovables
Este nuevo revés judicial es el sexto consecutivo, que se suma a las decisiones judiciales conocidas recientemente sobre los laudos de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones) e Infrared (35 millones) en los que los tribunales estadounidenses fallaron contra España.
Sumando estas obligaciones a los 290,6 millones del caso NextEra, la justicia del país norteamericano ha reconocido en cascada un total de seis laudos valorados en 644,4 millones.
En paralelo, la ofensiva judicial de los inversores también avanza en Australia. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de ese país dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales de las renovables por un importe total de 469 millones de euros contra el Reino de España.
El juez Stewart rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y avaló íntegramente las reclamaciones de los demandantes, que incluyen a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra.
La resolución impone además costas procesales a España e incluso a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada. Todo ello refuerza la posibilidad de perseguir el embargo de activos españoles en territorio australiano, circunstancia que también resulta ahora mucho más factible en Estados Unidos.
Cabe destacar que España acumula también embargos de 200 millones de euros ordenados por la justicia belga en relación a los impagos por las primas a las renovables.
Así, en el caso Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, la justicia belga confirmó recientemente a los acreedores el monto embargado a España, tras la decisión judicial comunicada el pasado mes de julio.
Los acreedores comunicaron que esperaban aflorar al menos 80 millones por esta vía, si bien la cifra total que finalmente ha sido bloqueada en el país asciende a 207,3 millones. Del monto total, 197,3 millones se corresponden con los pagos que esperaba recibir Enaire, siendo los 10 millones restantes otras obligaciones menores.
Sumando todos los casos, España acumula 26 laudos pendientes de pago, con sentencias que imponen el pago de 1.492 millones de euros en concepto de indemnización. Cifra a la que hay que sumar otros 393 millones derivados de la acumulación de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.
Con todo ello, las empresas afectadas insisten en pedir un acuerdo negociado al gobierno que ponga fin a la litigiosidad y acabe con una situación que «golpea directamente la credibilidad de España a nivel mundial».
En esta línea, los acreedores consideran que el Gobierno de España debería evitar más conflictos y sentencias condenatorias siguiendo el ejemplo del caso de la empresa japonesa JGC, con quien llegó a un acuerdo para zanjar la deuda.
