Los abogados de los acusados, en una de las sesiones en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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Los abogados de los líderes independentistas insisten en cuestionar el operativo contra el referéndum, pese a que no es lo que se juzga en el TS

Barcelona, 10 de marzo de 2019 (04:55 CET)

“No vamos al juicio a defendernos. Vamos a acusar al estado”. A esa consigna, repetida cual letanía por el president Quim Torra a cada ocasión que se le presenta, se ha abonado el independentismo, y a ella se han ceñido también a menudo las defensas de los acusados a lo largo y ancho de las cuatro semanas que hace ya que la causa del procés se dirime en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo.

Y, en esa línea de actuación, está destacando sobremanera la insistencia de los defensores en tratar de convertir el proceso en un juicio al controvertido despliegue policial del 1-O, saldado con violentos enfrentamientos y un rosario de durísimas imágenes que, una vez vistas, no se olvidan fácilmente.

Las referencias críticas a las cargas policiales se hanmultiplicado esta semana en la que el guión seguido por la mayoría de testigos que han desfilado por el Supremo se ha centrado en alimentar la tesis de la rebelión y en cuestionar la actitud de la policía catalana y las órdenes que seguía tanto el 1-O como los días previos a esa fecha clave.

Podría pensarse que se trata de una digresión de manual, porque no es al Gobierno y a los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a quien se juzga por las decisiones tomadas ese día, sino a los líderes independentistas. Pero incidir en el cuestionamiento del operativo policial responde a una doble finalidad.

Gasolina electoral

En primer lugar, sirve a la causa del juicio mediático, el que se despacha en las redes, y a la de la propaganda independentista consagrada a convertir el proceso en el Supremo, si no en aquel nuevo momentum republicano del que hablaba Torra, sí al menos en gasolina electoral.

Y además, opera como contraste justificatorio de la actitud pasiva de los Mossos a la hora de tratar de cumplir las órdenes judiciales de impedir el referéndum, que sí es objeto de escrutinio por parte del tribunal en tanto que era responsabilidad del conseller de Interior Joaquim Forn en particular y del govern de Carles Puigdemont en general. 

Otra cosa es si esa línea de defensa trazada como si lo que contara fuera un buen ataque le está funcionando a los abogados. Porque, para empezar, las preguntas lanzadas en ese sentido al exnúmero dos de Interior, José Antonio Nieto; el coordinador policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, o los mandos ese día de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, han topado con los conocimientos de primera mano de los propios testigos, que, además de insistir en la "proporcionalidad" que según ellos guió la actuación policial, han subrayado la naturaleza violenta de la resistencia con la que se encontraron.

Bronca de Marchena

Además, los letrados también han encontrado un muro en el mismo presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha aumentado su intervencionismo para tratar de evitar que los interrogatorios deriven hacia el terreno del alegato político o traten de arrancar de los testigos valoraciones personales u otro tipo de consideraciones que poco o nada aportan en términos procesales.

Marchena permitió de entrada el visionado de algún vídeo de las cargas policiales, pero luego impidió seguir por ese camino: las imágenes se verán cuando toque revisar las pruebas documentales, alegó, no durante la fase testifical. Y durante la declaración de Pérez de los Cobos, el juez, cuyos toques de atención a los abogados han ido a más, protagonizó el que tal vez haya sido el enfrentamiento más  duro mantenido hasta ahora con uno de los defensores.

El juez abroncó a Jordi Pina —abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull— después de que este acusara de mentir al testigo, que había defendido que, técnicamente hablando, el 1-O no hubo cargas policiales. De los Cobos afirmó que las cargas se efectúan “para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio”, y que el uso de la fuerza aplicado ese día no respondía a esa definición; Pina le advirtió que podía estar cometiendo perjurio y Marchena cortó por los sano abroncando al abogado, al que reprochó tener una actitud “impropia de su trayectoria”.

Tiros en el pie, y por la culata

A veces no ha hecho falta la intervención del juez para que algunos tiros le hayan salido a las defensas por la culata. O que hayan sido, directamente, tiros en el pie, como cuando el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, aseguró que De los Cobos había declarado en la fase de instrucción que el mantenimiento del orden estaba por encima de la convivencia. El testigo lo negó, y el letrado pidió la reproducción del audio de  aquella declaración, para su propio bochorno: el coronel no hablaba del “mantenimiento del orden”, sino de “la ley”.

Lo más visto han sido preguntas argumentativas, algunas de las cuales se han vuelto en contra de las defensas. Le pasó abogado de Forn, Javier Melero, tal vez el interrogador más eficaz, cuando le preguntó al mismo De los Cobos si las seis detenciones efectuadas el 1-O son un saldo que pueda justificar que hubo una resistencia violenta a la acción policial. El objetivo, replicó el testigo, era retirar el material electoral e impedir el referéndum, no efectuar detenciones que lo que habrían hecho es aumentar la tensión.

Algo parecido ha sucedido cuando los letrados han preguntado a los responsables policiales por la cifra de mandos de Policía Nacional y Guardia Civil procesados en diferentes juzgados por alguna de las más de 120 intervenciones que efectuaron ambos cuerpos ese día.

Trapote precisó que le constaban 50 procedimientos contra agentes de la Policía Nacional, pero añadó que 17 de ellos se habían saldado con sobreseimientos provisionales, y otros cuatro, con sentencias absolutorias firmes. Y De los Cobos dijo que, entre causas abiertas contra policías y guardias civiles, tenía noticia de “más de un centenar de sobreseimientos y ninguna condena”. Porque el operativo policial sí es objeto de enjuiciamiento, pero en distintos juzgados, no en el Supremo, por más que las defensas, que a veces parecen tan atentas o más al juicio mediático y las sentencias que emiten las redes sociales que al propio proceso penal, se empeñen en escenificar lo contrario.

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