El abogado Jordi Pina, durante una de sus intervenciones en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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A medida que arrecian los testigos de la acusación, las defensas insisten en actuar con vistas a los medios y a Estrasburgo y tensan su pulso con Marchena

Barcelona, 24 de marzo de 2019 (04:55 CET)

“Cuando ha hablado de violencia inusitada, muestras de odio y de desprecio, ¿se estaba refiriendo también a golpes dados con la defensa reglamentaria en la cabeza y la cara de ciudadanos con las manos levantadas gritando ‘somos gente de paz’?”

Fue el jueves, en el Tribunal Supremo. La pregunta se la lanzó a bocajarro el abogado Jordi Pina al teniente de la Guardia Civil que acababa de relatar los problemas que su unidad tuvo cuando el 1-O acudió al instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, donde, según él, lo que vivió no lo había visto en toda su carrera y no se le va a olvidar nunca. “Y eso que he estado en sitios que no quiero ni nombrar”, remató.

Como viene siendo habitual, a Pina, letrado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, le echó el freno el presidente del tribunal, Manuel Marchena. “Letrado, sabe usted que no… Le está preguntando algo que no está dirigido al debate jurídico. Y lo sabe perfectamente”.

Claro que lo sabe. El episodio refleja el pulso que los defensores plantean a los declarantes y al propio Marchena cuando arrecian los testigos de la fiscalía que socavan dos de las tesis medulares de las defensas: que no había ningún plan en serio para declarar la independencia y que en septiembre y octubre de 2017, aquellos meses críticos del procés, todo fueron movilizaciones escrupulosamente pacíficas y familiares.

Proceso judicial y relato mediático

Esa pugna epitomiza, además, la tensión entre los códigos de un proceso judicial y los del relato mediático. Porque, como el periodismo, los tribunales requieren de la comparecencia de todas las partes implicadas en un conflicto para hilvanar sus relatos de los hechos, que en su caso no son crónicas, sino sentencias.

Pero las sentencias no se redactan hasta el final, a diferencia de las narraciones con las que los medios dan cuenta en tiempo real un juicio retransmitido además en directo. Y en esos relatos inmediatos de lo que sucede a diario en la Sala de Plenos del Supremo, las jornadas en las que solo comparecen guardias civiles, su versión resulta hegemónica.

A los abogados no debería de preocuparles demasiado, si se rigieran por los códigos de ese “debate jurídico” apuntado por Marchena. Pero las defensas dejaron claro desde el principio que, salvo excepciones, su prioridad, tanto o más que las absoluciones, es aquello que dice Quim Torra de "atacar al Estado". Así que ya puede recomendarles Marchena que se esfuercen por convencer “al tribunal, no a la galería”, que es de eso, de dar la batalla por el relato mediático tanto o más que por el jurídico, de lo que se trata.

La excepción sigue siendo el abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, desmarcado de la tesis de la “defensa política” y que se centra en que cada testigo que desfila por la sala deje claro que ni le consta que los Mossos se negaran a cumplir ninguna orden ni tampoco ninguna consigna política de su defendido, exconseller de Interior, a la policía catalana.

La batalla de los vídeos

Los demás abundan en los excesos policiales del 1-O, que no son objeto de enjuciamiento en el Supremo, sino en otras causas abiertas en diferentes juzgados catalanes y en los supuestos defectos de forma de registros y detenciones, además de intentar desacreditar los relatos de los agentes, por lo que insisten en una batalla perdida: la de los vídeos.

Entienden los abogados que el abundante material audiovisual existente sobre el 1-O y sobre las protestas contra el despliegue policial del 20 de septiembre de 2017 desmentirían las versiones de los guardias civiles que hablan de tensión, violencia y del pánico de los secretarios judiciales encargados de aquellos registros. Pero Marchena no cede: los vídeos se verán cuando toque, que, a juicio del tribunal, es cuando, acabados los interrogatorios a los más de 500 testigos citados, se revisen las pruebas documentales. 

A efectos procesales, al tribunal le bastará con cotejar entonces las imágenes con los testimonios orales. Pero a efectos mediáticos, los abogados preferirían desacreditar a los testigos de la acusación antes de que abandonen la sala. En algún caso lo han conseguido. En otros, Marchena ha tenido que frenar su ímpetu. ¡Esto no es un careo entre usted y el testigo!", le reprochaba también el jueves el juez a Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart. "¡No riña al testigo!", conminaba poco después a Pina. 

De la imposibilidad de recurrir a los vídeos en la fase testifical han hecho casus belli las defensas, que hacen constar su protesta por no poder exhibirlos a cada ocasión, y que, además, han empezado a quejarse por escrito.

El martes, con las defensas especialmente incómodas, Marchena también hizo referencia a esa circunstancia y las acusó de querer llevar a cabo "una especie de juicio paralelo por escrito". Aunque, en realidad, son dos: el mediático, en el que la auencia de imágenes en la sala es compensada por su difusión en las redes, y la causa que, a base de acumular protestas —verbales o escritas—, se está armando con la mirada puesta no en el Supremo, sino en Estrasburgo.

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